En todos sus planes y proyectos de “desarrollo”, la Junta del BM prioriza las ganancias de los inversionistas, menoscaba los derechos las poblaciones locales, minimiza el papel de los gobiernos, y casi nunca considera los costos ambientales.
El Plan de Acción del BM publicado en julio de 2009 hace énfasis en la necesidad de liberalizar al máximo los mercados de venta y arriendo de tierras y fortalecer los derechos de propiedad.
Según el proyecto Servicio de Asesoría para la Inversión Extranjera del Banco en otros países (IAB – investing across borders), el crecimiento económico de un país depende principalmente de las facilidades que otorga a los inversionistas extranjeros interesados en comprar tierras.
Aconsejados por el Banco, varios países en desarrollo modificaron sus leyes agrarias y pusieron a disposición de los inversionistas enormes extensiones de “tierra baldía”. Desde 2008, más de un millón de hectáreas han pasado a manos de inversionistas en Sudán, y cientos de miles de personas fueron desalojadas de sus tierras. “Las compañías extranjeras están llegando en cantidad, quitándole a la gente la tierra que ha sido suya por siglos”, reclaman los indígenas Anuak de Gambella, en Etiopía.
A finales de abril de 2010, el BM y agencias de la ONU publicaron una nota de discusión denominada “Principios para la inversión agrícola responsable con respeto a los derechos, los medios de vida y los recursos”, basada en parte en un estudio del Banco sobre la adquisición de tierras a gran escala.
Entre los principios mencionados por el BM figuran el respeto a los derechos existentes a la tierra y los recursos naturales; el fortalecimiento de la seguridad alimentaria; la transparencia y la rendición de cuentas; la consulta plena; y la generación de impactos sociales y ambientales positivos.
Lo curioso es que el documento del BM no estipula un rol definido del gobierno o de la sociedad civil en el monitoreo de las directrices o normas, y los principios propuestos no son de cumplimiento obligatorio; es decir que dependen de la “voluntad” de los inversionistas preocupados de su propia reputación.
Una coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil integrada por la Vía Campesina, el Instituto de Oakland de Estados Unidos, las ONGs Grain y Amigos de la Tierra Internacional, entre otras instituciones, advirtió que los principios voluntarios para la inversión agrícola lanzados por el Banco Mundial son en realidad una pantalla para promocionar los intereses privados vulnerando los derechos de la población huésped.
Según la coalición social, estos principios “legitimizarían y promoverían el raponazo de la tierra”, una nueva forma de colonialismo que viola el Acuerdo Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
Con información del Proyecto Bretton Woods.
