Si bien el furor cayó en picada tanto en Europa como en los Estados Unidos -debido a razones económicas y a las críticas por impacto ambiental de estos mega proyectos- en la región sur del continente americano países como Brasil se obstinan en continuar con ese modelo. Los grandes complejos hidroeléctricos iniciados en la década del 70 en Brasil tenían la finalidad de generar energía para un rápido proceso de industrialización. Para ello fue necesaria la expropiación de grandes áreas rurales en un tiempo relativamente corto, por lo cual poblaciones enteras fueron obligadas a abandonar sus viviendas, tierras y trabajos. Robson Formica explica que allí está el origen del movimiento que integra: “En los años 60 y 70 el gobierno militar hace un relevamiento de los potenciales hidroeléctricos de Brasil. Desde los años 80 son diversos los sectores que contribuyen con información y apoyo concreto a las localidades amenazadas por los emprendimientos de represas (como la Central Única de los Trabajadores, el Movimiento de los Sin Tierra y las comunidades eclesiales de base, principalmente). Surgen las organizaciones locales y regionales de los afectados por represas que después, ya en los inicios de los años 90, pasan a constituir un movimiento nacional a partir de una plataforma mínima”. El capitalismo en Brasil desarrolla un modelo energético basado en represas. Según Robson, “con la crisis capitalista de los años 70 varios sectores, como el metalúrgico, con capitales de origen japonés o europeo, comienzan a invertir en países del tercer mundo. Brasil recibió a muchas de esas empresas como forma y sinónimo de llevar el país al progreso. Estas empresas necesitan para producir sus mercancías altísimas cantidades de energía eléctrica. Como tenemos una cantidad abundante de ríos entonces se impulsa la hidroelectricidad, que en comparación con otras fuentes se torna mucho más barata, algo fundamental para la mirada del capital”. La construcción de represas dio lugar en Brasil, al igual que en el resto del mundo, a la conformación de una industria de la represa, esto es, al armado de una red de empresas particularmente interesadas en este tipo de obra pública, donde aparece “toda la obra civil, el abastecimiento de los materiales para construcción, la ingeniería”. Pero también está implicado “todo un proceso de corrupción que estas grandes obras proporcionan. Son muchos intereses que se cruzan y que confluyen para que este modelo se constituya, se afirme y se vaya reproduciendo”, afirma Robson. Otra organización que lucha contra las represas, pero en Chile, opina en este sentido: “¿por qué se han construido demasiadas represas en los ríos del mundo? Muchas veces existen intereses creados de compañías de ingeniería y agencias gubernamentales que se ganan la vida construyendo grandes represas y utilizan su músculo político y financiero para asegurar que esto siga sucediendo”.
¿Por qué hablar de afectados? ¿A quién le importan los afectados?
El propio organismo creado por el Banco Mundial para estudiar el tema, la Comisión Mundial de Represas (WCD), estima que son como mínimo unos 40 millones de personas las que han sido desplazadas por este modelo energético de represas. Más grave aún, y también reconocido por la WCD, “en demasiados casos, este desplazamiento físico es involuntario y en base a la coerción y la fuerza”, afirmando que incluso se ha recurrido al asesinato de pobladores. El organismo, que fue creado para investigar lo que el propio BM había financiado anteriormente, asumió que “las personas desplazadas enfrentan una amplia gama de riesgos de empobrecimiento que incluyen quedarse sin tierra, sin trabajo, sin vivienda, marginadas, sin seguridad alimentaria, con mayor morbilidad, pérdida de los recursos comunales, y desarticulación comunitaria que puede producir una pérdida de la capacidad de resistencia socio-cultural” (el informe fue publicado en noviembre del 2000). “Hasta los años 90 -explica Robson- las empresas que controlaban las represas eran del propio Estado, por lo que había mayor posibilidad de hacer presión para que las personas desplazadas por estas obras fueran reubicadas en áreas con condiciones mínimamente parecidas a las que vivían antes. Aunque se obtenían logros, lo principal seguía estando, o sea todo el impacto desde el punto de vista cultural, psicológico, de la convivencia, de la relación con la naturaleza, con el río”. Para dar detalle de esto, Robson enfatiza: “las personas fueron trasplantadas a regiones a más de 300 km de donde vivían, apartadas de sus familias y amigos”. Pero, como parte del proceso de consolidación y avance del neoliberalismo, a mediados de los 90 comienza la privatización del sector eléctrico en Brasil. A partir de allí se tornaron aún peores las condiciones para reclamar por parte de los afectados. Según Robson, “se inicia una etapa en la cual no hay más reconocimiento de nuestros derechos y desaparece la posibilidad de reclamar”. Por eso los afectados vienen realizando diversos tipos de acciones directas, como ocupaciones, marchas, enfrentamiento en los canteros de obra e incluso en los predios públicos del gobierno, reconociendo que en este enfrentamiento “la correlación de fuerzas es muy desigual”. Como respuesta a estas luchas, el Estado ha recurrido a la persecución y criminalización de activistas y organizaciones. “Recientemente varios compañeros fueron presos por hacer una ocupación en la represa de Tucuruí, una obra que empezó en los años 70 y donde todavía hay problemas por el reconocimiento de derechos. Entonces los compañeros ocuparon una obra complementaria en Tucuruí, una hidrovía, para reivindicar un área productiva para poder sustentarse. Por pedir eso fueron fuertemente reprimidos y algunos estuvieron más de 50 días encarcelados sin proceso judicial. Hay una gran persecución política y policial a la que nos someten”, relata Robson.
