La doble calidad de TCO y AP otorga al TIPNIS una característica territorial y jurídica de gran importancia que podría ser el fundamento para la consolidación de otras TCOs.  Significa el reconocimiento del Estado del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas a la posesión de territorios que ocupan tradicionalmente, y de sus vínculos históricos y espirituales con las tierras de origen como espacio de existencia de su cultura y sus valores sociales y religiosos.

El artículo 5 del DS 22610 dispone “fijar una línea roja que evite nuevos asentamientos campesinos colonizadores en los Parques Nacionales, en especial en el Parque Nacional Isiboro-Sécure”, dando cumplimiento al convenio firmado por el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Confederación de Colonizadores el 19 de enero de 1990.

En 1994 se logró el primer acuerdo en el que se delimitaba una superficie de 92 mil hectáreas donde estarían asentados colonos y comunidades indígenas. En octubre de 1996 fue promulgada la Ley 1715 (Ley INRA) que dispone: “Los asentamientos y las ocupaciones de hecho en tierras fiscales producidas con posterioridad a la promulgación de esta ley son ilegales y contravienen sus principios; por tanto, sus autores serán pasibles de desalojo, con intervención de la fuerza pública si fuere necesaria, a requerimiento de la autoridad administrativa o judicial competente”.

A pesar de ese marco legal y de que el TIPNIS cuenta con Título Ejecutorial de Tierras Comunitarias de Origen TCO-NAL-000002 desde el 25 de abril de 1997, entre los años 1991 y 2009 la “línea roja” que marca una superficie de colonización al sur del TIPNIS se ha modificado siete veces.

En la actualidad la mayoría del territorio de la TCO está saneado, a excepción del polígono 7 que corresponde al área de la “línea roja”, que fue objeto de varias modificaciones en los años 1999, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008 y 2009.

En 2007 el área colonizada del TIPNIS alcanzó a 101 mil hectáreas, habitadas por 14 comunidades indígenas y 67 sindicatos cocaleros. La economía y sustento  de las comunidades indígenas del TIPNIS se basan en el aprovechamiento de los recursos naturales: caza, pesca, recolección de frutos del bosque, agricultura y ganadería complementada con la venta de artesanías. La agricultura es la actividad de mayor importancia para los colonos.

La agricultura intensiva practicada por los colonizadores se basa en la práctica de roza, tumba y quema hasta el agotamiento de la parcela para luego migrar a otro espacio. A esto se suma la elevada densidad de la población colona en permanente crecimiento. El agotamiento de los suelos y al crecimiento de la población ha determinado la invasión y cambio de uso de bosques a tierras agrícolas, en gran parte dedicadas a la producción de coca.

La colonización ha significado la desestructuración de la base económica comunitaria. El cambio de uso de suelo de tierras forestales a tierras agrícolas ha restringido las áreas de caza, pesca y recolección de frutos del bosque, en particular para quienes viven en el área colonizada.

En esa zona las familias tienen poco acceso a recursos naturales básicos por la presencia masiva de colonos que han provocado la disminución extrema de animales silvestres, la contaminación de ríos, y la reducción de suelos agrícolas. Este hecho ha incidido en la transformación de la población indígena de la zona en un sector social marginal que se especializa en actividades económicas precarias (venta de mano de obra barata) al servicio a otros sectores (Plan de Manejo del TIPNIS).

La lucha de los pueblos indígenas frente a la amenaza a sus tierras dentro de la línea roja y fuera de ella ha sido permanente, y en la actualidad persisten los avances e invasiones al Parque, que han llegado hasta enfrentamientos entre indígenas y colonos interesados en seguir ampliando la frontera de colonización. Esta intervención avanza hacia el río Ichoa al interior del TIPNIS, inclusive sobrepasando este límite natural, y también hacia la llanura beniana.

La decisión y el impulso del gobierno para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos con el argumento de que constituye un “gran proyecto de desarrollo regional y anhelo de la población” no hicieron más que acrecentar los conflictos sociales al interior del TIPNIS y las tensiones entre los pueblos indígenas y colonos.

La carretera desintegrará un territorio indígena

La carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos que uniría dos poblaciones de los departamentos de Cochabamba y Beni, el “gran proyecto de desarrollo” del gobierno y de la Prefectura de Cochabamba, será la carretera de “penetración” al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y el instrumento de desintegración del territorio indígena y de reducción del Área Protegida.

Los principales impulsores de la carretera fueron siempre han sido los mismos: grupos políticos vinculados a sectores que pretenden acceder a nuevas tierras, ya sea por intereses madereros o petroleros, las Prefecturas de Beni y Cochabamba, los Estados neoliberales del pasado y ahora el gobierno de Evo Morales, primer presidente indígena del Estado Plurinacional de Bolivia.

