Desde entonces también los índices de desmonte se han incrementado en cien mil hectáreas por año y esta cifra no expresa ni lejanamente las pérdidas cuantiosas de vida, conocimientos y valores de cientos de culturas que viven en los bosques.
Si en el año dos mil nueve, se enterraron definitivamente los vestigios vergonzosos de la Super Intendencia Forestal para abrirle el paso a la pomposa Autoridad de fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, ABT, hasta la fecha nada se ha hecho para demostrar la validez de tal autoridad.
De otro lado las prefecturas, con competencias en el tema que nos ocupa, y en plena defensa de las autonomías departamentales, tuvieron el cuidado de excluir de sus censuras sobre traiciones, a la ilegalidad en los bosques que se campeó en sus narices y de la mano de sus protegidos.
Se ha demostrado abundantemente que los problemas de destrucción de los bosques en Bolivia, no ocurren por la falta de mejores leyes o de mejores conceptos que incorporen los aspectos sociales: Adolecemos de males institucionales e institucionalizados que nadie aún se ha atrevido a erradicar.
La ABT va por el mismo camino; en materia administrativa, ignoró la necesidad de un gobierno de los bosques; un sistema institucional en el que se sustente y tenga validez la legislación forestal en Bolivia y más de medio centenar de leyes que contemplan derechos indígenas incluidos convenios y tratados internacionales.
Desde los años 60 los bosques fueron el botín de los poderes estatales y de las redes de corrupción locales que éstos fomentaron y la historia no ha cambiado mucho: Los nuevos “requisitos” para acceder al aprovechamiento forestal, so pretexto de la eficiencia, constituyen hoy la carretera, muy bien asfaltada, que transitan la informalidad, la ilegalidad y la insostenibilidad, del brazo con los poderes locales.
Lejos están los conceptos de mercados, impulsados y regulados por los gobiernos, que valoren, e incorporen en los precios, la reciprocidad, la complementariedad, el conocimiento del bosque, la cultura, los símbolos, las instituciones indígenas; los atributos que hacen a los pueblos que viven en los bosques comunitarios de tierras bajas.
Con la ABT, cuyas autoridades hemos heredado de interinatos y negociaciones partidarias y no de un proceso serio de institucionalización, se han reproducido viejos males como la incapacidad de asumir responsabilidades institucionales legales y responsabilidades administrativas estatales:
Nadie exige y nadie rinde cuentas por el patrimonio forestal que administran los servidores públicos quienes se mantienen en sus cargos otorgando indulgencias a mañosos seudo dirigentes campesinos e indígenas.
Gestión forestal Comunitaria se reduce hoy a un conteo de árboles maderables que media docena de individuos (Intocables y poderosos) venden a nombre de comunidades inexistentes o de las que nunca serán beneficiarias de sus negociados millonarios.
Los CEFO, mecanismo de control del Estado para el transporte de la madera desde el bosque comunitario de origen, se compran hoy en quioscos junto a una cerveza o un café.
Desde hace seis años las auditorias, audiencias, registros de contratos, autorizaciones a privados en TCO quedaron sin efecto; el Estado “reparte” los bosques, no los administra y las autorizaciones de aprovechamiento las obtiene cualquier ciudadano que acceda a las desprestigiadas “certificaciones” de “dirigentes” politiqueros que hoy se asumen como propietarios de bosques.
Los compradores de madera en comunidades deben aprenderse un manual de cumplimiento de requisitos y papeleos sin preocuparse por un plan de manejo sostenible ni por el respeto a un solo derecho de los pueblos indígenas, porque esto es lo último que evaluará la ABT.
Los PGMF perdieron su estatus de Declaración Jurada ante el Estado Boliviano y desde el año 2009, la ABT hasta realiza cobros ilegales a las comunidades para pagar a los dirigentes de organizaciones supra-comunales y así prevenir que “no se corrompan”.
Esta es la situación actual del manejo o forestería comunitaria en el país y no corresponde a la ausencia de leyes ni de normas sino al manejo institucional discrecional, abusivo y plagado de corruptelas y clientelismos de “servidores públicos” en complicidad con “dirigentes”.
¿Dónde queda entonces la verdadera Forestería Comunitaria y qué evalúa y controla el Estado sobre el aprovechamiento forestal en comunidades indígenas y campesinas? ¿A qué queda reducida la relación jurídica entre Estado y usuarios del bosque cuando el límite se ha diluido hasta perderse la distinción entre uno y otro? ¿De qué control social se habla si no existen mecanismos administrativos y formales para el ejercicio del mismo?
Si acaso el manto sagrado de la madre tierra alcanza a los bosques de las grandes regiones del Oriente y de la amazonia, esperemos que el Presidente de los Bolivian@s, a quien felicito por su apabullante re-elección, institucionalice el gobierno de los bosques tanto a niveles estatales como en las organizaciones indígenas y campesinas, con responsabilidad legal sobre el patrimonio que los bolivian@s y la humanidad entera hemos depositado en sus manos.
ATS-Guarayos-2010
