Sin embargo, algunos datos y hechos de la realidad de Acre sobre su política forestal apuntan hacia otra historia que incluye: 1. la continuación de la explotación maderera del bosque y otras actividades productivas empresariales; 2. el “bosque en pie” degradado por el corte selectivo de maderas nobles, como una nueva fuente de ganancias, y “vendido” también a través de “servicios ambientales” como REDD+; 3. mayores dificultades y más restricciones a los pueblos del bosque, en especial a los que luchan por la libertad y la autonomía en la conservación del bosque, del que dependen para seguir viviendo.
En primer lugar, un dato importante es que entre 2003 y 2010, según el instituto federal responsable de la reforma agraria INCRA, los pequeños propietarios de Acre vieron cómo se reducía su ocupación del territorio del 27% al 17% de las tierras registradas. En 2003, 19.200 familias ocupaban 1.100.000 has. y en 2010, 23.500 familias ocupaban 1.388.000 has. de tierras. Al mismo tiempo, la concentración de la tierra aumentó . En 2003, 444 propietarios controlaban 2,8 millones de has. de tierras; en 2010, 583 propietarios ocupaban 6,2 millones de hectáreas de tierras, el equivalente al 78,9% del total de las tierras registradas en ese año. Contribuyó a este proceso de reconcentración la legalización de tierras, que habían sido ocupadas ilegalmente por grandes propietarios a través del Programa “Terra Legal”.
Otro dato relevante es el incentivo a la explotación maderera en las unidades de conservación de uso directo, principalmente para extraer madera para exportación, un negocio que en Acre ha aumentado en los últimos años, llegando a cerca de 1 millón de m3 en 2010, un incremento del 400% desde el comienzo del “gobierno del bosque”. Mientras tanto, en otros Estados de la Amazonía la explotación maderera se redujo a la mitad. Tanto la actividad maderera como la cría extensiva de ganado, que también tuvo un incremento colosal – de 800 mil cabezas en 1998 a más de tres millones de cabezas en 2010– son actividades comprobadamente destructivas para el bosque.
Para empeorar las cosas, otro proyecto de gran impacto climático como es la explotación de gas y petróleo está entre los planes del gobierno.En segundo lugar, la actividad maderera en expansión, llamada “sustentable”, amenaza directamente la supervivencia de las poblaciones locales. Un ejemplo es la situación vivida por la comunidad São Bernardo. En su territorio, cubierto de bosque, la empresa Laminadas Triunfo ejecuta los “planes de manejo forestal sustentable” en asociación con las haciendas Ranchão I y II. La base legal para la explotación maderera de caucho sería un acta que las familias tuvieron que firmar en el Ministerio Público Estadual por la que dan su acuerdo al manejo “sustentable” de la empresa. Al mismo tiempo, se les presiona para que salgan de allí. Algunas familias terminan yéndose pero otras se niegan a hacerlo porque saben que la vida en la ciudad no les ofrece ninguna perspectiva sino que, por el contrario, significa desempleo y miseria.
Las familias que resisten en la región en la que viven desde hace muchos años denuncian la degradación de los cuerpos hídricos (igarapés) de la región, la escasez de caza, la destrucción del bosque y de las carreteras por la continua extracción de madera por parte de Laminadas Triunfo, una empresa que inclusive tiene el sello verde del FSC, obtenido para otras regiones supuestamente con “manejo sustentable”. Mientras que las familias suelen tener hoy superficies de bosque de hasta 800 hectáreas para la actividad cauchera y de otro tipo, la empresa les ofrece a cambio una superficie de apenas 75 hectáreas por familia, en lugares distantes y degradados por la expansión de la pecuaria extensiva de corte. La lucha de esas familias es para implantar una reserva extractivista con autonomía para que puedan conservar el bosque y mantener y fortalecer su modo de vida, sin basarse en la extracción de madera. El proceso para crear la reserva está en curso desde 2005.
Otro elemento importante es la experiencia del gobierno estadual con un proyecto de venta de servicios ambientales que se está aplicando y que fue llamado Fogo Zero (fuego cero). A cambio de unos US$ 60 mensuales, las familias ya no pueden hacer fuego, ni siquiera mantener su costumbre de fuego controlado para sus cultivos de subsistencia que garantizan su seguridad alimentaria y son esenciales para la soberanía alimentaria. Se trata de una violación grave al derecho a la alimentación de esas poblaciones.