Los argumentos para promocionar el proyecto también son los mismos: “la integración de las comunidades indígenas aisladas a la economía y a la dinámica social regional”.

Los pueblos indígenas siempre manifestaron su desacuerdo con la construcción de la carretera porque ven que es una amenaza para su territorio. En la actualidad, la VII Marcha Indígena “Por el Territorio, la Autonomía y la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas” que se dirige a la ciudad de La Paz desde Trinidad, impugna la construcción de esa vía.

La construcción de la carretera ha sido planificada en tres partes y se ha fraccionado la realización del EIA y la consulta pública en tramos, sin la presencia de las organizaciones indígenas y evitando en lo posible la intervención de los pueblos del TIPNIS. Esa ha sido la estrategia utilizada para llevar adelante el proyecto en la zona colonizadora de mayor influencia de las federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba que ansían la carretera de penetración.

Los pueblos indígenas son conscientes de que la construcción de la vía tendrá efectos devastadores sobre la TCO y AP y han rechazado la consulta por tramos, pues el proyecto en su conjunto y cada uno de los tramos atravesarían su territorio.

El primer tramo que va desde Villa Tunari a Isinuta cuenta con un camino empedrado que se pretende ampliar y mejorar dándole las condiciones de carretera de dos carriles. La apertura del camino fue el inicio de otras sendas y rutas de penetración que han permitido la intervención de nuevas áreas boscosas dentro del límite de la “línea roja” y hasta la han rebasado.

El tramo Villa Tunari – Isinuta cuenta con Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, pero no con Licencia Ambiental. Incluye la construcción del puente de 170 m. de longitud sobre el río Isinota, y otros 12 puentes ya construidos.

La empresa brasileña OAS Ltda., contratada para realizar los estudios y construir todo el proyecto, el 24 de septiembre de 2009 hizo una irregular consulta pública del primer tramo en la población de Villa Tunari.

Es intensa la presión del gobierno, de los colonizadores y de la empresa constructora para que los pueblos indígenas acepten sólo el primer tramo. Para ello se manejan argumentos como que la carretera pasará por “zona colonizada”, dando a entender que la línea roja marcaría un nuevo límite para la TCO y que el proyecto en este primer tramo constituye sólo la ampliación y mejoramiento de un trazo ya existente.

Pero estos discursos son insostenibles. En primer lugar, los colonizadores asentados en tierras indígenas y fiscales del primer tramo deberían ser desalojados, en cumplimiento de la Ley INRA promulgada en 1996. En segundo lugar, la construcción del puente sobre el río Isinuta dará vía libre a la penetración y ocupación irregular de regiones que van más allá de la “línea roja”, además de facilitar el ansiado avance de la colonización hacia el río Ichoa.

El río Ichoa es afluente del río Isiboro, el más importante del Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure, que junto al río Sécure, que también pasa por el TIPNIS, son los afluentes más importantes del río Mamoré de la cuenca amazónica.

El río Ichoa surca el TIPNIS por su parte central y recibe varios afluentes menores. Los ríos Isiboro e Ichoa tienen una intensa dinámica de erosión y deposición de sedimentos, constituyendo ríos meándricos con cambios continuos de cauce. Estos ríos son las vías de transporte y comunicación de los pueblos del TIPNIS, y en sus riberas también se asientan comunidades indígenas conocedoras de los procesos hidrológicos de los ríos.

El largo cauce del río Ichoa es también el límite que divide a la zona núcleo del TIPNIS en dos sectores separados, la Zona de Manejo Tradicional y la Zona de Aprovechamiento de los recursos. La Zona Núcleo corresponde al área en mejor estado de conservación del TIPNIS. Incluye las áreas con mayores tasas de biodiversidad e importancia para la conservación.

La Zona Núcleo retoma la continuidad del régimen hídrico desde la serranía hacia la llanura de inundación con toda la biodiversidad asociada. En ella se encuentran las nacientes de cuencas y singulares formaciones geomorfológicas especialmente frágiles que fueron la razón para la creación del AP. Adicionalmente, y pese al escaso nivel de conocimiento, es una zona donde se presume la presencia de importante patrimonio histórico y arqueológico. (Plan de Manejo TIPNIS).

¿Dónde quedaron los derechos de la Madre Tierra?

Hasta ahora no se conocen los análisis técnicos y económicos que justifican la decisión gubernamental de construir la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Al contrario, esta decisión repite las prácticas neoliberales que jamás tuvieron en cuenta los derechos de los pueblos indígenas en el desarrollo de grandes proyectos.

El gobierno boliviano ha ratificado mediante ley varios tratados internacionales que protegen los derechos indígenas, como por ejemplo el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Nº 169, 1989), que en su Artículo 7 estipula:

“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”

Sin embargo, los pueblos indígenas del TIPNIS no sólo han dejado de ser importantes para el gobierno de Morales, sino que ahora son considerados nocivos para el ideal del “desarrollo” nacional y perjudiciales para los inversionistas y capitalistas transnacionales.

