De haber utilizado ese dinero en tecnologías mejores y más limpias, de haberlo invertido en higiene ambiental, la zona norte de la Amazonía estaría en mejor estado, afirman unos 30 mil demandantes de Lago Agrio, por los daños causados entre 1964 y 1990. Pero esto no ocurrió. En su lugar, Chevron-Texaco decidió invertir sus millones en propaganda para ocultar su irresponsabilidad frente a la sociedad y contratar ejércitos de abogados para tender un velo sobre sus crímenes, agrega un comunicado de los afectados. Chevron ha admitido que votaron al menos 15 mil millones de galones de «aguas de producción» tóxicas en manantiales y ríos de la región amazónica, cuando operaban en Ecuador entre 1964 y 1990, y dejaron abandonadas casi mil piscinas de desechos. ¿Podría pasar esto en Estados Unidos?, se pregunta el Frente de Defensa de la Amazonía y su respuesta rotunda es !No!, para argumentar lo cual se refieren a las propias leyes de ese país. Con pleno conocimiento, apuntan, Texaco usó en Ecuador tecnología que ya era ilegal y violaba las prácticas aceptadas por la industria petrolera en los estados de mayor producción petrolera de la Unión americana. Texaco descargó más de 18 mil millones de galones de aguas de formación a la selva ecuatoriana, mientras desde 1942, el estado de Louisiana estableció por ley que el agua de producción no «debería permitirse recorrer por canales naturales de drenaje.» Por consiguiente, Texaco usó tecnología de reinyección en sus campos petroleros en tierras continentales de Louisiana, para evitar la contaminación, lo cual no hizo en la Amazonía. En 1960, el estado de California dio un permiso de explotación petrolera a la propia Texaco, el cual prohibía que desperdicios petroleros causaran polución de agua subterránea o superficial, pero en Ecuador la empresa no cumplió esos estándares. En 1969, el estado de Texas prohibió la descarga de aguas de formación a esteros secos, corrientes y ríos, diciendo que no era «una operación de eliminación apropiada» y en 1979, quedó vedada la descarga de agua de formación a aguas navegables. Sin embargo, Texaco almacenó en la Amazonía ecuatoriana lodos de perforación y otros desperdicios en casi mil piscinas permeables, lo cual no podría hacer en Estados Unidos donde se prohíbe almacenar temporal o permanentemente esos desechos en piscinas abiertas. En Ecuador Texaco usó mecheros horizontales sobre piscinas de agua de formación, los cuales produjeron nubes continuas de humo tóxico, cuando en Estados Unidos se estableció el uso de «smokeless flares» (mecheros sin humo), por el Código de Salud y Seguridad. Para intentar desviar la atención, la multinacional ha interpuesto múltiples arbitrajes internacionales contra Ecuador que, si bien no versan directamente sobre el juicio ambiental, pretenden involucrar al Estado Ecuatoriano en un litigio en el cual no forma parte. El procurador general de Ecuador, Diego García, dijo al respecto que Chevron-Texaco «utiliza los mecanismos del tratado bilateral de protección de inversiones entre EE.UU. y Ecuador para evadir su potencial responsabilidad» en un juicio ambiental en su contra. El pasado 20 de mayo la Chevron intentó nuevamente emplear un tribunal federal de Estados Unidos para obligar al célebre documentalista Joe Berlinger a entregar más de 600 horas de video del desastre medioambiental en Ecuador causado por esa petrolera. Berlinger filmó el material para el documental «Crudo» que relata el juicio, el cual ha ganado varios premios y se convirtió en una de las películas más aclamadas del 2009. Berlinger está respaldado por la Asociación Internacional de Documentalistas, Conglomerado de Cineastas, que incluye a 20 ganadores del Oscar, quienes emitieron una carta de apoyo y sus abogados denunciaron el intento de avasallarlo para evadir culpas. A inicios del pasado abril, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, anunció que propondrá a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) crear un frente común contra transnacionales como la estadounidense Chevron, a la cual acusó de intentar «pulverizar» a su país. El mandatario hizo el anuncio tras conocerse que la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en La Haya, revirtiendo un fallo nacional, ordenó a Ecuador pagar unos 700 millones de dólares a Chevron por violar el tratado bilateral de inversiones entre EE.UU. y Ecuador. «Ni un paso atrás, sabremos defender al país. Vamos a pedir la nulidad de esta monstruosidad, que es el revertir sentencia», dijo Correa al cuestionar el fallo internacional y añadió que «los imperios existen y hay transnacionales que se creen imperios». Estimó además que «hay una persecución encarnizada de Chevron hacia el país por un juicio, en el que nada tiene que ver el gobierno nacional» y acusó a la petrolera de querer «deslegitimar a la justicia ecuatoriana» y de ser una «enemiga abierta del país». «Esta transnacional quiere pulverizar al país, deslegitimar a su sistema jurídico por ese juicio que le pusieron algunas comunidades de la Amazonia (ecuatoriana), que desde el 2003 se tramita en una corte de Sucumbíos», manifestó el jefe de Estado. Chevron, entonces Texaco, operó en Ecuador entre 1964 y 1990, y un tribunal de Nueva York le ordenó el 2001 someterse a la jurisdicción ecuatoriana, siendo el primer proceso en la historia que obliga a una petrolera estadounidense a responder ante la Justicia de otro país. El juicio debe concluir este año en Ecuador, y los directivos de Chevron están cada vez más inquietos y asustados ante las abrumadoras pruebas en su contra y el rechazo internacional a sus métodos de coacción, amenazas y sobornos.
* El autor es corresponsal de Prensa Latina en Ecuador.
