Rafael Alarcón tiene cuestiones pendientes que aclarar al país.
Por: SENA FOBOMADE
En lugar de responder a los análisis técnicos del proyecto de megarepresas Chepete-Bala, el 4 de marzo el ministro de Energía Rafael Alarcón lanzó acusaciones públicas en contra de la Universidad Mayor de San Andrés, acción que caracteriza a la autoridad, que evade el debate público y especialmente el debate socioambiental. Rafael Alarcón ha sido viceministro de energía, cuando se firmó el contrato ENDE Tecsult el 16 de julio de 2009 y está directamente involucrado en lo que se constituye el secreto mejor guardado de la Empresa de Electricidad ENDE y ese viceministerio: El contrato ENDETecsult Limitée para los estudios de impacto ambiental de las represas brasileñas del Madera en Bolivia, aprovechamiento hidroeléctrico de la cuenca del Madera y diseño final de la represa de Cachuela Esperanza.
La contratación de Tecsult International Limitee se inició cuando el vicepresidente de la empresa canadiense presenta una propuesta de estudios el 16 de julio del 2009, que motiva posteriormente la instrucción del entonces viceministro de electricidad Rafael Alarcón, para la elaboración de términos de referencia para el mismo. Luego Rafael Alarcón le pide a la empresa que vuelva a presentar la propuesta enviándole los TDRs para finalmente contratarla el 27 de agosto del mismo año. Eso a pesar de que las dos empresas inscritas en FUNDEMPRESA como Tecsult, no cuentan con registro de identificación tributaria, licencias ni renovaron su su matrícula después del año 2009, por tanto, cuando se firmó el contrato, el 27 de agosto de 2008, la empresa no estaba registrada en Bolivia,
Por esta y otras irregularidades, el contrato ENDE-Tecsult Limité, fue denunciado a contraloría el 8 de abril del 2009. El documento “Auditoria Especial al proceso de contratación directa estratégica de la Empresa Tecsult Limitée, realizado en la Empresa Nacional de Electricidad ENDE) durante la gestión 2008”, corrobora las denuncias efectuadas en relación al proceso por FOBOMADE. Entre las observaciones efectuadas en la denuncia a Contraloría, se destaca el incumplimiento a las normas de la Ley SAFCO y sus reglamentos, dado que se invita a una empresa sin evaluar siquiera otras posibilidades, sin procedimientos de calificación y criterios de evaluación, sin un plan de trabajo y referencias del personal propuesto, etc. que garanticen el cumplimiento de objetivos, tampoco se justifica técnicamente el presupuesto.
La Auditoría además verifica que el contrato no fue registrado en el Programa Anual de Contrataciones de ENDE, el formulario de solicitud de contrataciones directas fue realizado en fecha posterior a la invitación a la empresa, los términos de referencia no registran firmas de los responsables además el informe de evaluación técnica no recomienda la adjudicación a la empresa, que fue realizada sin cumplir procedimientos. Lo más extraño de todo es que el contrato, así como el Adendum y el contrato modificatorio del 2009 no fueron refrendados por el Jefe del departamento legal y en consecuencia dichos documentos no fueron protocolizados en la Notaria de Gobierno.
Cuando se firmó el contrato, – mientras funcionaba la Comisión Técnica sobre las represas del Madera, enmarcada en el Decreto Supremo28389, presidida por la Autoridad Ambiental-, el entonces viceministro hizo abstracción de su existencia, así como de los documentos y criterios emitidos por la misma, lo cual resulta en una violación de las normas legales. Esto queda evidenciado porque de manera contraria a la posición boliviana que estableció que Bolivia no firmará tratados que pongan en riesgo la soberanía y los intereses nacionales, el contrato especifica que la consultoría responde a la necesidad de firma de tratados binacionales específicos con Brasil por el inicio de la construcción de la represa brasileña de Jirau.
Rafael Alarcón tiene cuestiones pendientes que aclarar al país. A continuación la carta pública de la UMSA.
