Desde 1953 hasta 1993, cuando se interviene el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria, se dotaron gratuitamente 57 millones de hectáreas a nivel. Nosotros estamos ya en 55 millones de hectáreas en 14 años, casi lo mismo que se ha hecho en 40 años; y, con seguridad, con mayor calidad técnica y resolviendo los problemas legales de sobreposición y de ilegalidad que había en el periodo anterior, comentó Rojas.
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Esto de por sí ya muestra que es un avance muy importante comparando con lo que hizo el Estado en el pasado. El contexto social vinculado a la problemática agraria sigue con conflictos que son, digamos, permanentes, pero hemos pasado la mitad del camino. Para nosotros esto es importante porque es una señal de que el proceso ya no tiene retorno, sino que debería más bien consolidarse antes que a alguien se le ocurra retroceder.
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P. ¿Cuáles son los resultados más importantes de su gestión?
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R. El haber titulado la primera demanda donde se ha aplicado el saneamiento que es la TCO Wenayek, un pueblo indígena de pescadores que vive a orillas del río Pilcomayo, que inició su proceso de saneamiento aún sin existir reglamento ni normativa ni nada. Se han tardado casi como 12 años para que nosotros, habiendo hecho incluso una suerte de reconstrucción de todos los procedimientos y adecuándolos a nuestra normativa, les entreguemos los primeros títulos de su tierra.
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También es destacable que hayamos entregado títulos a muchos campesinos que vivían por años y años en sus tierras y nunca se les había dotado de título, ni siquiera por el ex Consejo de Reforma Agraria.
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Además, se han podido hacer cosas que antes no se hacían, aunque estaban en la Ley, por ejemplo la identificación de tierras fiscales. No es que antes no habían tierras fiscales sino que éstas desaparecían en el proceso, apareciendo luego como propiedades individuales; nosotros hemos identificado hasta finales de 2010 alrededor de 21 millones de hectáreas de tierra fiscal que vuelven a dominio del Estado, y de las cuales una parte tiene la posibilidad de ser dotada y distribuida entre quienes no tienen tierra.
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Los anteriores gobiernos identificaron alrededor 108 mil hectáreas, es decir que los 21 millones de hectáreas de TF prácticamente las hemos identificado en el gobierno de Evo Morales. Este es un avance importante.
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Otro logro fue haber concluido el saneamiento del departamento de Pando de 6 millones de hectáreas, que es la muestra del establecimiento de un espacio de conciliación para la resolución de conflictos con los distintos actores que conviven en el departamento y que han permitido un avance digamos adecuado a la realidad de Pando.
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P. ¿En qué departamentos avanzó más el proceso de saneamiento?
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R. La mayor superficie está en el departamento de Santa Cruz con 5 millones de hectáreas, que está permitiendo con eso cubrir 21 millones de hectáreas del departamento más grande de éste país, que tiene 37 millones de hectáreas. Hemos entrado en la Chiquitanía que no habíamos intervenido mayormente; hemos tenido un avance muy importante en los valles; estamos cerrando prácticamente varias de provincias, quedando Vallegrande. Estamos consolidando lo que es el norte integrado y también el Chaco y la Chiquitanía.
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El segundo departamento es Potosí con 4 millones de hectáreas; aquí están dos TCOs que son la mayor superficie, la TCO de Sucre y la de Nor Lípez, una de ellas es de ayllus, es decir TCO originaria, y la otra es de la organización campesina, lo que nos ha permitido prácticamente cerrar el sudoeste potosino.
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Hemos avanzado en Beni con 2,2 millones de hectáreas en todo el departamento y esto nos está permitiendo casi cerrar las provincias Ballivian y Vaca Diez. Con esto estamos cubriendo casi el 95% de la demanda de TCOs indígenas en Beni. Beni tiene la mayor cantidad de pueblos indígenas, 16 de los 32, y calculamos que por lo menos el 60 ó 70% de la demanda campesina y de comunidades interculturales. Lo que resta es básicamente propiedad individual.
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En Beni y en los otros departamentos hemos tenido avances importantes que están permitiendo consolidar la propiedad de la tierra en lo que son pequeñas propiedades de productores campesinos que producen alimentos para las principales ciudades de cada departamento.
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En el caso del norte de La Paz estamos prácticamente cerrando la provincia Abel Iturralde, que es la más grande del departamento de 12 millones de hectáreas, lo que permitirá al departamento y al país emprender proyectos de desarrollo.
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P. ¿Cuántos predios se han revertido por incumplimiento de la función económica social?
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R. De una superficie total de 10 millones de hectáreas en manos de medianas propiedades y empresas agropecuarias que se intervinieron hasta 2009, se recortaron 4 millones de hectáreas porque no cumplían la función económica y social o porque cometieron fraudes agrarios (ilegalidad de la documentación e ilegalidad de la posesión).
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En extensión las más importantes son las de Pando, donde las barracas, que son las que tienen la actividad de la recolección de la castaña con productores tradicionales de hace muchos años atrás, ocupaban de hecho, sin tener ningún respaldo legal grandes extensiones de tierra. Ellos pretendían que el Estado les reconozca cerca de 3 millones de hectáreas, sin embargo el Estado les ha reconocido en derecho propietario no más de 18 mil hectáreas aproximadamente.
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P. Los privados y las barracas tienen 18 mil en propiedad individual; ¿cuánto tienen en concesión?
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R. Hasta el momento la ABT no ha emitido ninguna cifra… nosotros hemos certificado en una superficie cercana a las 700 mil hectáreas para lo que es el derecho expectaticio y la ABT, hasta donde nosotros sabemos, no ha emitido ninguna resolución concesionando las áreas todavía. Entonces no hay una definición en ese sentido que es de la autoridad competente.
