En la última década los pueblos originarios fueron los menos favorecidos por el llamado “desarrollo”, pese a que algunos gobiernos de la región replantearon sus políticas económicas tomando en cuenta los derechos de los pueblos originarios, y en algunos casos consultaron a las comunidades antes de explotar recursos naturales en sus territorios y negociaron condiciones para disminuir impactos y compensar los daños ambientales.
“Tenemos motivos para celebrar el progreso alcanzado para hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas es también una ocasión para recordar que no podemos conformarnos con ese logro. Las continuas violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en todas las regiones del mundo merecen nuestra máxima atención y acción”, afirmó la alta Comisionada Navi Pillay.
Pillay dijo que aún existe una amplia brecha entre los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la realidad, ya que los indígenas continúan sufriendo discriminación y marginación, extrema pobreza, desplazamiento de sus tierras tradicionales, indiferencia ante sus preocupaciones ambientales y todavía no participan de manera efectiva en la toma de decisiones.
Según Clavero, en el último año “la situación ha empeorado, incluso en los mismos Estados donde ha habido reconocimientos constitucionales importantes”. Atribuyó dicho retroceso a la presión que ejercen las empresas transnacionales dedicadas a la explotación de recursos naturales ignorando los derechos de los pueblos indígenas.
Los políticos de la región se dejaron “encandilar” por la lógica del “desarrollo a ultranza” de las transnacionales extractivistas que degradan el medio ambiente, enfatizó Clavero. Ese es el caso de Perú, uno de los países con más conflictos violentos contra los pueblos originarios, seguido por Argentina, Brasil, Chile y Ecuador.
A Clavero le sorprenden los cambios políticos en sectores de “centro derecha y centro izquierda”, que han empezado a “infravalorar la presencia indígena” y a facilitar el acceso al territorio a las corporaciones extranjeras.
Los Presidentes Rafael Correa, Evo Morales y Hugo Chávez dicen marchar hacia el socialismo del siglo XXI, pero en realidad consolidan una suerte de neo-extractivismo del siglo XXI. Es bastante aventurado hacer más de lo mismo y creer que van a cambiar los resultados simplemente porque ahora ellos están al frente de procesos transformadores, criticó el economista ecuatoriano Alberto Acosta.
Para Pillay es especialmente desconcertante la persecución política y el hostigamiento a organizaciones defensoras de los derechos humanos. El socialismo del siglo XXI vaciado de varios elementos fundacionales como por ejemplo la lucha de clases es un ejercicio bastante retórico, incluso inconsecuente y hasta aberrante, observó Acosta.
Lo que más preocupa es la criminalización de movimientos indígenas que reivindican sus derechos a la autodeterminación territorial y a la consulta previa. Morales y Correa difaman a los “conspiradores financiados por think tank, ONGs y transnacionales de extrema derecha, incluso por agencias de inteligencia”.
