18/02/2014

El famoso Parecer Técnico 14/2007, que no recomendaba la emisión de la LP, dio al MPF (Ministerio Público Federal) de Rondonia y a la sociedad civil esperanzas de borrar la ignominia. Las acciones civiles públicas fueron archivadas, pero la justicia no las valoró hasta hoy.

Después ocurrieron las  dos licitaciones, primero de Santo Antonio y después de Jirau. La fecha no importa más. Pero las represas del Madera deberían haber sido un ejemplo de aquello que la sociedade tenía que exorcisar em matéria de licenciamento de grandes obras. Todo fue inútil, desde las protestas hasta las acciones civiles públicas, del MPF y de las ONGs. Debería haber servido de lección para lo que vendría después, como Belo Monte.

Jirau fue a licitación y al día siguiente el consorcio vencedor anunció que iba a alterar el proyecto. No fue una simple alteración el cambio de la localización de la planta  9 kilómetros  río abajo. Sin más ni menos y sin estudios. Como si fuese usual en términos de proceso de licenciamento ambiental. Fueron violadas, de un solo plumazo, las resoluciones del Conama que rigen el licenciamiento ambiental, la legislación ambiental, la Constitución Federal, la Convención 169 de la OIT y los derechos humanos.

Pero el caso de Jirau no quedó en eso. No bastó la alteración de lugar, aún inventaron una licencia de instalación fragmentada. El presidente del IBAMA firmó una licencia parcial de instalación para el canteiro de obras de Jirau. Un gran artificio que sería usado también en Belo Monte. Como tuvieron éxito una vez, entonces, por qué no intentar de nuevo? No hubo argumento hasta hoy que consiguiese derrumbar esa absurda invención: licencia parcial de instalación para hidroeléctrica.

Ya había sido dada para obras de carreteras. Hasta tiene sentido, porque los trechos pueden ser licenciados de forma independiente. Pero, para hidroeléctricas? Tal vez esa había sido la forma de instituir definitivamente un hecho consumado.

Fueron añadidas, también, condicionantes como  colgandijos en la LP de las dos represas y en las Licencias de Instalación de cada una de ellas. Eran 144 condicionantes, en total, que no se sabe si están siendo cumplidas. No tienen fiscalización. El Ibama no tiene equipamento ni personal y el Ministerio Público, infelizmente, no tiene piernas ni peritos suficientes. Quedó quién?. Nadie.

Los impactos continúan em Porto Velho y en los distritos. Aumento de la prostitución infantil, de la violencia, de los a cidentes en las vías urbanas, falta de infraestructura, equipamentos de salud destruídos, falta de médicos y hospitales, escuelas insuficientes, indemnizaciones pendientes. Los consorcios responsables por las represas y Lula (que las visitó el mismo día en que fue firmada la LO de Santo Antonio, por coincidencia) están felices. Al final la facturación va comenzar.

Lula hasta hizo uno de sus discursos diciendo que ahora Rondonia va conocer que es el desarrollo. Olvidó decir que Rondonia está conociendo ahora mismo que son los impactos sociales y ambientales de la falta de planificación de su gobierno en el trato con la Amazonía.

Los programas del Proyecto básico Ambiental (PBA) de las dos hidroeléctricas del Madera fueron aprobados y los convenios con el estado y municipios fueron firmados. Todo bien pero absolutamente sin transparencia y sin acceso a las planillas de costos. Quién fiscaliza? La respuesta ya se sabe.

Los políticos corruptos interessados en los recursos de compensación y mitigación que llegan a uma cifra de 3 billones de reales con las dos represas. Belo Monte va por el mismo camino.

El día 14 de septiembre, el Ibama concedió la Licencia de Operación (LO) para la represa de Santo Antonio, con 35 condicionantes más –ahora sumando todo, ya son 179. Otra derrota aniquiladora, a pesar de que hace algunas semanas el MPF y MP de Rondonia  recomendaron  que el Ibama se abstuviese de emitir la LO sin que los programas y condicionantes de las licencias anteriores fuesen comprobadamente cumplidos. No lo fueron.

Uno de los asuntos pendientes para la concesión de LO de Santo Antonio era la liberación de las unidades de conservación estatales, según el parecer de Ibama, de 18 de agosto.

Texto publicado em 17 de setembro de 2011