Según Rico, no existen muchos estudios sobre el potencial hidroeléctrico nacional; los datos, recursos financieros, humanos y materiales son insuficientes; se observa discontinuidad institucional y muchas trabas burocráticas.

«Tramitar una ficha ambiental puede demandar cinco años, los estudios de factibilidad demoran de 1 a 3 años, y falta financiamiento, como es el caso de Misicuni que recién obtuvo un crédito para la generación eléctrica que se tramitó desde 1978», dice Rico.

Además, el mercado eléctrico boliviano es muy modesto y subvencionado, el consumo per cápita de energía es el más bajo de la región, hay baja cobertura del servicio y ausencia de interconexiones nacionales.

En criterio de Rico, los proyectos hidroeléctricos pueden mejorar sustancialmente la economía nacional, ampliar y garantizar el acceso de la población a energía abundante e impactar positivamente en las actividades productivas, el empleo y los ingresos.

«La soberanía y la preservación de los recursos hídricos depende de su uso», dice Rico y recomienda «una adecuada planificación y selección óptima de proyectos hidroeléctricos que son intensivos en capital y de largo plazo de maduración». Opina que «el proyecto binacional del Madera debiera ser la primera prioridad del Estado para la exportación hidroeléctrica».

Los proyectos

El Presidente Evo Morales se ha comprometido a hacer realidad una cartera de 13 grandes y medianos proyectos hidroeléctricos, informa el viceministro de Electricidad Miguel Yagüe.

Roberto Peredo de la Gerencia de Negocios y Exportación de la estatal eléctrica explica que el proyecto múltiple de Misicuni cuenta con 101 millones de dólares financiados por el BID para iniciar obras en 2010 y generar 80 MW de potencia.

En 2010 comienzan las obras del proyecto San José, que generará 127 MW con una inversión de 195 millones de dólares. Al año siguiente comenzará el proyecto Miguillas en coordinación con COBEE para generar 255 MW con 325 millones de dólares de inversión.

En 2011 se iniciarán las obras de los proyectos de El Bala (1.600 MW para exportación con una inversión de 2.400 millones de dólares), y Rositas en la provincia Cordillera de Santa Cruz (400 MW y 640 millones de dólares de inversión).

En la agenda gubernamental también están incluidas las microcentrales de La Punta y Santa Anita en Beni y la Central Tahuamanu en Pando, que suministrarían energía eléctrica a Cobija y regiones aledañas, reemplazando la generación eléctrica con diesel.

ENDE también desarrolla proyectos de energía alternativa, como la termoeléctrica con biomasa en Pando; la generación de energía eólica en el Altiplano y la explotación geotérmica en Laguna Colorada en Potosí, que cuenta con apoyo de JICA y una inversión prevista de 320 millones de dólares para generar 100 MW.

Por otro lado, el proyecto hidroeléctrico de Cachuela Esperanza tendrá una capacidad cercana a los 1.000 MW, que duplicará la potencia eléctrica instalada en el país. Contempla la construcción de una presa de 37 metros de altura y una esclusa, una central hidroeléctrica y varios generadores/turbinas. Las obras demorarían de siete a ocho años y demandarían una inversión aproximada de 2.000 millones de dólares.

La consultora canadiense Tecsult, encargada de los estudios de viabilidad de la explotación hidroeléctrica en el río Madera, informó que el proyecto Cachuela Esperanza será viable en términos económicos si se exporta la producción.

El proyecto será rentable con la condición de que se exporte la mayoría de la producción a Brasil. Según los estudios, para que el negocio sea rentable se requiere cobrar 6,5 centavos de dólar por kilovattio hora.

Con estos proyectos, ENDE intenta concretar el slogan gubernamental de que Bolivia pasa «de la nacionalización a la exportación».

Los impactos ambientales y sociales

No hay que mentirle a la gente: cualquier proyecto tiene impactos ambientales y es preciso prever medidas de mitigación, aconseja el representante de Tecsult.

Por ejemplo, los efectos más nocivos del proyecto hidroeléctrico de Cachuela Esperanza en el medio ambiente y la biodiversidad serán la alteración y pérdida de agua y vegetación, la migración de peces y la alteración y pérdida de especies de aves. También se impactará en la economía, hábitat y en la forma de vida de los pobladores de las riberas del Madera.

Los impactos a nivel social serán la reubicación de hogares, la pérdida de tierras agrícolas, perturbaciones en la actividad pesquera, pérdida de bienes patrimoniales y aumento de enfermedades.

El informe de diseño final del proyecto será entregado en diciembre o enero, junto con el estudio de impacto ambiental en Cachuela Esperanza y Riberalta. Ambos estudios son «confidenciales» y ENDE es la única autorizada para difundirlos.

Tecsult aconseja tramitar una cuota de energía en el mercado brasileño como compensación por los previsibles efectos negativos.

Previendo nuevos frentes de conflicto, el gobierno plantea «reglamentar los derechos y obligaciones de las organizaciones territoriales establecidas dentro el marco de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, de manera tal que no perjudiquen los nuevos emprendimientos hidroenergéticos».