El gobierno no se ha reunido ni una sola vez con los indígenas desde que la IX Marcha llegó a La Paz el 27 de junio. Es más, las autoridades han impugnado a los principales líderes de la movilización, y advirtieron que no negociarán con Bertha Bejarano por sus vinculaciones con el narcotráfico, y menos con el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) Adolfo Chávez, relacionado con el negocio de los juegos de azar.

“Le guste o no le guste, el gobierno tiene que sentarse con estas autoridades”, respondió el presidente de la Subcentral del TIPNIS Fernando Vargas. El presidente de la Cidob reiteró que la solución del conflicto depende de la anulación de la Ley 222 de consulta a los pueblos del TIPNIS sobre la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, pero el Ejecutivo recalcó que es “imposible” atender ese pedido.

Ante la inflexibilidad gubernamental, el viernes de la semana pasada los indígenas instalaron una vigilia en puertas de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, que con el pasar de los días se va convirtiendo en un cerco humano y comienza a inquietar al Ejecutivo.

Como parte de la estrategia de división y desmovilización de la IX Marcha Indígena Originaria, la tarde del sábado 30 de junio el ministro de Gobierno Carlos Romero se reunió con ex autoridades del Consejo Regional Tsimane-Mosetén (CRTM) que es parte de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP). En la oportunidad, Romero firmó un “acuerdo programático” referido a temas de salud, educación y telecomunicaciones, aunque su objetivo principal fue desmovilizar a por lo menos 40 indígenas t’simanes y mosetenes.

El acuerdo no fue autorizado ni consultado con las regionales que integran la columna de la IX Marcha y menos aún con el Comité de Marcha que dirige la movilización. “Por lo tanto, el acuerdo suscrito por el dirigente desconocido German Natte fue producto, según sus propias declaraciones, del soborno y la presión a los que fue sometido durante la reunión con el ministro de Gobierno Carlos Romero”, aclaró la IX Marcha en un pronunciamiento público.

En reunión de emergencia, el Consejo Regional T’simane Mosetene–Pilón Lajas resolvió dejar sin efecto el acuerdo suscrito con el gobierno, debido a que fue firmado sin consultar al directorio ni a las bases que participan de la IX Marcha. El voto resolutivo aprobado la mañana del primero de julio en instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) deja en claro que, en una situación de emergencia como la que viven las comunidades indígenas, la columna de la marcha se constituye en la máxima autoridad del pueblo de Pilón Lajas.

El Consejo Regional Tsimane Mosetene resolvió además acusar de traición a Germán Natte y suspenderlo de sus funciones “hasta que se realice la Asamblea de Corregidores de nuestro pueblo”, y designó como máximos representantes de las comunidades de la TCO Pilón Lajas a Freddy Maito, vicepresidente del CRTM; Nicolás Cuata, responsable de Salud; y a Rufino Pache, responsable de Tierra y Territorio.

El ministro Romero aseguró que “el gobierno no fue a buscarlos a ellos (a los que firmaron el acuerdo), ellos vinieron por propia voluntad… Ellos nos pidieron apoyo para poder retornar a sus lugares y nos informaron que era una decisión ya tomada, hablaron a nombre de 200 personas y no hubo ningún tipo de presión”.

Pero la IX Marcha desmintió “categóricamente que se trate de un convenio voluntario, pues los hechos demuestran que los indígenas del CRTM fueron presionados, sobornados y obligados a adoptar esta decisión, a cambio de llevarlos de vuelta a sus comunidades y otras prebendas ofrecidas. Esto tal como ha aclarado el Vicepresidente del CRTM y el CPILAP en su conjunto”.

Se trató de la “segunda intervención perpetrada por el gobierno al movimiento indígena”, “que no es otra cosa que terrorismo de Estado”, denunció la IX Marcha en un comunicado público.

Crónica de la intervención gubernamental

Al promediar las 22:00 horas del 30 de junio, funcionarios del Ministerio de Gobierno, agentes de inteligencia y efectivos policiales intentaron secuestrar a un grupo de marchistas que se encontraban en el monoblock de la UMSA, específicamente a indígenas del CRTM provenientes de Pilón Lajas, aprovechando que la mayor parte de la columna de la IX Marcha se encontraba en vigilia en puertas de la Vicepresidencia y en la calle Ayacucho.

La responsable de la Comisión de Logística de la IX Marcha Matilde Noza informó que tres funcionarios del Ministerio de Gobierno con tufo alcohólico (Edgar Juan Quispe Zacaca con CI 4887614 LP; Sabino Mendoza Quispe con CI 6081362 LP y una persona no identificada) fueron sorprendidos in fraganti cuando pretendían evacuar a t’simanes y mosetenes en una camioneta Toyota Tacoma blanca con placa de control 2535 APB.

