El 15 de febrero de 2011, el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social de Brasil (BNDES) suscribieron el Contrato de Colaboración Financiera N. 10219991 por la suma de 332 millones de dólares, destinados a financiar el “Proyecto Carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”.

El 6 de mayo de este año, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la contratación del crédito brasileño mediante Ley N. 112, y autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asumir el repago de las obligaciones contraídas en la ejecución del Contrato, a través del Tesoro General de la Nación.

La Ley N. 112 sancionada por la ALP señala que las operaciones del crédito serán cursadas mediante el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y de manera extraordinaria el Banco Central de Bolivia (BCB) queda exento de la aplicación del Artículo 22 de la Ley 1670 del BCB del 31 de octubre de 1995.

La Ley N. 112 fue remitida al Ejecutivo y un día después, el 7 de mayo, el Presidente la promulgó en Palacio de Gobierno. Suscribieron la norma junto al Presidente los ministros de la Presidencia Oscar Coca Antezana, de Planificación del Desarrollo Viviana Caro Hinojosa, de Hacienda Luís Alberto Arce Catacora, y de Obras Públicas Walter Juvenal Delgadillo Terceros.

La ministra Caro informó que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos de 306 kilómetros demandará una inversión total de 415 millones de dólares. El 80 por ciento del costo será cubierto con el crédito brasilero y el Estado boliviano aportará los 83 millones de dólares restantes.

La vía vinculará a los departamentos de Cochabamba y Beni y constará de tres tramos; el primero entre Villa Tunari e Isinuta (47 kilómetros), el segundo entre Isinuta y Monte Grande (177 kilómetros) y el tercero entre Monte Grande y San Ignacio de Moxos (82 kilómetros).

El segundo tramo atraviesa la zona núcleo del Isiboro Sécure, declarado parque nacional mediante Decreto 7401 el 22 de noviembre de 1965, y reconocido como territorio indígena el 24 de septiembre de 1990 por decreto 22610. En 2009 el gobierno de Morales entregó a los originarios del Tipnis el título de la TCO de más de un millón de hectáreas.

Según el artículo 352 de la nueva Constitución Política de Bolivia, el Estado debe consultar a los pueblos indígenas de forma libre, previa e informada antes de explotar recursos naturales o construir mega infraestructuras en sus territorios ancestrales. En el caso del Tipnis, el gobierno de Morales decidió construir la carretera sin el consentimiento de los dueños legítimos de ese territorio. 

La Subcentral indígena de la zona advirtió que no avalará ninguna decisión que no sea tomada a través de sus instancias orgánicas, como es la asamblea de corregidores. El último Encuentro de corregidores del Tipnis comunicó al Presidente su decisión de \\\"rechazar contundente e innegociablemente\\\" la construcción de la vía. Sin embargo, Morales promulgó la Ley N. 112 y dio luz verde al inicio de obras en la TCO de los pueblos moxeño, trinatario, yuracaré y chimán.

¿Etnocidio?

El proyecto caminero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no sólo ocasionará mayor deforestación y destrucción de la riqueza medioambiental de la valiosa reserva natural, sino que además provocará la desaparición de los pueblos indígenas que habitan ese territorio comunitario, denunció el dirigente de la Subcentral del Tipnis Adolfo Moye en una reunión con funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia.

Los comisionados de la ONU visitan la zona desde el lunes de esta semana para conocer las impresiones y preocupaciones de los indígenas afectados por el proyecto carretero que prácticamente dividirá en dos a ese Parque Nacional. “Será el exterminio de las comunidades”, advirtió Moye horas antes de que la comisión internacional inicie un recorrido por algunas de las comunidades del Tipnis.

Los indígenas moxeños, trinatarios, yuracarés y chimanes, y posiblemente pueblos indígenas aislados como los yuracarés y los yuquis, están en riesgo de desaparecer a raíz del avasallamiento de colonos cocaleros y la construcción de la carretera, denunció Moye. Algunos indígenas del lugar ya hablan de “etnocidio”, definido como la destrucción de la cultura de un pueblo.

En los últimos 20 años el Parque Nacional Tipnis se fue reduciendo, pese a que fue declarado área natural protegida.La última “línea roja” demarcada para evitar la invasión cocalera no ha sido respetada y ahora se teme que con la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos la zona prácticamente se convierta exclusivamente en productora de hoja de coca.

Cecilia y Bernabé son los herederos de quienes lograron el reconocimiento del Tipnis como un territorio indígena inviolable en la histórica marcha indígena de 1990. Dos décadas después, ambos sobreviven rodeados de los colonos cocaleros que tomaron el control de la comunidad Santísima Trinidad, en el ingreso mismo al Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboró – Sécure.

La comunidad Santísima Trinidad se encuentra en medio de la penetración cocalera; “nosotros vivimos en medio de ellos, como son más que nosotros tenemos que acatar sus costumbres de ellos… qué más vamos a hacer”, lamenta Cecilia. Bernabé Noza Cayuba, Capitán Grande de la comunidad Santísima Trinidad, ha perdido autoridad por los constantes atropellos y amedrentamientos de los colonos. Lo peor es que no existe ningún uniformado policial para controlar el lugar, por lo que prácticamente son los cocaleros quienes mandan.

El sub Alcalde del Tipnis Pedro Tamo asegura que antes de que se piense siquiera en construir la carretera los problemas ya se agravaron: “no hay respeto de convenios y se sigue avasallando… en los últimos meses otros 15 kilómetros fueron deforestados para producir coca… En la región de San Miguelito se desalojó a los cocaleros, pero nuevamente volvieron y retomaron el lugar…”. “No hay respeto a nuestra etnia, a las culturas de los pueblos indígenas… Pedimos al gobierno central que se cumplan las leyes porque estamos siendo atropellados y amedrentados…”, reclama Noza.

El año pasado, el presidente del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU, el boliviano Carlos Mamani, manifestó su preocupación por la extrema vulnerabilidad de los pueblos indígenas de América Latina, que aún sufren \"actos de colonización\", pese a los “avances” en países como Ecuador o Bolivia.

\"Por las necesidades que enfrentan los estados de la región respecto a contar con recursos económicos, hoy los pueblos indígenas son objeto de una agresión bastante fuerte de las llamadas industrias extractivas que continúan con actos de colonización\", alertó Mamani y recalcó que \"esos actos son casi o totalmente iguales a los ocurridos en los tiempos coloniales\".