Según la Dirección de Desarrollo Forestal, se estima que entre 10 y 600 mil pies de madera quina salen de Covendo o Villa  Concepción, una buena parte destinada a la exportación.  Es difícil combatir el ilícito que involucra a indígenas y a algunos funcionarios encargados del control de trancas.

El inspector forestal Fernando Altamirano informó que la ABT y la dirección forestal concretaron una primera inspección ocular para verificar la veracidad de la denuncia. “Notros hemos  podido evidenciar  siete barracas, paqueterías en Covendo y Tucupí donde se transforma la madera en parquet  y luego se traslada en movilidades pequeñas; es un trabajo hormiga porque camuflan la madera  con autorización de aprovechamiento y una vez transformadas ya es difícil identificar la procedencia de la madera”, reveló el funcionario.

Sin embargo, no pudieron ingresar a la población de Covendo porque un grupo de indígenas les detuvieron argumentado que no encuentran las llaves de la tranca.  “Hay mucha gente involucrada en la extracción de la madera y no dejan pasar a ninguna movilidad ajena a la región. Nosotros esperamos dos horas para que abran la tranca y vimos que entraron seis camiones cargados de madera”, añadió Almirano.

Estos datos fueron respaldados por Weimar Becerra, director de desarrollo forestal. “De 20 a 30 camiones salen cada día desde esa zona y trasladan entre seis a ocho mil pies de madera, tanto cortada como en bloques, de los que 30 por ciento tiene papeles con la certificación legal otorgada por la  Administración de Bosques y Tierras (ABT), mientras que el otro 70 por ciento es ilegal”.

Cuando la policía forestal decomisa madera sin permiso de explotación se les impone una multa y luego pasa a ser rematada. En muchos casos son compradas por los mismos contrabandistas; “son grandes mafias que trabajan de manera organizada con ayuda de algunos indígenas. Nosotros hemos podido identificar a tres grupos que operan en estas regiones que dirigen de  lejos y solo financian estas actividades”, dijo Becerra.

Las trancas de control operan sin personal suficiente para realizar este trabajo, carecen de movilidades para el seguimiento; y en algunas ocasiones los empleados se corrompen y dejan pasar la madera ilegal. “Se ha podido evidenciar algunos caminos clandestinos en la TCO para sacar el producto y utilizan todas las vías, ríos y movilidades pequeñas para no despertar sospechas”, destacó Altamirano.

Daniel  Gigasi solicitó la presencia de autoridades gubernamentales a la brevedad posible para frenar la explotación de madera: “No hay una determinación que prohíba la tala indiscriminada de madera, ellos aun continúan deforestando, trasladando la madera y si las autoridades no se pronuncian, esto no se va a frenar”, alertó.

Gigasi aclaró que no todos los mosetenes están involucrados en este tipo de explotación, sino pequeños grupos que “se dejaron convencer por madereros que les han financiado el bloqueo de la comisión gubernamental”. En la TCO alrededor de 3.000 familias se dedican a la comercialización de productos agrícolas y de madera en pequeña escala.

Gigasi fue amenazado en repetidas oportunidades y golpearon a otros dirigentes que se oponían a la actividad ilícita. “Todo el mundo me señala que soy yo el que se opone a esta actividad, en realidad no me preocupo por mí, pero los madereros pueden contratar sicarios para dañar a mi familia… Si el gobierno está a favor del medio ambiente ahora es su oportunidad de demostrar que se frene la tala de árboles, porque de lo contrario se convertiría en un cómplice de estos madereros”, advirtió Gigasi.