Sena (S): ¿Cuál es la importancia de la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y cuáles serán sus principales funciones?
Carlos Romero (C R): Constituye un paso fundamental en la implementación de las autonomías en el país, dado que por un lado va a permitir marcar una ruta muy clara para la construcción de las autonomías indígenas y la autonomía regional. El Estado va establecer la asignación de competencias exclusivas nacionales, concurrentes y compartidas y se definirá los criterios para la construcción progresiva de un pacto fiscal entre las entidades territoriales.
S. ¿Explíquenos los acuerdos competenciales que se lograron en la ley de autonomías?
C R. En esta ley la asignación de competencias será gradual dependiendo de los estatutos autonómicos que serán reconocidos por la constitución, en la carta misma se reconoce un catalogo para las autonomías departamentales, municipales e indígena originaria campesinas. En los hechos, no estamos estableciendo ninguna condición, ningún requisito, ningún procedimiento previo para la transferencia de las competencias exclusivas, las pueden asumir directamente y lo definen en cada estatuto autonómico.
Con relación a las competencias exclusivas nacionales, lo que se ha hecho en esta Ley de Autonomías es avanzar mucho en el sentido de que son competencias que se refieren a determinados sectores tales como desarrollo rural, vivienda, transporte, obras públicas, hábitat, medio ambiente, educación, salud, en fin, la mayoría de estas competencias nacionales han sido establecidas en sus diferentes componentes y asignadas en forma de responsabilidades tanto a nivel central del Estado, como en las autonomías departamentales, municipales e indígenas.
Es muy importante mencionar que algunas competencias quedaron pendientes por su complejidad, como el tema de educación, seguridad ciudadana, o en el caso de las relaciones internacionales, que ha sido derivada a una ley especial.
S. ¿Hasta que punto se puede realizar un pacto fiscal y cuales serian los parámetros para este proceso?
C. R. Evidentemente se planteó la necesidad de un pacto fiscal tanto en los municipios como algunos departamentos, al respecto es necesario hacer algunas aclaraciones. Un pacto fiscal, primero supone una redefinición de todas las fuentes de ingresos fiscales tanto del nivel central del Estado como del conjunto de las autonomías y en este caso las únicas propuestas que se han planteado eran un pacto fiscal dirigido a redistribuir un tercio de los recursos asignados al nivel central del Estado por vía de la coparticipación tributaria para reasignarlos a los departamentos y esa era una propuesta muy sesgada. El pacto fiscal debería tocar todas las fuentes, y no es un proceso fácil, implica muchas reflexiones técnicas y decisiones políticas.
Un primer elemento que hay que tener en cuenta es que la transferencia de recursos del nivel nacional al nivel sub-nacional en nuestro país ha operado progresivamente en los últimos quince años, primero a través de la coparticipación tributaria mediante la Ley de Participación Popular y después a través del IDH que ha asignado recursos y establecido nuevas fuentes de financiación.
S. La oposición y algunos movimientos sociales como la CIDOB solicitaban la garantía de recursos económicos para las autonomías ¿hasta qué punto se garantizan estos recursos y cuáles serán las principales fuentes de los mismos?
C. R. Si nosotros comparamos los ingresos que percibían los departamentos y municipios el año 2004, año que cobra mucha fuerza la demanda autonómica, con relación a la presente gestión del 2010, en proyección nos vamos a dar cuenta que las prefecturas el año 2004 recibían como transferencias del Tesoro un total de 1570 millones de bolivianos y los municipios 2110 millones de bolivianos. En la gestión 2010 las proyecciones señalan que las gobernaciones van a recibir 5657 millones de bolivianos y los municipios 7194 millones de bolivianos, indudablemente hay un crecimiento significativo entre lo que percibían y lo que percibirán en cada gestión.
Un segundo elemento; si la descentralización financiera en Bolivia se ha anticipado a la descentralización competencial, para establecer un pacto fiscal tenemos que, primero, establecer una adecuada correspondencia entre recursos y competencias, en este momento no tenemos todos los elementos necesarios para establecer esta correspondencia, ese es el sistema que técnicamente se denomina de costeo competencial y que forma parte del diseño técnico de cualquier proceso autonómico porque las autonomías no han definido en su estatutos qué competencias van a asumir de ese tope que les reconoce la Constitución. Estos datos nos demuestran que hay en los niveles subnacionales y ahora lo que estamos haciendo es asignar responsabilidades y en un momento dado tendremos que establecer si existe correspondencia plena entre estas responsabilidades y los recursos.
S. Si bien las principales fuentes de financiamiento para las autonomías se generan a partir de las rentas petroleras y mineras ¿no se estaría entrando en un círculo vicioso condenado aún más la explotación de los recursos naturales y en caso que bajen los precios en el mercado internacional, no sería mucho riesgo destinar estos recursos en un mercado inestable?