Energía y Medio Ambiente
Los embalses que producen las represas muchas veces son “vendidos” como un atractivo turístico y natural por parte de los gobiernos locales. Se desarrollan en estos lagos artificiales deportes náuticos y se siembran peces de distintas especies para promover la pesca deportiva. La intención es clara: generar consensos a partir de un marketing verde sobre una infraestructura que lejos está de conciliarse con la naturaleza. La WCD reconoce que los embalses pueden “trastornar significativamente todo el régimen de flujo, alterando dramáticamente el entorno ribereño cambiando la temperatura del agua. Las represas alteran el hábitat natural, permitiendo en muchos casos que las especies exóticas de plantas y animales eliminen a las especies nativas”. La WCD también afirma que “las represas grandes han causado la pérdida de la biodiversidad acuática, de pesquerías aguas arriba y abajo, y la utilidad de las planicies inundables, humedales y los ecosistemas ribereños y de esteros, con sus ecosistemas marinos adyacentes, río abajo”. Bajo el doble manto de una propaganda verde y la utopía del “desarrollo”, los diques siguen avanzando gracias a los intereses de la industria de la represa, anegando también la posibilidad de crecimiento de otros tipos de generación de energía, no destructivas y sostenibles. Las opciones alternativas para la oferta de energía renovable y sostenible podrían incluir la biomasa, las energías eólica, solar, geotérmica, del océano y la cogeneración. Son opciones que merecerían ser exploradas más allá de lo “testimonial” en el sur del continente. Un caso emblemático de esta utilización de la propaganda de “progreso” se está dando también fuertemente en Chile. Se trata de un demencial proyecto de construir 5 mega represas sobre los ríos Baker y Pascua, en el extremo sur de la patagonia chilena y que implicará la construcción de un tendido eléctrico de alta tensión de 2270 Km de extensión, con torres de entre 50 y 70 metros de altura que atravesarán una de las zonas más ricas en biodiversidad del mundo, incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas. Entre la zona inundada por los diques y el área afectada por las torres, “el impacto” (forma de denominar a la destrucción) será equivalente a la superficie de la ciudad de Buenos Aires, que son los datos de mínima reconocidos por la empresa. Por su parte en Brasil, según Robson, el problema del impacto social y natural de este tipo de modelo energético es “un tema que se debate cada vez más porque en los próximos 10 años el gobierno pretende construir 78 represas hidroeléctricas como parte de lo que denomina Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC)”.
“Con Lula la lógica del modelo continúa viva”
El proceso de “desarrollo energético” que lleva Brasil ya se cobró más de 1 millón de afectados y, para Robson, con el actual gobierno encabezado por Lula da Silva “hay una intensificación: la lógica del modelo continua viva”. El plan, que se llama Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), tiene como fin el incremento de los recursos energéticos, “en especial la hidroelectricidad, por lo que los proyectos se intensificaron”. Aquí están incluidas las 78 represas mencionadas por Robson. Este plan, que se enmarca en la estrategia del IIRSA, “implica a más de treinta represas para la región amazónica”. Dos mega obras ya están en curso, “una es sobre el río Madeira, que va a afectar a casi 25 mil personas”, destaca Robson. La otra es más conocida por el grado de resistencia que se está logrando por parte de las poblaciones locales y la solidaridad de varios sectores: se trata de la represa hidroeléctrica de Belo Monte. Se estima que Belo Monte será la tercera represa en importancia del mundo con una producción de 11,3GW en los meses de crecida. Costará alrededor de 30 mil millones de reales y afectará (desplazará) a cerca de 30 mil personas. “La región amazónica pasa a ser un objetivo de las empresas transnacionales y no sólo para la construcción de hidroeléctricas, también hacen exploración de minerales, control de la biodiversidad, control del agua, y provocan con eso la expulsión de los pueblos originarios, campesinos y pueblos ribereños”, afirma Robson. Y continúa: “el problema de la región amazónica no se refiere sólo a Brasil, porque incluso las empresas están yendo a Perú y Colombia para construir hidroeléctricas. Brasil les aporta la capacidad técnica de la empresa estatal Eletrobras, que se encarga de la gestión del sector eléctrico en Brasil”. La usina hidroeléctrica de Belo Monte se posará sobre la cuenca del río Xingú, en el estado de Pará, región norte de Brasil. A la devastación de esa región amazónica hay que sumar la interrupción del transporte fluvial -único acceso para ribereños e indígenas-, el manejo forzado de familias, la desestructuración territorial y diversos perjuicios socio-económicos. Desde el gobierno del Estado de Pará se esfuerzan por generar un maquillaje verde mediante reservorios testimoniales. Mientras tanto, el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) anunció hace pocos días que dará la licencia ambiental requerida para el inicio de la licitación y posterior construcción de la obra. Las organizaciones de los pueblos indígenas aseguran que se están violando sus derechos consagrados por la Constitución Federal y por el célebre Convenio 169 de la OIT. Según la legislación vigente en Brasil, se debe consultar previamente a las comunidades afectadas por los grandes proyectos. También se debe realizar una serie de audiencias públicas con la población de cada localidad afectada para evaluar los impactos ambientales de las obras. Hasta la fecha sobran las irregularidades en el proyecto de Belo Monte.
Fuente: Movimento dos atingidos por Barragens no Brasil (MAB)
