En 1990 el pueblo moxeño de Beni impulsó la marcha “por el territorio y la dignidad”, histórica movilización indígena que obligó al gobierno de Jaime Paz Zamora a reconocer los primeros territorios indígenas de tierras bajas mediante un decreto supremo.
En 1996, la marcha “por el territorio, el desarrollo y la participación política de los pueblos indígenas” logró la promulgación de la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que dio inicio al proceso de saneamiento y titulación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
El 2002, una movilización de pueblos originarios de tierras bajas que reclamaban autonomía indígena planteó la instalación de una Asamblea Constituyente, dando inicio a un ajetreado proceso político de cambio que condujo a la constitución del primer Estado Plurinacional de Bolivia seis años más tarde.
El 21 de junio de 2010, más de 500 originarios de tierras bajas afiliados a la Central de Pueblos Indígenas de Beni (C-PIB), Central de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni (CPEM-B) y a la Central Indígena de Pueblos Amazónicos de Pando (CIPOAP) iniciaron en Trinidad, capital del departamento de Beni, la VII marcha indígena “Por el territorio, la autonomía y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas”.
La inédita marcha indígena contra el “primer gobierno indígena de Bolivia” pasará por Santa Cruz, luego por Cochabamba y finalmente llegará a La Paz, unos 1.600 kilómetros, para hacer respetar sus derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE), sobre todo su derecho a conformar la autonomía indígena originario campesina en base a territorios ancestrales habitados actualmente por pueblos y naciones originarias. (Artículo 290)
Cuando Evo Morales llegó a la presidencia prometió a los indígenas que defendería su derecho a la libre determinación y al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos, acorde a su cosmovisión propia. El Mandatario cumplió parcialmente su palabra al promulgar la nueva CPE que reconoce como competencias exclusivas de las autonomías indígenas el ejercicio pleno de sus instituciones democráticas y la definición y gestión de formas propias de desarrollo económico, social, político, organizativo y cultural. (Artículo 304)
Sin embargo, ahora que la CIDOB intenta concretar el mandato constitucional de la autodeterminación mediante la conformación de territorios autónomos en base a las TCO, el gobierno de Morales descarta de plano esa posibilidad argumentando que podría dividir el país.
El reordenamiento territorial en Bolivia debe ser gradual y no de inmediato como plantean los indígenas, explicó el ministro de Autonomías Carlos Romero y aclaró que “la autonomía es una cualidad de gobierno y no de consolidación territorial como proponen los pueblos originarios de tierras bajas”.
El ministro anunció que una ley especial definirá los nuevos límites, pero sin afectar los límites departamentales, y recalcó que las autonomías indígenas no pueden traspasar los límites departamentales, porque eso supondría atentar contra la Constitución.
El Vicepresidente Alvaro García Linera, uno de los principales defensores de la “forma comunidad” y de la autonomía indígena, salió al paso diciendo que el MAS fue y todavía es el abanderado de las autonomías indígenas en todos los procesos históricos, pero también “somos defensores de la cohesión del país y no queremos conflictos por temas de disputa de fronteras departamentales que pueden generar enfrentamientos”.
En otras palabras, los indígenas que soñaban con la autodeterminación, ahora deben pedir permiso para crear territorios autónomos circunscritos a los límites departamentales y condicionados por la actual estructura organizativa del país. Es más, el régimen autonómico indígena debe atenerse a lo que digan gobernaciones y municipios.
Además, el “gobierno del cambio” que prometió superar la democracia liberal combinándola con prácticas de la democracia comunitaria, en la actualidad continúa sometiendo a los indígenas con las reglas de la democracia liberal. El “gobierno indígena” no reconoce la elección de representantes indígenas según sus normas, usos y costumbres, es decir que los originarios siguen eligiendo autoridades y aprobado estatutos autonómicos mediante el voto en referéndums y elecciones tradicionales.