C. R. No hay que pensar en que se debe supeditar el financiamiento del funcionamiento estatal en su conjunto a los excedentes de las rentas de los recursos naturales porque eso seria tener una visión rentista que no tiene sostenibilidad en el largo plazo y eso afectaría tanto a las autonomías como el nivel central del Estado. Una manera de solucionar este problema es diversificar la economía y apoyar grandes emprendimientos estratégicos porque las fuentes de financiamiento no tienen que ser exclusivamente rentistas sino tiene que explorar iniciativas económicas.
S. Otro de los puntos conflictivos de la ley es el control social, ¿cómo se ejecutará este control y si tendrán algunos límites?
C. R. El control social tiene dos razones esenciales, en primer lugar tiene que haber una ley que defina la participación y control social y este es un tema que tiene que ser desarrollado en la legislación autonómica. La esencia de la autonomía implica en configurar un diseño de autogobierno y mecanismos de control acordes a cada región y cada pueblo, entonces este es un desafío para las autonomías.
S. Los conflictos competenciales tendrán que ser atendidos por el Tribunal Constitucional, sin embargo mientras no tengamos conformado este Tribunal ¿Quién se hará cargo de atender estos conflictos?
C. R. Hubiera sido tal vez más pragmático esperar que las leyes sectoriales definan la distribución competencial de las exclusivas nacionales, pero la ley de autonomías intervine en 20 sectores del nivel nacional para reasignarlos en términos competenciales hacia las autonomías, entonces por un lado esto representa un paso acelerado par la implementación de las autonomías pero por otro lado también intenta ordenar el funcionamiento del Estado intentamos que no haya superposición de legislación y de iniciativas publicas entre el nivel central y las autonomías, finalmente la asignación de competencias se realizará de manera gradual en función de las capacidades establecidas por los estatutos. Es muy probable que se registren conflicto de esta naturaleza, por ejemplo en el caso español en los primeros años de implementación de las autonomías los problemas llegaron a 60 conflictos por año. En nuestro caso el servicio estatal de autonomías deberá funcionar como una instancia de conciliación de conflictos y se pueden resolver los conflictos competenciales antes de ir por la vía del Tribunal Constitucional, otra posibilidad son las leyes de compatibilización.
S. En una conferencia de prensa usted manifestó que el derecho de consulta de los pueblos indígenas no tendrían carácter vinculante, ¿considera usted que se estaría violando los derechos de os indígenas?
C. R. Lo que pasa es que la constitución no le da carácter vinculante, si tendría carácter vinculante sus resultados serian obligatorios para las autoridades involucradas y eso significaría que una comunidad podría vetar las iniciativas del Estado, ahora otro extremo es que la consulta sea simbólica o relativa, por eso este proceso tiene que reflejar una concertación entre las condiciones de intervención del Estado con los pueblos indignas. Este mecanismo no puede ser utilizado como un chantaje para obtener alguna ventaja porque hay un problema en todo esto especialmente las relaciones petroleras ha fingido un proceso de consulta en los años pasados y los ha convertido en un mecanismo clientelar que genera distorsiones y se desnaturaliza.
S. Una de las leyes complementarais es la configuración de la reorganización territorial, ¿cómo se está elaborando esta ley?
C. R. Estamos en una etapa de consultas porque vamos a entrar en un proceso de reorganización territorial, desaparecen los cantones y estos deberían convertirse progresivamente en distritos municipales, es decir tendrían que incorporarse al reordenamiento territorial del municipio, desaparecen las secciones de provincia y aparecen los municipios como unidades territoriales, además aparecen los Territorio Indígenas y las Regiones.
En el tema de los territorios indígenas, tenemos 276, ahora no necesariamente todas estas TCO deberían convertirse en unidades territoriales porque se incrementaría la fragmentación territorial. Aquí tenemos que marcar un camino que articule la viabilidad del desarrollo territorial de estas unidades y establecer las condiciones claras. La L.M.A.D. señala algunas pautas, por ejemplo las regiones que aspiren en convertirse en autonomía regional, primero deberán atravesar una etapa de desarrollo y condiciones claras.
S. Con la aprobación de esta ley, ¿Cuáles serian los principales desafíos y que problemas identifica usted en la aplicación de la misma?
C. R. Hay muchos desafíos que tiene que ver con el proceso de socialización entre los sujetos implicados, trabajar un instrumento normativo después de la constitución y la ley de autonomías que son los estatutos, estos representan verdaderos pactos en cada región y estos estatutos tienen que ser aprobados por 2/3 de votos y esta cantidad no la tiene el oficialismo ni la oposición.
Ahora necesitamos ordenar el funcionamiento de cada autonomía en función de un plan estratégico de desarrollo, desde ese plan estratégico de desarrollo se va a permitir priorizar determinadas políticas a cada autonomía, expresadas en sus Estatutos y que derivan de sus competencias exclusivas. Otro desafío es el de construcción de institucionalidad, esto requiere crear una institucionalidad muy fuerte, muy sólida, muy transparente y muy leal, necesitamos un funcionamiento, un diseño institucional leal, necesitamos lealtad entre las autonomías y el Estado nacional.
