En pequeñas canoas de aproximadamente 10 metros de largo partieron del Puerto de San Martín, sobre el río Mamoré, atravesando las 18 cachuelas del río Madera, incluyendo la Cachuela San Antonio, donde hoy se construye la represa brasileña del mismo nombre y hasta donde entonces alcanzaba el territorio boliviano. Ubicó, midió y describió con detalle cada una de ellas, además de la Cachuela del Abuná, la del Yata y la del río Beni, posteriormente bautizada como Cachuela Esperanza.

Casi un siglo y medio después, en agosto de 2008, el gobierno boliviano adjudicó por invitación directa a la empresa canadiense Tecsult la realización de estudios de navegabilidad y aprovechamiento hidroeléctrico en las cuencas del Mamoré, Madera y Beni, además del estudio a diseño final de la represa de Cachuela Esperanza, por un monto de 8.179.928 dólares. A la firma del contrato, otorgó un anticipo del 20 por ciento a Tecsult (posteriormente convertida en Tecsult-Aecom), es decir, más de un millón y medio de dólares.

El contrato establece que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) deberá proporcionar toda la información de campo, es decir, Tecsult deberá hacer trabajo de escritorio y, mientras ENDE no entregue dicha información, no corren los plazos establecidos en el contrato. Seguramente por eso, a pesar de haber transcurrido dichos plazos y de los reiterados anuncios de la entrega de los ocho tomos del estudio por el vicepresidente, a la fecha no se conoce que hayan sido presentados.

A más de lo señalado, el contrato no ha sido inscrito en la Contraloría General de la República, para lo cual la Ley SAFCO (del Sistema de Administración Financiera y Control Gubernamental) establece el plazo de una semana. De cualquier forma, al haberse firmado el contrato en dólares jamás podrá ser inscrito, ya que la legislación nacional prohíbe expresamente la firma de contratos en moneda extranjera.

A pocos días de la firma del contrato con la Tecsult, el entonces ministro de Energía e Hidrocarburos Carlos Villegas se presentó en radio Erbol, donde tuve la oportunidad de consultarle vía telefónica, ¿por qué impulsar un proyecto de interés brasileño que forma parte de la Iniciativa de Integración de Infraestructura en Sudamérica (IIRSA), cuestionada por el presidente Evo Morales en la Cumbre de Cochabamba y por el propio representante boliviano en la reunión del Grupo de Trabajo de Infraestructura del IIRSA en Lima?

Al respecto, el ex Ministro y actual presidente de YPFB sostuvo que Cachuela Esperanza es un proyecto boliviano para dar energía a la región y generar regalías con el excedente a exportar, algo que está muy distante de ser verdad.

Para que la energía generada en una central hidroeléctrica pueda atender las necesidades de las poblaciones, precisa ser transportada a través de sistemas de transporte eléctrico y, luego, transformada a las intensidades domésticas e industriales. En Bolivia, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) une apenas a las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Oruro, Sucre y Potosí y muy poco del resto de las poblaciones de estos departamentos.

Sistemas aislados proveen energía a Tarija, Pando, Riberalta, Guayaramerín, Cobija, Yacuiba y Villamontes y funcionan en general a diesel importado, por lo que generan una energía muy cara –a pesar del subsidio del diesel– y, además, escasamente regulada, por lo que la generación y distribución ha quedado a la libre voluntad de grupos locales, sin asesoramiento ni fiscalización.

En 1996, el actual gobierno encargó la ampliación del Sistema Interconectado Nacional con tres líneas nuevas: Caranavi-Trinidad, Punutuma-Tarija e Ituba, pero falta mucho para llegar hasta Cachuela Esperanza, por lo que la energía a generar con esta represa podría, tal vez, servir para Riberalta y Guayaramerín, en caso de que se construya una línea entre ambas poblaciones.

El ministro Villegas anunció que Cachuela Esperanza generaría 800 MW, mientras que entre ambas poblaciones la demanda no llega a 5. Es evidente, por tanto, que se trata en realidad de un proyecto de exportación a Brasil, con el que muy difícilmente se podrán instalar costosos transformadores sólo para 5 MW. Es decir que lo más probable es que no quede ni un MW en el país.

Durante el periodo de 1993 a 1997 se produjo la privatización de ENDE y en 1997 fue promulgada la Ley de Electricidad. Ese mismo año, más del 90 por ciento de la estructura eléctrica nacional estaba ya en manos privadas.

