Esto fue verificado en el terreno por distintas comisiones de trabajo de la que forman parte varias organizaciones indígenas. Ya se ha iniciado la fase 1 de la exploración: se han instalado, al menos detectados, dos grandes campamentos (en Palos Blancos, Departamento de La Paz, y cerca de la comunidad Pukara, en el Departamento de Beni), abierto caminos de penetración, los vuelos de helicópteros son diarios e incesantes, lo mismo que las detonaciones, la parte más dramática del trabajo exploratorio, y con ello, la destrucción irreversible del medio ambiente, de los ríos y los bosques, de la flora y de la fauna, de la cual dependen las comunidades indígenas para la sobrevivencia de su modo de vida y su cultura.

Esta agresión evidente a todos los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía Sur de Bolivia está siendo realizada por una empresa petrolera cuyo origen es desconocido tanto para las organizaciones y pueblos indígenas como para la población boliviana en general.

A la vez, esta agresión nace del más absoluto desprecio por el derecho de consulta y el consentimiento previo de los pueblos indígenas que no fueron ni siquiera informados sobre los alcances y riesgos que trae aparejada la actividad petrolera. Ese desprecio a los derechos humanos de los pueblos, incluye acciones de soborno a dirigentes de algunas organizaciones y comunidades indígenas, lo que agrava el cuadro de avasallamiento de las mismas, a pesar de que el propio Evo declaró que no se comprarían dirigentes como antes hacían las trasnacionales (La Razón, La Paz, 29/10/2008)

De allí, esta denuncia de carácter nacional e internacional para detener todos los atropellos ya anotados, de los cuales existen pruebas que ya no se pueden ocultar, y que es preciso condenar de la manera más enérgica, apelando a la solidaridad y a la movilización general de todos los sectores que luchan por una Amazonía para la Vida.

Evo debe decidir y actuar

Lo más increíble de todo esto es que esta agresión a los pueblos indígenas amazónicos se está verificando bajo el mandato del primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el compañero Evo Morales.

En ese marco, preguntamos y demandamos una explicación sobre la presencia de esta empresa petrolera yanqui en un área que se constituyen en la puerta de ingreso al resto de la Amazonía, territorio cuyo control y dominio es un objetivo estratégico de los norteamericanos, hecho que ya fue denunciado en innumerables ocasiones, incluso por el propio gobierno boliviano encabezado por Evo.

No entendemos cómo se acepta la presencia norteamericana cuando ha quedado demostrado por los últimos sucesos de Baguá, Perú, que esa presencia sólo conlleva muerte y genocidio para los hermanos indígenas. Los mismos intereses que representa Geokinetics en Bolivia (quien, a la vez, está instalada en el Perú) son los que han conducido a la masacre de Baguá. ¿Debemos llegar a ese extremo de violación de los derechos humanos para que la empresa petrolera yanqui salga de la región?

Aquí tampoco podemos callar que funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos boliviano han amenazado a los dirigentes indígenas con militarizar la zona, en caso que exista oposición a la exploración petrolera.

Preguntamos: ¿qué se esconde detrás de todo esto? Las informaciones públicas, conocidas hasta ahora, decían que la empresa a la cual se había concesionado los bloques petroleros de la selva era YPFB-Petroandina SAM, o sea una empresa mixta estatal boliviano-venezolana.

Ahora nos enteramos y denunciamos este sub-contrato con una empresa norteamericana que no sólo consideramos lesivo a la soberanía nacional sino que viola y burla el espíritu del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, por el cual el pueblo boliviano salió a las calles de las ciudades de El Alto y de La Paz a enfrentar al neoliberalismo en la llamada “Guerra del Gas” que ocasionó más de 60 muertos, en octubre de 2003.

Preguntamos: ¿esta es la nacionalización por la cual murieron nuestros compatriotas?

¿Por qué, en ese mismo marco, se da prioridad a un proyecto de también dudosa viabilidad técnica, sabiendo incluso que hace veinte años YPFB exploró la misma región (perforando el pozo Lliquimuni X1) y no se informó de ningún hallazgo significativo?

¿Por qué la política nacional de hidrocarburos no da prioridad a temas más urgentes como la separación de líquidos de los hidrocarburos que ya se exportan y por lo cual perdemos cientos de millones de dólares o exigen el cumplimiento de los 47 contratos a las transnacionales que siguen operando en territorio nacional?

¿Por qué esa obstinación y ese empecinamiento avasallador de personas y derechos de entrarse, a como de lugar, a