Entre ellos, por ejemplo, hay uno que exime de juicio a los policías que maten o hieran civiles “en cumplimiento de sus funciones” y que permite la detención de personas sin mandato judicial. Y hay varios que la enfilan contra los pueblos indígenas, que a lo largo de años han conseguido que se les reconozcan una serie de derechos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
Los análisis jurídicos han sido ya hechos por muchos abogados, unos especialistas en temas indígenas y otros en asuntos constitucionales y, no siendo nuestra especialidad, no queremos abundar en el tema que ellos han examinado con propiedad. Sobre el tema, recomendamos leer el contundente informe de Francisco Eguiguren, a quien nadie podrá acusar de responder a intereses políticos partidarios (humalista o cosas por el estilo), ni siquiera de tener vinculaciones con el movimiento indígena. Hoy muchos alegan que el gobierno debe mantener el estado de derecho, pero pasan por alto que el primero en transgredirlo ha sido precisamente el gobierno al promulgar leyes que no tienen nada que ver con el TLC y que son anticonstitucionales por violar el derecho de consulta, por afectar derechos reconocidos a los indígenas en la Constitución y las leyes y por derogar normas de mayor jerarquía.
La masacre acaecida el fin de semana anterior es consecuencia de una larga sucesión de agresiones, del Ejecutivo en general y del presidente García en particular, contra los indígenas, a quienes desde el comienzo calificó de «perros del hortelano», para indicar que tenían recursos que no aprovechaban, pero que al mismo tiempo no dejaban que fuesen explotados por otros. Los indígenas, que no tienen porqué saber de refranes españoles ni de hortelanos, recibieron el mensaje claro de ser calificados como perros por el presidente, y lógicamente reaccionaron con respuestas escritas y comentarios a sus artículos, que de esta manera había comenzado a exacerbar sus ánimos.
La gesta de los achuares del Corrientes en defensa de su salud y la de su medio ambiente comenzó una serie de protestas indígenas el año 2006. Frente a ellas, el gobierno, al igual que ahora, al igual que siempre, negó las evidencias de contaminación y dilató asumir su responsabilidad de defender a sus ciudadanos. Sin embargo, la irresponsable táctica de dilación para cansar a quienes reclaman no funcionó en este caso y los achuares, exacerbados por el gobierno, tomaron las instalaciones y, luego de una situación tensa, lo obligaron a asumir su rol. El acta de Dorissa, que selló los acuerdos de los indígenas con la empresa y el Estado para comenzar a sanear la zona (reinyectando las aguas de formación), recogiendo los desechos de petróleo acumulado en pozas y reconociendo demandas sociales (educación y salud, que por cierto no han sido atendidas) es presentada por el ministro del ambiente, Antonio Brack, como una muestra de que la extracción minera y de hidrocarburos es ahora una operación “limpia” y que la contaminación es problema del pasado. Mundo de fantasías el que presenta el ministro, porque remediar los estragos ambientales y recuperar la salud de la gente afectada por la presencia de metales pesados en su sangre tomará muchos años y porque en zonas donde la población no ha tenido la fuerza de los achuares para reivindicar sus derechos las cosas siguen empeorando año a año. El caso de Doe Run, en La Oroya, a la cual, por cuarta vez, el Estado le ha dado nuevo plazo para cumplir con el PAMA (Plan de Adecuación al Medio Ambiente) es significativo. Al César lo que es del César, señor ministro, y usted debe reconocer que los cambios que se han producido en el Corrientes se deben a entereza de los reclamos de los indígenas y no a la voluntad del gobierno, que más bien a aceptarlos hasta último momento. Que el gobierno saque una lección de allí y no repita como cacatúa sus manoseados argumentos sobre indígenas manipulados, intereses de países extranjeros que no quieren que el Perú progrese y otros por el estilo.
Pero el gobierno no ha aprendido la lección. En este caso, otra vez el gobierno ha apelado a la misma táctica de dilatar, de intentar aburrir a la gente, de pelotearla. Frente a los reclamos de AIDESEP ante el Ejecutivo para la derogatoria de los decretos, la respuesta fue que la organización tenía que hablar con el Legislativo, ya que el tema era de su responsabilidad. Y frente al pedido expreso de derogatoria ante el Congreso, formulado esta vez por la Comisión de Constitución y avalado por una demanda en este sentido de la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, la mayoría legislativa respondió que tenía que esperar el resultado del diálogo entre los indígenas y el Ejecutivo. Se trató de una actitud evasiva, irresponsable y cobarde de la mayoría parlamentaria.
La perfecta sucesión entre la negativa del Congreso para derogar los decretos y el ataque al día siguiente a los manifestantes aguarunas y huambisas que tenían tomada la carretera cerca de Bagua, habla acerca de una estrategia planificada por parte del gobierno. El Congreso no esperaba los resultados del diálogo entre los representantes indígenas y el Ejecutivo, tal como lo dijeron congresistas de la mayoría, sino que aguardaba la represión violenta de quienes habían capturado la carretera. Es también claro que la respuesta violenta del gobierno ha sido para adelantarse a la respuesta del Tribunal Constitucional, ante quien la Defensoría del Pueblo había presentado, un par de días antes, la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 1064.