El sector eléctrico se caracterizó siempre por la baja cobertura del servicio a nivel rural, pero las diferencias en el acceso entre el área rural y urbana fueron profundizadas con la privatización. Así, en Pando, con una cobertura promedio de 37%, en el área rural solo el 9% de la población tiene energía eléctrica.

¿La represa de Cachuela Esperanza podrá resolver estas necesidades urgentes de energía en el mediano plazo? Evidentemente que no, por todo lo que se ha anotado, pero además porque, como puede verse, ni siquiera se ha avanzado en el estudio de prefactibilidad. Y no es de extrañar, ya que el propio contrato pone en duda la factibilidad de Cachuela Esperanza al señalar (Pág. 2):

(La consultora) “Debe realizar un estudio de histéresis, ya que los niveles del río Beni están afectados por los niveles de crecida del río Mamoré desde su confluencia aguas abajo, influyendo negativamente de esta manera en la altura de restitución del proyecto”.

El río Beni se une al río Mamoré para formar el río Madera. Lo anterior significa  que el caudal mayor del Mamoré afecta el flujo del río Beni en épocas de crecida, lo que implica que, aun sin otras represas que afecten el flujo del río, Cachuela Esperanza sería inviable. Entonces, es de esperar que la Tecsult en realidad proponga –como resultado del “estudio”– construir la represa binacional en la Cachuela de Riberao o Riiveron, de acuerdo a Palacios, un poco al norte de Guayaramerín, es decir, la tercera de las represas del Complejo Madera planificadas por Brasil.

Por último, las regalías que deje la exportación de hidroelectricidad de Cachuela Esperanza ¿podrán servir para el desarrollo de Pando o Beni? La Ley de Electricidad de 1996 sigue vigente y no establece ningún pago de regalías por venta de electricidad, por lo tanto, los únicos ingresos a recibir provendrían del precio a negociar, salvo que se cambie la ley. Pero, siendo Brasil el ofertante del crédito para la construcción, estimado en 1500 millones dólares, es evidente que impondrá las condiciones de funcionamiento, tal como lo hizo con Paraguay en la construcción de la represa de Itaipú, o como lo hace con las carreteras que actualmente se encuentra financiando en Bolivia. Dichas condiciones van desde la contratación de empresas brasileñas, el destino de la energía, el precio y la forma de pago de la deuda.

En consecuencia, si el Estado actual está anclando sus perspectivas de crecimiento y desarrollo en la exportación de energía, no está cambiando la esencia del modelo neoliberal. Ni siquiera ENDE está asumiendo las competencias de una empresa nacional fortalecida, ya que con sus 400 técnicos podría animarse a realizar la evaluación de toda la información de campo y la que accede de los institutos de investigación nacional que está entregando a la Tecsult, en lugar de pagar altísimos montos con los cuales podría estar avanzando en la construcción de pequeñas centrales como la de Tahuamanu, que pueden ser concluidas en un año y medio. 

Cambios profundos al modelo requieren compatibilizar los objetivos de desarrollo nacional, regional y local, conceptualizando el acceso a la energía como un derecho humano que no puede estar en manos de consultoras como la Tecsult, vinculada también a la transnacional brasileña Petrobras en el Campo San Alberto (www.tecsult.com).

Dichos cambios pasan por generar una Política Energética, tomando en cuenta las necesidades, diversidades y potencialidades regionales y locales en el marco de una intervención nacional con base en la ampliación del Sistema Interconectado Nacional y su complementariedad con sistemas de energías limpias de escala local y regional, lo que implica una mayor conexión y presencia del Estado en las regiones y las capacidades de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y la aplicación de la política con transparencia.

El sector energético es estratégico y de importancia vital para la seguridad nacional. En consecuencia, asumir un rol exportador de electricidad con megaproyectos como los del Complejo del río Madera o permitir que estos proyectos impacten sobre el territorio bajo algún tipo de convenio subordina la soberanía nacional en una zona de frontera donde se dieron pérdidas territoriales.

Más aún cuando proyectos de esta naturaleza están destinados a poderosos sectores económicos del vecino país, con apetencias desmesuradas en nuestro territorio, acostumbrados a negociaciones desequilibradas, con políticas de ocupación de fronteras y de control territorial altamente peligrosas, convertidos en único comprador de la energía hidroeléctrica a generar, que, además, competiría con las exportaciones de gas. Y, lo que es peor, cuando estas obras, con su enorme costo ambiental y social, están destinadas a destruir el futuro de la Amazonía y de sus pobladores.

*Es coordinadora nacional de FOBOMADE.