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P ¿Qué otras reversiones significativas se concretaron en esta gestión de gobierno?
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R. Las más importantes que son únicas en la historia agraria del país son las reversiones de haciendas por la existencia de relaciones servidumbrales, en el Chaco boliviano, en Alto Parapetí. En aplicación de la normativa agraria se revirtieron cinco unidades productivas donde se han identificado relaciones servidumbrales y predios que no cumplían la función económica y social. Los ex propietarios no tienen ya derecho sobre ninguna superficie en éstas unidades productivas.
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También hemos logrado revertir varios predios que no cumplían FES y logramos consolidar algunas cosas que estaban pendientes como la demanda de la TCO Alto Parapetí. Un fallo del Tribunal Agrario Nacional nos permitió desalojar a los antiguos propietarios Larsen y Chávez.
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Son 35 mil hectáreas en las cinco unidades productivas, esto es algo que no se hizo ni siquiera en la Reforma Agraria de 1953 con los campesinos movilizados y armados; se lo ha hecho ahora, en este proceso. Y eso tiene que aplicarse allá donde existan indicios de relaciones servidumbrales o donde existan denuncias por este motivo.
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P. ¿Identificaron otros casos de servidumbre?
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R. Existe un informe del Defensor del Pueblo en el departamento del Beni, nosotros estamos aplicando los instrumentos que corresponden para verificar si evidentemente existen este tipo de relaciones.
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Pero además existen otros casos como el de una ex propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada que igual ha sido revertida a favor de una comunidad afroboliviana y de una comunidad aymara.
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El año pasado hemos verificado que en un predio de 2000 hectáreas aproximadamente titulado hace más de dos años en Santa Cruz cerca de la frontera con el departamento del Beni. Estaba dedicando el 100% de la superficie a la actividad agrícola con algunos capitales incluso extranjeros, hemos revertido la totalidad del predio porque estaban haciendo actividad productiva agrícola en un predio donde el PLUS establece que es área de protección. Es decir había un incumplimiento de la vocación de uso del suelo establecida por los instrumentos correspondientes.
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En 2009, el INRA revirtió 2 mil hectáreas de tierras a la diputada de Convergencia Nacional (CN) Adriana Gil Moreno y a su hermana Paola, debido a que el predio no cumplía con la FES y se encontraba en una reserva forestal. Se demostró que más de 13 mil hectáreas de tierras en la zona de Guarayos no cumplían la FES y estaban poseídas ilegalmente por algunos empresarios y comunarios.
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LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
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La reforma agraria del MNR dotó 57 millones de hectáreas, de la cuales cerca de 36 millones de hectáreas eran para mediana propiedad y empresa agropecuaria, el resto para los otros tipos de propiedad. Era notable la distribución inequitativa de la tierra con las consabidas injusticias, inequidades y reclamos.
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P. ¿Cuánta tierra cambio de manos y se redistribuyó?
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R. Cerca de 4 millones de hectáreas recortadas a medianas y grandes propiedades se redistribuyeron a favor de campesinos e indígenas. Este es un resultado importante en este proceso de modificar la estructura de la tenencia de la tierra. En Pando, las comunidades campesinas reconocidas con título por el Estado boliviano no pasaban de 42 mil hectáreas. Después del proceso de saneamiento y el proceso de reversión en Pando, las comunidades campesinas tienen más de dos millones de hectáreas en el departamento. Esta es la dimensión de este proceso que permite esta modificación de la estructura de la tenencia de la tierra.
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P. ¿Cuál es la dimensión actual de las tierras comunitarias?
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R. Antes no se consideraba la propiedad colectiva para todos los indígenas, que son las TCO’s incorporadas a partir de la marcha del 90, reconocidas después en nuestra legislación y después como categoría en los tipos de propiedad agraria a partir de la Ley INRA. En este proceso es la primera vez que el estado boliviano en toda su historia reconoce el derecho propietario a los pueblos indígenas tierras altas y bajas sobre una superficie cercana a las 21 millones de hectáreas.
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Este tipo de propiedad no es exclusivo de los indígenas, ya que de la superficie total por lo menos 3,5 millones son tierras comunitarias de origen de organizaciones campesinas sindicalizadas, y en 2010 hemos incrementado en 3 millones más esta superficie.
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P. ¿Cuánto se tituló a favor de mediana y empresa agropecuaria en los 10 años anteriores y cuánto en éste gobierno?
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R. Es una superficie que ha superado a las de años anteriores, hemos llegado a 4 millones de hectáreas.
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P. ¿Cuánto ha cambiado la estructura de la propiedad de la tierra?
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En este proceso iniciado el año 96 y que se ha profundizado especialmente en los últimos 5 años, el INRA ha saneado y titulado 21 millones de hectáreas de tierra fiscal; 21 millones de hectáreas a favor de TCOs; 6 millones de hectáreas a favor de propiedad comunal que son comunidades campesinas indígenas con título comunitario; 2 millones de hectáreas a favor de pequeña propiedad mayormente campesina; cerca de 2 millones de hectáreas para la mediana propiedad, y 1,8 millones de hectáreas a favor de la empresa agropecuaria. Tenemos una superficie muy pequeña de solar campesino que es un tipo de propiedad que existía antes de la nueva Constitución.
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Como resultado de éste proceso de saneamiento, sin descuidar a ninguno de los sectores, hemos recuperado tierras fiscales para el Estado y hemos distribuido la tierra a favor de sectores mayoritarios de nuestro país que son campesinos, indígenas y originarios.
