La denuncia firmada por Manuel Lima y dirigida al presidente del Estado Prurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, (1) sobre los atropellos que están sufriendo los Mosetenes, producto del accionar abusivo e inescrupuloso de los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos y la empresa Petroandina SAM no alcanza para terminar de expresar el terrible cuadro de avasallamiento, de humillación y de violación a los derechos humanos más elementales que están sufriendo los hermanos indígenas que viven en la región conocida como Alto Beni, en la Amazonía Sur boliviana.
Una compañera, digna representante del pueblo Mosetén, nos confesó lo que está sucediendo, sin poder ocultar su aflicción: “El dolor que tenemos es más grande que la muerte. ¿Por qué nos están haciendo esto si nosotros sólo queremos vivir en paz?”
“Esto” que le están haciendo al pueblo Mosetén son, como denuncia la carta firmada por el presidente del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, “acciones de soborno a dirigentes de algunas organizaciones y comunidades indígenas, lo que agrava el cuadro de avasallamiento de las mismas, a pesar de que el propio Evo declaró que no se compraría dirigentes como antes hacían las trasnacionales (La Razón, La Paz, 29/10/2008)”, en referencia a la actuación de la empresa Petroandina, responsable de las labores exploratorias en ese sector suramazónico.
Varios dirigentes indígenas han señalado, en conferencia de prensa brindada el 26 de junio pasado en la ciudad de La Paz, que ellos están seguros de que el presidente Evo desconoce estos hechos y lo instaron a que sancione a esos malos funcionarios del Estado.
¿Soborno = etnocidio?
Un debate que sugerimos profundizar, y que aquí sólo esbozamos, es qué significado encierran esas acciones de soborno a dirigentes indígenas.
La asimetría evidente entre un personero de pueblos históricamente excluidos y olvidados, históricamente condenados al genocidio o al etnocidio, y un funcionario de Estado (o de una empresa del Estado), representante de la sociedad dominante, hegemónica o envolvente como gustan llamarla ahora los cientistas sociales, y que para colmo hace uso del poder corruptor del soborno: ¿no es en sí misma otra muestra flagrante de una conducta etnocida? (2)
Preguntamos si esta clase de soborno ¿no debería ser condenada y sancionada como una violación sistemática y agravada a los derechos de los pueblos indígenas, más allá de que algún dirigente haya aceptado dinero? ¿No es una prueba evidente de la persistencia de los mecanismos coloniales de imposición, sometimiento y dominación? ¿No son los mismos “espejitos de colores” que usaba Colón para engañar la buena fe de los pueblos del Caribe y que, si no eran recibidos, eran acompañados por el más contundente y genocida filo de las espadas?
Finalmente, ¿no es una contradicción insoluble a la incuestionable labor de defensa de los derechos indígenas que el presidente Evo Morales está realizando en el ámbito internacional, donde es valorado y respetado como un paladín en la defensa de esos derechos, como ya se demostró, y es sólo un ejemplo, cuando Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en elevar a rango de ley la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU?
Esos sobornos, ¿acaso no son, precisamente, una abierta violación a esa Declaración? Lo mismo vale para nuestra nueva carta magna, pionera en el mundo en cuanto a la defensa de los referidos derechos. Creo que los abogados solidarios con los pueblos indígenas deberían actuar.
Algo está podrido entre las montañas selváticas del Alto Beni y esperemos, como lo manifestaron los compañeros de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM, organización matriz del pueblo Mosetén que está siendo dividida y avasallada) que Evo escuche ese reclamo justo y enmiende esta situación escandalosa.
¿Se puede comprar dignidad?
Escuchar de boca de los mismos afectados cómo la empresa no sólo compra con dinero a algunos dirigentes, sino que –violando y pasando por encima de las estructuras y mecanismos democráticos de la propia organización– organiza almuerzos para hacer firmar resoluciones de apoyo a la actividad petrolera a los propios indígenas de las comunidades, incluso apelando a la vileza de hacer firmar a los alumnos de las escuelas, indigna.
Este proceder vergonzoso no sólo no es el derecho a la consulta y al consentimiento previo al que deberían acceder los pueblos y es doloroso, por sus implicancias morales, en extremo: nos arroja en el rostro la triste realidad de que aún en pleno proceso de cambio sigue habiendo intereses económicos tan poderosos, capaces de hacer lo que les venga en gana –por encima no sólo de las leyes, sino de las más elementales normas de convivencia y respeto– con tal de conseguir sus objetivos. Ya lo dijimos: ni por todo el petróleo del mundo vale la pena.
Volvemos a insistir en que todo esto que se ha denunciado, y que nosotros no hacemos más que amplificar, debería ser conocido, debatido y considerado muy seriamente como una infame violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas, como un delito de etnocidio y ser sancionado ejemplarmente como tal, y no como simples astucias de los funcionarios o parte del folklore degradante de las personas al cual nos tenían acostumbrados los politiqueros y, como bien decía Evo, las trasnacionales.
La dignidad de las personas no se compra, no se puede comprar, sencillamente por algo que los funcionarios y los petroleros no entienden: porque la dignidad no tiene precio.
Hoy vivimos en un momento histórico donde esa dignidad, especialmente la dignidad de los pueblos indígenas, ha sido puesta por delante de todo, es la argamasa paradigmática del proceso que encabeza el propio Evo. Esto agrava el dolor que sienten los hombres y las mujeres del pueblo Mosetén:
“Si Evo supiera de esto, seguro que los bota a toditos”, nos afirma esperanzada la compañera que vive en una humilde casa de la población de Palos Blancos. Nosotros quisiéramos hacer votos para que eso suceda. Ya lo dijimos: el petróleo lo mancha todo. Incluso la conciencia.
Río Abajo, La Paz, 1 de julio de 2009
Notas
1. La denuncia puede leerse entera también en http://www.ecoportal.net/content/view/full/87061/
2. “Declaramos que el etnocidio, es decir, el genocidio cultural, es un delito de derecho internacional al igual que el genocidio condenado por la Convención de las Naciones Unidas para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948”, afirma la Declaración de San José de Costa Rica de la UNESCO de 1981, uno de los documentos claves para visibilizar la gravedad de este problema. Para leer toda la declaración, entrar en unesdoc.unesco.org/images/0004/000499/049951so.pdf
La problemática del etnocidio no puede aislarse del concepto de “vulnerabilidad” que, como bien dice un especialista, “en general, todas las etnias [de la Amazonía boliviana] sufren de vulnerabilidad en lo económico, político, social y etnocultural… uno de los objetivos de las políticas interculturales de apoyo a los derechos de los pueblos indígenas es atender a las etnias y sus pueblos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad extrema, como resultado de las relaciones asimétricas e injustas en su contacto con la sociedad boliviana o extranjera. El riesgo del etnocidio y la extinción biológica es su característica principal”. Ver Álvaro Díez Astete: Interculturalidad y Pueblos Indígenas amazónicos. En: Memoria del Primer Foro Amazónico. Identidad y desarrollo microregional. Guayaramerín, 18 y 19 de junio de 2007. Ministerio de la Presidencia de la República de Bolivia, La Paz, 2007. Pág. 80.