En teoría, se convirtieron en “autonomías indígenas” los municipios de Charazani y Jesús de Machaca en La Paz; Salinas de Garci Mendoza; Pampa Aullagas en Oruro; Charagua en Santa Cruz; Huacaya en Chuquisaca; Tarabuco y Mojocoya en Chuquisaca; Totora, Chipaya y Curahuara de Carangas en Oruro, y Chayanta en Potosí.
Pero para ser autonomías “reales”, estos municipios deben primero aprobar sus estatutos autonómicos y luego someterlos al control constitucional, lo que no ocurrirá hasta dentro de un año. Mientras tanto, estos municipios indígenas autónomos “transitorios” continuarán regidos por la Ley de Municipalidades.
Por si fuera poco, ahora ni siquiera está garantizada la “consulta previa” a los pueblos indígenas cada vez que se prevean en sus territorios medidas legislativas, administrativas o proyectos de explotación de recursos naturales que puedan afectarles, un derecho indígena y un mecanismo de ejercicio de la democracia directa y participativa reconocido por la CPE.
Según la CPE, los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas (Art. 30); mientras que las autonomías indígenas tienen competencias exclusivas en la conservación del hábitat y el paisaje; en la preservación de áreas protegidas, y en la gestión y administración de los recursos naturales renovables, conforme a sus principios, normas y prácticas culturales, tecnológicas, espaciales e históricas, (Art. 304).
La CPE reconoce que las autonomías indígenas comparten competencias en el control y regulación de actividades inherentes al desarrollo de su institucionalidad, cultura, medio ambiente y patrimonio natural, y ejercen competencias concurrentes en el control y monitoreo socioambiental de actividades hidrocarburíferas y mineras.
Sin embargo, el gobierno de Morales advierte que de ahora en adelante, en las consultas para la explotación de recursos naturales, la última palabra la tendrá el Estado.
En síntesis, los indígenas de tierras bajas marchan hacia La Paz exigiendo al gobierno de Morales que atienda demandas muy concretas: derecho al autogobierno pleno con recursos económicos suficientes; aprobación de estatutos autonómicos y elección de representantes mediante usos y costumbres de cada pueblo indígena, y aumentar de siete a 12 los escaños indígenas en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Si cuando la derecha controlaba el Senado nos dieron siete escaños, ¿por qué ahora que las cosas han cambiado, mantienen ese cupo para 34 pueblos?”, cuestiona el presidente de la Confederación de los pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) Adolfo Chávez.
“Lo único que pedimos es el cumplimiento a la Constitución Política del Estado, es decir que el Estado respete el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y que garantice los recursos económicos para las autonomías indígenas”, exige el dirigente del Conamaq Rafael Quispe.
Quispe recalca que el cumplimiento de estos derechos es fundamental para la consolidación del proceso de cambio, en el entendido de que un Estado sin autonomías indígenas nunca será un verdadero Estado plurinacional.
La respuesta del gobierno
Para el Vicepresidente García Linera, la marcha indígena no tiene “ni objetivos virtuosos ni justificativos que emerjan de las necesidades de los propios pueblos; más se está manejando en función de intereses de carácter popular, individual y personal, y no se ajusta el beneficio colectivo”.
“Es nuestra obligación como Estado atender, recoger las demandas, articular los criterios en el marco de la Constitución y la unidad del país (pero) cuando entran criterios de carácter político onegista, ahí el gobierno no puede hacer mucho”, respondió García Linera a los pueblos indígenas movilizados.
En los hechos, el gobierno de Evo Morales cambió radicalmente de discurso y ahora hace lo imposible por truncar la marcha indígena por la autonomía y la autodeterminación.
En los últimos días, varias autoridades del gobierno denunciaron de manera insistente que la marcha de la CIDOB es financiada por USAID, pero hasta ahora no prueban sus acusaciones.
“Los neoliberales, los vendepatria, los de Usaid que se infiltran, se aprovechan de la ingenuidad de los campesinos para decirles que ellos son los dueños de todas las tierras fiscales, los parques nacionales y las concesiones madereras (…) Imagínense, ¿cómo es posible que las tierras fiscales o parques nacionales pasen a manos de indígenas ya sean del oriente o del occidente?”, criticó el Presidente Morales.
