Son centenares de campesinos del sur peruano, principalmente aymaras, que con piedras, alambres de púa, palos y vidrios rotos decidieron iniciar el bloqueo de caminos en rechazo a un proyecto argentífero de la empresa canadiense Bear Creek por considerar que atentará contra sus fuentes de agua, el río Desaguadero y el propio Lago Titicaca que es compartido con Bolivia.

Los campesinos peruanos señalaron su decisión de mantener la medida de protesta contra la explotación minera y conformaron piquetes que se van turnando para garantizar que ningún bus, camión o automóvil pueda transitar. Esto generó pérdidas que van desde los 750 mil dólares, pero nadie se refiere a las pérdidas que significará la explotación minera.

"La demanda que tenemos es el cese y la cancelación definitiva de la concesión minera del proyecto Santa Ana que está dentro de los 30 kilómetros de la frontera", dijo a la AFP Walter Aduviri, presidente del cívico Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la región Puno.

Explicó que se trata de una región agropecuaria donde producen papa y quinua, además que tienen ganado vacuno y alpacas. "El gobierno de Alan García quiere otro Bagua", dice Aduviri, recordando un conflicto similar registrado a mediados de 2009 en la Amazonía peruana que terminó con choques que dejaron un saldo de 24 policías y 10 nativos muertos.

Según La Razón, el alcalde de Desaguadero, Lucio Flores, dijo que los conductores bolivianos se informaron de que el conflicto se agravará en los próximos días. El corte de rutas se extendió desde los pasos por el puente internacional en Desaguadero hasta las carreteras de Ilave, Juli y Yunguyo.

Flores agregó que los transportistas demandaron además a la Cancillería y a la Embajada de Bolivia en Perú que envíen personeros al lugar del conflicto para que realicen acciones que permitan solucionar el problema y continuar el viaje.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que las inversiones totales en minería en el Perú subieron a 1,133 millones de dólares entre enero y marzo de 2011, lo que implicó un aumento de un 51 por ciento con relación a similar periodo del año pasado cuando se tuvieron 752 millones 252,375 dólares.

Según el Boletín Mensual de Minería del MEM, sólo 20 empresas mineras invirtieron el 80.3 por ciento de los 1,133. 826,158 dólares registrados en el primer trimestre del 2011, mientras que las otras invirtieron el 19.7 por ciento.

Este incremento de las inversiones confirman los temores que tienen no solamente los campesinos, sino también los indígenas de la Amazonía donde la irracional explotación minera está convirtiendo al lugar en un desierto.

Recientemente las Naciones Unidas recibieron una nueva advertencia sobre el impacto negativo de las industrias extractivas de minerales en América Latina sobre la vida de los pueblos indígenas de esa región. El aviso fue reiterado por el mexicano Saúl Vicente Vázquez, miembro del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU durante los debates que ese órgano celebró en la sede de la organización mundial en Nueva York.

Esas corporaciones ejecutan proyectos que no tienen en cuenta los intereses de los pueblos originarios radicados en las tierras en que operan, explicó el dirigente en conferencia de prensa. Y cuando esos conglomerados reclaman sus derechos y exigen ser consultados para otorgar su consentimiento sufren "la criminalización de la protesta social".

Nos preocupa la situación, pues a pesar de la admisión de nuestros pueblos en la legislación, siguen vigentes la marginación, la pobreza, la expropiación y el despojo de nuestras tierras y recursos naturales, aseveró. Vázquez manifestó que la actual sesión del Foro Permanente debe producir recomendaciones dirigidas a las diferentes agencias de la ONU y los Estados miembros "para que mejoren el entendimiento con nuestros pueblos indígenas".

En abril pasado la violencia retornó al Perú cuando se organizó una protesta precisamente contra la explotación minera que dejó tres muertos en la cercana región de Arequipa. Ante semejante movilización que hizo recuerdo a lo que ocurrió en Bagua el gobierno peruano terminó echando atrás un proyecto de la minera Southern, del Grupo México.

"Al gobierno de Perú le gustan los muertos, que se quemen instituciones, eso le gusta", dijo Aduviri. En respuesta el presidente Alan García señaló que "estos desórdenes tienen como objetivo poner a la sociedad, y en este caso a Bolivia, contra la pared con una pistola en la cabeza; ‘dame lo que quiero o sigo bloqueando’”.

En Desaguadero, una población de 20.000 habitantes que se extiende a los dos lados de la frontera, del lado peruano se ven alambres de púas, fierros y calaminas de plástico para suspender todo tráfico vehicular. Ni siquiera es posible el tránsito a pie.

Pero a la par que se incrementan las inversiones en el rubro de la minería gran parte de la población sigue viviendo en la pobreza. Se calcula que en el Perú existen aproximadamente 250 minas activas que representa para los pobladores donde trabajan contaminación de recursos importantes como el agua y el suelo por el uso de sustancias tóxicas, problemas sociales por el uso conflictivo de la tierra y del agua y por el no respetar los derechos básicos por parte del Estado y de las empresas mineras.