El supuesto “interés nacional” sigue siendo el mismo que defendían los gobiernos del pasado para satisfacer las exigencias del mercado: incorporar territorios a nuevas actividades económicas, entre ellas la extracción de madera y la producción de coca, y también preparar el camino para reanudar actividades petroleras en el subandino y pie de monte del TIPNIS, potenciando al máximo la productividad y los beneficios privados en desmedro de los derechos de los pueblos.

Adicionalmente, los procesos naturales de regeneración de los ecosistemas, la conservación de suelos, la protección de cuencas y cabeceras de los ríos y todo lo que forma parte de los Derechos de la Madre Tierra caen rápidamente en el olvido frente a intereses económicos y políticos.

No hay que olvidar que en el pasado la región del Chapare fue considerada por los ideólogos del IIRSA (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina de Fomento) como la “barrera para la integración física de los países sudamericanos”, señalando de esta manera que las luchas y reivindicaciones de las poblaciones colonizadoras de la región eran un freno al comercio y desarrollo de los países.

Ahora el presidente Lula da Silva, principal impulsor del IIRSA y de la penetración de los capitales transnacionales en los países sudamericanos, presta recursos para la construcción de la carretera que destruirá el territorio indígena y los pueblos que lo habitan, precisamente en la zona donde el dirigente indígena cocalero y ahora Presidente del Estado Plurinacional lideró la lucha contra el neoliberalismo y se constituyó en símbolo internacional de la defensa de los pueblos indígenas.

El Presidente Evo Morales es el principal dirigente de las seis federaciones productoras de coca del Chapare. Por eso los cocaleros se sienten “poderosos” y amenazan con expulsar a los pueblos indígenas del TIPNIS de su propio territorio ancestral si no permiten la construcción de la carretera. Es más, advierten que no permitirán el paso de la marcha indígena por el Trópico de Cochabamba.

Los informes de Monitoreo de Cultivos de Coca de los años 2007 y 2009 del Estado Plurinacional de Bolivia y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el último publicado en junio de 2010, permiten entender por qué es tan importante esta carretera para los cultivadores del Chapare.

El crecimiento de la superficie de cultivos en el trópico de Cochabamba en los últimos cinco años fue del 38%. Es la región de mayor crecimiento del país (2% respecto al año anterior), alcanzando a  9.700 Ha en el 2009. Esta superficie representa el 31% del área total cultivada en el país.

La incidencia del trópico de Cochabamba en términos de producción de coca es mucho mayor. El rendimiento de hoja de coca seca por hectárea en el Chapare cochabambino es más del doble que en los Yungas de La Paz  (2,764 kg/ha en el Chapare, respecto a 1,215 kg/ha en las zonas tradicionales de los Yungas de La Paz y 1,321 kg/ha en otras zonas de los Yungas). En 9.700 ha. cultivadas en el trópico de Cochabamba se producen 26.811 toneladas métricas al año (TM/año) de coca secada al sol y que constituyen el 49% de la producción total del país. De ese volumen sólo 1.805 TM (6% de la coca producida en la región), equivalente a 654 ha., fueron vendidas de manera autorizada por la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca, (DIGCOIN).

En los Yungas de La Paz en 20.900 ha. la producción en el 2009 llegó a  27.797 TM (52% de la producción nacional), de las cuales 17.656 TM (63,5% del total producido en esta región) fueron vendidas de manera autorizada por DGCOIN.

En tres provincias del Trópico de Cochabamba se cultiva coca: Chapare, Carrasco y Tiraque. La provincia Chapare es la que ha tenido mayor crecimiento de la superficie de coca cultivada, superando el 2009 en 5% al total de hectáreas  cultivadas en el 2008. En esta provincia se evidencia  un patrón de crecimiento permanente de incremento desde el 2005 hasta el 2009, habiendo llegado a un crecimiento del 22.6% de superficie cultivada en ese periodo. En el Chapare se cultiva el 52% de la coca del Trópico de Cochabamba. Es también la región de mayor presión de cambio de uso de suelo.

El cultivo de coca es una actividad impulsada por intereses económicos externos. Desde el auge de la producción de coca en los años 90 se conoce que la economía de la coca estaría destinada a la fabricación de droga con destino a mercados externos. El área chaqueada de la zona colonizada del TIPNIS en 1994 se estimaba en 20.000 ha (casi una cuarta parte de su extensión), de las cuales 5.733 se consideraba que estaban ocupadas por plantaciones de coca . Los datos para 2003 indican que esta extensión ha bajado pero siguen posicionando al TIPNIS como un AP con una importante superficie de cultivo. (Plan de Manejo del TIPNIS).

En el 2009 se han registrado 1083 hectáreas de coca en el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure.