firmado entre la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la canadiense Tecsult ha sido denunciado ante la Contraloría General del Estado (CGE) por el Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB).

Las organizaciones cuestionan que se erogue sumas tan altas en estudios adicionales a los que ya existen, mientras el problema energético de la región continúa sin solución, es decir, energía escasa y cara que hace imposible cualquier proyecto de desarrollo productivo e impide a la población ejercer su derecho a la energía, tal como lo planteó el presidente de Bolivia Evo Morales en la Asamblea de Naciones Unidas en octubre del 2007.

El contrato denunciado fue adjudicado por un monto de 8.179.928,55 dólares (ocho millones ciento setenta y nueve mil novecientos veintiocho 55/100), por invitación directa a una sola empresa, pasando por encima de la Ley SAFCO y su normativa específica. Existen indicios de daño al Estado porque la empresa Tecsult sólo deberá hacer trabajo de escritorio, mientras que Ende deberá entregarle todos los estudios de campo para que inicie su trabajo.

El contrato ha sido firmado en agosto del 2008 y los trabajos de campo que Ende debe entregar se iniciaron el 2009. A pesar de ello, Tecsult recibió un 1.635.000 dólares (millón seiscientos treinta y cinco mil) como anticipo. No se entiende por qué Ende procedió a la firma del contrato, si no contaba con la información y, peor aún, por qué entregó un anticipo que genera dividendos a la consultora, proporcionándole, al mismo tiempo, los argumentos para dilatar el trabajo. Esto es aún más grave porque Brasil ha iniciado la construcción de las represas de Jirau y Santo Antonio, cuyos impactos en Bolivia son utilizados por Ende para justificar la contratación.

Por otro lado, resulta incongruente que la empresa contratada pague la capacitación del equipo de supervisión de ENDE, que fue contratado seis meses después de la firma con Tecsult.

Pero, aún más grave es que la consultoría especifica que esto responde a la necesidad de firma de tratados con Brasil, por el inicio de la construcción de la represa de Jirau, contrariamente a la posición oficial del gobierno boliviano de no firmar tratados que pongan en riesgo la soberanía y los intereses nacionales.  Esto significa el aval a los cuestionados proyectos brasileños que afectan la soberanía del país. Algo en lo que el Gobierno brasileño viene insistiendo en cada reunión bilateral.