1. Generar y aplicar las políticas de desarrollo en previa consulta, información y cooperación con los pueblos indígenas para adoptar las medidas apropiadas en relación a futuros impactos y daños en lo ambiental que repercutan en territorios y personas sujetos de derechos indígenas.
2. De acuerdo al Art. 23 de la Declaración a respetar el derecho de los pueblos indígenas a “determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo”.
3. De acuerdo al Art. 26, a culminar (hoy) el proceso de titulación de tierras comunitarias y comunitarias de origen que garantice el derecho de posesión, tenencia y aprovechamiento de recursos de su tierra y territorio. Aquí tendrá el mismo Estado que determinar la preferencia o prioridad para pueblos indígenas, a pesar de haber establecido propiedad de “todos los bolivianos” los recursos naturales.
4. De acuerdo al Art. 29, respetará la decisión de conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de la tierra y territorio y sus recursos indígenas, orginarios y campesinos. Los acuerdos previos de uso compartido y coordinado superarán las contradicciones competenciales entre el Estado y las autonomías.
5. De acuerdo con el Art. 32 respetará las prioridades y estrategias para el desarrollo local, así como a celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas.
Estos derechos en el caso de Bolivia, parecen ser efectivos dentro el territorio indígena originario y campesino, que llegue a ser autónomo. Es decir que la política y proyectos deberán tomar en cuenta las formas de sostenimiento, producción y educación de los lugareños, y adecuarse a sus particularidades.
Sin embargo, algunas versiones indican que es posible se promueva que las autonomías indígenas originarias campesinas sean parciales, incluso no sea ejercida, debido a las bajas posibilidades de auto sostenimiento económico para financiarse servicios de salud, educación y otra compras para la jurisdicción autónoma, también el tema de los recursos naturales declarados de «todos los bolivianos» no permitiría que el pueblo indígena originario campesino, dentro su autonomía, pueda usar exclusivamente sus recursos naturales para su población. Entre otros criterios.