Las mentiras después del asalto a quienes bloqueaban la carretera se suceden y refuerzan día a día. El argumento de la manipulación externa, que culpa a los presidentes de Venezuela y Bolivia de las protestas, o al líder del Partido Nacionalista, es patético no sólo por falso, sino porque es una manera del gobierno de seguir evadiendo su responsabilidad frente a las causas que están en la raíz de las protestas. La mentira no es buena consejera, ni sirve para que la gente asuma sus errores y busque soluciones a los problemas. El mismo presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, ha apelado a esta estrategia en una reciente entrevista televisada, al referirse de manera indirecta que detrás del levantamiento indígena estaba el gobierno de Ecuador, con la finalidad de dañar la capacidad productiva petrolera del Perú y evitar la competencia. Siendo benévolos, podríamos pensar que se trata de una expresión de ignorancia total acerca de lo que sucede en ese país, donde los indígenas atraviesan por problemas similares a los del Perú y protestan contra las petroleras y contra el gobierno con similar energía que en el nuestro. Como ejemplos podemos mencionar el juicio a Texaco interpuesto por los cofanes, y las demandas de los kichwas de Sarayaku contra la Compañía General de Combustibles de Argentina y de los shuares contra otras empresas petroleras. Pero nos cuesta trabajo pensar que gente que gobierna un país pueda ser tan ignorante, razón por la cual pensamos que el argumento ha sido maliciosamente diseñado para distraer la atención.
La asociación de los reclamos con el terrorismo y el narcotráfico es también otra burda mentira. A ninguna organización terrorista ni dedicada al narcotráfico se le ocurriría levantar tal polvareda como la originada por las manifestaciones indígenas en gran parte de la Amazonía, porque sería un acto suicida quedar así al descubierto. Sorprende escuchar al señor Simons sumándose a este coro de falsedades, dado que él mismo, hace algunos años, fue víctima de acusaciones similares, que logró superar gracias a la solidaridad de ciudadanos que denunciaron el atropello contra su persona y al rol de algunas instituciones, entre ellas, ONG y la Defensoría del Pueblo a las que ahora él desacredita.
Lo acaecido en Bagua es lamentable por la muerte de policías e indígenas, cuyas familias se han truncado y deben acostumbrarse a continuar su vida con esposas viudas y descendientes huérfanos. Luego de más de una década de violencia, el enfrentamiento entre peruanos es algo que nunca debió volver a ocurrir. Aunque no se trata de establecer una competencia de muertos, las noticias actuales nos producen profunda desconfianza y pensamos que deberá pasar un tiempo para que se descubra la verdadera dimensión de esta tragedia. El gobierno deberá responder por la muerte de los indígenas y de los propios policías, a quienes mandó para resolver un asunto que debió haber solucionado por la vía política y no de la represión armada.
Lo que sí es objetivo es que la violencia fue originada desde el gobierno, primero con los ataques del perro del hortelano, luego con la promulgación de decretos confiscatorios y, finalmente, con el ataque armado empleando armas de guerra contra población que sólo tenía lanzas, como lo ha reconocido el propio director general de la Policía Nacional, general José Sánchez Farfán, en una entrevista televisada. También sobre esto se ha mentido al decirse que los indígenas dispararon contra un helicóptero, cuando en realidad este hecho sucedió en la zona del VRAE, a cientos de kilómetros de Bagua, y en un contexto en el cual, efectivamente, se enfrentaba el Ejército contra narcotraficantes. Voceros del gobierno han distorsionando las noticias buscando impresionar a la ciudadanía.
Todo acto de crueldad debe ser sancionado, pero antes hay que probarlo, y en las circunstancias actuales, con las noticias dominadas por el gobierno, no hay condiciones que garanticen la objetividad de la información. Así como circulan noticias de actos de barbarie cometidos por los indígenas, hay otras que refieren atrocidades realizadas por la policía. Caer en su difusión es colaborar a confundir las cosas, en vez de buscar soluciones. Sin embargo, el gobierno y algunos medios están avivando antiguas imágenes sobre los indígenas que los presentan como salvajes y, a la vez, aprovechando la situación para declarar una caza de brujas contra el movimiento indígena y contra el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango. Presentarlo a él como responsable de la masacre de Bagua es absurdo. La incursión de la policía se realizó en el más absoluto secreto, apenas unas horas después de la mentira del Congreso de que esperaría los resultados de la negociación del Ejecutivo con AIDESEP. Su rol ha sido actuando como vocero de una posición definida por las bases. Ha sido el gobierno quien ha desencadenado la reacción de los manifestantes al atacarlos con armas de guerra.
Para aguarunas y huambisas la agresión externa y la venta de sus de recursos por el gobierno a empresas extranjeras no sólo está en la letra de los decretos como posibilidad futura, sino que es algo que ya se plasma en la realidad. Desde hace un par de años, el gobierno ha firmado contrato con HOCOL para explotar recursos petroleros en parte del alto Marañón, sin haberse dado la más mínima molestia para intentar consultar la medida antes de tomarla. Por otro lado, la empresa minera, Dorato Perú, subsidiaria de una transnacional canadiense, se ha instalado en la zona de la Cordillera del Cóndor con la finalidad de explotar oro. El Ministerio de Energía y Minas ha dicho que ella no tiene permiso para trabajar allí, pero tampoco ha realizado ningún esfuerzo por echarla. Como ha denunciado el periodista César Hildebrandt y un especial de La Primera hace apenas una semana, esta empresa, que opera en zona de frontera vedada por la Constitución a extranjeros, tiene como gerente general nada menos que a Carlos Ballón, asesor principal en cuestiones de minería del plan de campaña del actual gobierno.
Aguarunas y huambisas son culturas de antigua tradición guerrera, con gran capacidad de unión frente a agresiones externas, como lo han demostrado a lo largo de la historia. Lo que está sucediendo ahora es muestra de eso y el gobierno debería saberlo a fin de detener su irresponsable cadena de provocaciones que puede generar situaciones nefastas para el desarrollo de la paz en el país.
Aunque es difícil que en las condiciones actuales el gobierno rectifique su accionar y acepte su responsabilidad en todo este cúmulo de barbaridades, debemos pedir que haga eso como única manera de plantear condiciones claras y sanas para el diálogo con los pueblos indígenas.