El Fogo Zero parece ser solo un primer ensayo, en lo que depende de la ley 2.308, aprobada en 2010 por la asamblea legislativa de Acre, que crea el Sistema Estadual de Incentivos a los Servicios Ambientales, que incluye desde el carbono hasta la llamada “sociobiodiversidad”. Con el argumento de que la protección solo se logra dando valor a la naturaleza, el riesgo real de este tipo de legislación es que el mercado nacional, pero principalmente el internacional, comienza a aproximarse y a controlar el territorio del Estado con el aval del gobierno estadual, el cual se responsabiliza de todo el sistema de regulación, registro, validación, medición y control de supuestos servicios generados, absorbiendo una parte significativa del dinero que se recaude. Se trata de una mercantilización detallada de la naturaleza, con lenguaje y prácticas apenas accesibles a un grupo selecto (ONG ambientalistas internacionales “de mercado”, consultores y empresas), pero inaccesibles para la población en general, especialmente para los pueblos del bosque.
Para discutir todos estos temas, entre el 3 y el 7 de octubre de 2011 se organizaron en Río Branco, capital de Acre, visitas de campo y un encuentro llamado “Servicios Ambientales, REDD y Fondos Verdes del BNDES: ¿Salvación de la Amazonía o Trampa del Capitalismo Verde?” El encuentro tuvo como resultado una carta. En ella, se afirma, entre otras cosas, que “Los destructores serían ahora los grandes defensores de la naturaleza. Y a quienes históricamente garantizaron la conservación natural se los muestra ahora como depredadores y por ello son criminalizados. No sorprende, por lo tanto, que recientemente el Estado haya hecho más ostensible la represión, la persecución e incluso la expulsión de las poblaciones locales de sus territorios”.
Se afirma también que “En São Bernardo, pudimos constatar que se atiende a los intereses de las madereras en detrimento de los intereses de las poblaciones locales y de la conservación de la naturaleza”. Al respecto de programas como el Fogo Zero, se afirma que “Dichas poblaciones inclusive pueden permanecer en la tierra pero no pueden usarla de acuerdo a su modo de vida. Su supervivencia no estaría garantizada por los cultivos de subsistencia – convertidos en amenaza para el buen funcionamiento del clima del planeta -, sino por ‘becas verdes\\\’ que, además de insuficientes, se pagan para mantener la civilización del petróleo”.
Sobre la ley de servicios ambientales, antes mencionada, se afirma que genera “activos ambientales”, como el mercado de carbono, y que “por ley, la belleza natural, la polinización de insectos, la regulación de lluvias, la cultura, los valores espirituales, los saberes tradicionales, el agua, las plantas e inclusive el propio imaginario popular, todo pasa a ser mercadería.”
“Al hacer posible la compra del ‘derecho a contaminar\\\’, los mecanismos como REDD obligan a las denominadas ‘poblaciones tradicionales\\\’ (ribereños, indígenas, quilombolas, cortadoras de coco, caucheros, etc.) a renunciar a la autonomía de la gestión de sus territorios”-
La carta también denuncia un acuerdo de negocios de carbono, que involucra al estado de California en EEUU, que compraría créditos de carbono, y a Chiapas en México y Acre en Brasil, que proporcionarían dichos créditos.La región de Amador Hernandez ya enfrenta un proyecto REDD+ resultante de esta “sociedad” (ver www.wrm.org.uy/bulletin/165/Mexico.html): “Conscientes de los riesgos que tales proyectos traen, rechazamos el acuerdo de REDD entre California, Chiapas y Acre, que ya causó serios problemas a comunidades indígenas y tradicionales, como las de la región de Amador Hernández, en Chiapas, México.”
Mientras tanto, comunidades en California siguen enfrentando los impactos ocasionados sobre su salud para que las empresas contaminadoras en California puedan seguir contaminando a cambio de la compra de créditos de carbono del proyecto de México y en el futuro de Acre.Por último, las organizaciones declaran que “Finalmente, dejamos aquí nuestra reivindicación por la atención a las siguientes demandas: reforma agraria, homologación de tierras indígenas, inversiones en agroecología y economía solidaria, autonomía de gestión de los territorios, salud y educación para todos, democratización de los medios de comunicación. En defensa de la Amazonía, de la vida, de la integridad de los pueblos y de sus territorios, y en contra de REDD y de la mercantilización de la naturaleza. Estamos en lucha”.
Correo electrónico: winnie@wrm.org.uy
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