“Yo conocí muchas autoridades originarias del Conamaq…, después (les) encuentro trabajando con la Embajada de Estados Unidos. No voy a decir nombres, pero ahí están…”, agregó Morales.
Luego dijo: “Bolivia vive gracias al petróleo y al gas” y los que se oponen a proyectos de explotación de hidrocarburos no lo hacen para defender el medio ambiente, «sino más bien para chantajear a la empresa o al gobierno con otros objetivos de carácter personal”.
El Vicepresidente García Linera también lanzó misiles verbales: “Allí donde hay conflicto, se escarba un poco, Usaid u ONG vinculadas a Usaid están en el meollo del problema. Es una penetración ideológica en las organizaciones”.
Además, el gobierno intenta debilitar la marcha convocando a negociaciones sectoriales a los dirigentes de cada una de las regionales. Sin embargo, todos estos encuentros informales son desconocidos por las bases, tal es el caso del movimiento indígena de Beni. Al llegar a la población de Casarabe, los dirigentes de la Central de Pueblos indígenas del Beni (CEPIB) y de la Central de Mujeres indígenas del Beni (CMIB) fueron expulsados por haber intentado desvirtuar los objetivos de la marcha.
El dirigente del Conamaq Rafael Quispe lamenta la brutal campaña de “difamación y calumnias” para descalificar las demandas indígenas, mientras que el vocero de los ayllus de Potosí Gregorio Mamani dijo que se arrepiente de haber apoyado al Presidente Morales, “quebrantador de los derechos de los pueblos indígenas”. (Erbol)
Los indígenas rechazaron las acusaciones sin fundamento y emplazaron al Ejecutivo a que presente pruebas. “Si USAID o alguna ONG nos financiara, entonces no estaríamos comiendo sopa de fideo sin carne y más bien nos estaríamos movilizando en avionetas”, observó el dirigente de la Coordinadora de pueblos Étnicos de Santa Cruz Lázaro Tacoo.
Rafael Quispe emplazó públicamente a los ministros denunciantes a que presenten pruebas con los nombres respectivos, porque si no lo hacen “el gobierno está cometiendo una injuria”. Además, “con qué moral habla el oficialismo cuando tiene 22 proyectos financiados por USAID”, cuestionó el líder indígena.
En declaraciones al Servicio de Noticias Ambientales (SENA), Quispe respaldó a los indígenas que marchan hacia La Paz, dijo que tienen objetivos comunes sobre el derecho de consulta y no descartó la posibilidad de que su sector se sume a la movilización.
En tanto, continúa la marcha de guarayos, yuracares, tacanas, yaminawuas ,cavineños, eseejas, chimanes, moxeños, trinitarios y otros, entre ellos mujeres con sus niños y ancianos, que representan a 11 regionales indígenas de tierras bajas.
La marcha comienza a las 5 de la madrugada y se detiene a las 11 de la mañana debido al intenso calor; entonces los indígenas aprovechan para cocinar y descansar. Las mujeres se turnan para cocinar una olla común y cada organización lleva medicamentos y remedios tradicionales para prevenir enfermedades que pudieran surgir en el trayecto. Hasta la fecha no cuentan con una ambulancia.
El cansancio ya se nota en los rostros de los marchistas, pero se mantienen firmes en su objetivo de llegar a La Paz para plantear sus demandas al gobierno. Con paso lento pero seguro, Ernesto Noe guía la columna de marchistas.
El dirigente Chávez recalca que “si el gobierno quiere entablar un diálogo sincero, si muestra su interés de solucionar el conflicto, debe darnos alcance en la marcha”. Quispe recomienda: “Evo Morales se debe definir de una vez y decir de frente si está en la línea de los capitalistas neoliberales de la media luna o está en la línea de los originarios”.
