A nivel internacional se habla de compensaciones ambientales, pagos por servicios ambientales, mercados de carbono, productos con sello verde, etcétera. Varias posibilidades aún no exploradas a fondo en el país y que demandan investigación para conocer sus perspectivas con miras a la protección de biodiversidad (agua, plantas medicinales, etcétera), incluidos miles de habitantes de comunidades y pueblos indígenas.

Sergio Eguino, Freddy Campos, Ernesto Aramayo y Limberto Apana desarrollarán la investigación “Análisis de alternativas para el diseño de un sistema de financiamiento y mecanismos financieros para Áreas Protegidas como base de construcción de sostenibilidad financiera: caso Pilón Lajas y Madidi”. El estudio se enmarca en la convocatoria “Sostenibilidad de las Áreas Protegidas en la Cuenca Amazónica de Bolivia”, que está organizada por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) con apoyo financiero de la Embajada del Reino de Dinamarca.

Eguino explicó que se trata de un tema complejo porque implica analizar las alternativas reales para definir sistemas de financiamiento y mecanismos financieros para las Áreas Protegidas.

La Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el Consejo Regional respaldan este estudio cuyo objetivo es aportar a la construcción de la sostenibilidad financiera de estas unidades territoriales, con base en las experiencias y resultados alcanzados hasta el momento.

Una revisión rápida a la problemática mostró que en las Áreas Protegidas se tiene una dinámica de generación de beneficios socio-económicos y culturales para las comunidades, pero que tienen limitaciones al no estar vinculadas directamente con una estructura sostenible. El otro problema es que existe una alta dependencia financiera externa, de entidades públicas o privadas, pues se calcula que en 20 años se ha recibido cerca de 70 millones de dólares de esa fuente.

En síntesis la problemática base es la insuficiencia e insosteniblidad financiera del sistema que dificulta un manejo integrado y la consolidación de planteamientos interesantes, como el de la gestión compartida, gestión de protección, conservación y manejo.

Según Eguino, una investigación para buscar la sostenibilidad financiera debe considerar el mapa de actores, roles y responsabilidades dentro de las áreas protegidas no sólo para ver de dónde sacar el dinero, sino para establecer con exactitud qué servicios ambientales brinda cada reserva.

Eguino expuso los rasgos generales de su proyecto en un coloquio organizado por el PIEB el 5 de julio. El especialista John Gómez destacó la importancia del proyecto, más ahora que existe un marco institucional, constitucional, político y normativo adecuado en el país.

Gómez recomendó, a su vez, una evaluación reflexiva del accionar institucional de las instancias comprometidas con la sostenibilidad de la gestión financiera del sistema; un análisis de los requerimientos de las APs para financiamiento a largo plazo (incluidas las demandas de las comunidades locales); y el estudio de la evaluación y clasificación del gasto.

El público invitado al coloquio de presentación de proyecto también pudo participar de sugerencias y recomendaciones a los investigadores. El biólogo Mario Baudoin propuso que consideren no sólo los ingresos sino además los gastos estratégicos de un sistema de áreas protegidas para tener una mejor perspectiva de su manejo financiero. La representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Cecilia Miranda, planteó la necesidad de concentrarse en definiciones que permitan, a la larga, concretar de mejor manera el nuevo enfoque de gestión de estas unidades territoriales.