A las 23 horas los agentes del gobierno fueron detenidos preventivamente por los encargados de la seguridad de la IX Marcha en el interior del monoblock, mientras se interponía una demanda en su contra por intento de secuestro. A medianoche  una comisión de la IX Marcha se dirigió hacia la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) para sentar la denuncia, pero su solicitud fue rechazada.

A las 23:30 los guardias de la IX Marcha constataron la presencia de varios vehículos oficiales en las proximidades del monoblock de la UMSA; en el Nudo Villazón, calle J.J. Pérez y avenida del Poeta.  Fueron avistadas las vagonetas Nissan Terrano blanca con placa PNL 099; Hummer H3 roja con placa 2230 HNY; Toyota LandCruiser blanca con placa 1149 YBL; Suzuki Grand Vitara ploma con placa 2486 UUC; Toyota 4 Runner blanca con placa 2481 RFH; y dos vagonetas Nissan Patrol sin placas.

A las 00:30 del 1 de julio llegaron al monoblock de la UMSA los fiscales Claudia Pastén y Tomás Monasterios, supuestamente para conocer el caso y tomar declaraciones a las y los marchistas. Sin embargo, ambos fiscales, en coordinación con el ministro Romero y el viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez, se limitaron a liberar a los funcionarios “secuestrados”, y a la 01:30 del domingo entregaron las llaves de la camioneta Toyota Tacoma blanca con placa 2535 APB  a los funcionarios del Ministerio de Gobierno Edgar Juan Quispe Zacaca y Sabino Mendoza Quispe para que se retiren del lugar.

A las 02:30, luego de reunirse con el ministro Romero y el viceministro Pérez, los fiscales retornaron al monoblock acompañados por el ya desconocido presidente del CRTM German Natte, “sin informar a ningún dirigente de la IX Marcha Indígena que estaba presente sobre sus intenciones de sacar y trasladar a 40 hermanos y hermanas indígenas del CRTM a sus comunidades de origen vía área”, denunció la IX Marcha. Ante esta situación, los dirigentes intervinieron y defendieron a las y los hermanos indígenas del CRTM, interpelando a los fiscales Pastén y Monasterios.

A las 03:30, cuando los fiscales Pastén y Monasterios se retiraron de las inmediaciones del monoblock de la UMSA, miembros del equipo de seguridad de la IX Marcha constataron la presencia de tres camionetas Nissan Frontier blancas con las placas cubiertas, parqueadas en la avenida del Ejército. Al desprender las improvisadas pegatinas con las que el gobierno intentó cubrir  los logotipos de identificación, verificaron que se trataba de vehículos oficiales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con placas de control 2823 ABN; 2823 ASP y 2822 ZYX. 

Los conductores –funcionarios públicos convocados en fin de semana y a altas horas de la madrugada– declararon que desconocían detalles del operativo y que sólo les dijeron que “hay que cumplir una misión especial”.

A la misma hora se avistaron buses de las empresas TUR BUS y Pie Pequeño con placas 404 IRN, 946 HGG y 797 ZSD, que esperaban a los indígenas desertores en la avenida del Poeta para trasladarlos al aeropuerto.

A pesar del nuevo intento de intervención, secuestro y desmovilización, los líderes de la IX Marcha aseguraron que varios indígenas del CRTM se quedaron en La Paz y se mantienen firmes en la lucha por la plataforma de demandas.

Algunos medios reportaron que al menos 250 indígenas habrían retornado a sus comunidades, pero la dirigencia de  la IX Marcha desmintió la información y aseguró que más de 1.500 originarios permanecen en La Paz, la mayoría en el cerco a la Vicepresidencia.

Desde el viernes 29 de junio las puertas de entrada al edificio de la Vicepresidencia han sido “violentamente cercadas y cerradas por algunos dirigentes de organizaciones sociales de tierras bajas… y los funcionarios han sido agredidos verbal y físicamente al momento de ingresar a su fuente laboral y han sido privados de su derecho al trabajo”, se quejó el secretario del Presidente Nato del Congreso Álvaro García Linera.

“Lamentamos esta agresión de algunos dirigentes hacia trabajadores de la función pública y peor aún hacia los ciudadanos paceños que debían realizar trámites y que nuevamente se ven perjudicados para poder desplazarse libremente por las calles a consecuencia de esta violenta ‘vigilia’”, reza un comunicado de la oficina de García Linera.

La Vicepresidencia informó a la opinión pública que pese a “estos ataques agresivos que sufre y mientras se mantenga el cerco a sus oficinas, atenderá con la normalidad que se lo permitan las circunstancias en el Palacio de Telecomunicaciones ubicado en la avenida Mariscal Santa Cruz esquina Ayacucho”.

El vice y sus colaboradores dicen estar “seguros que estas abusivas agresiones a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la ciudad de La Paz no son el camino correcto para encontrar soluciones, al contrario desprestigian a los dirigentes y aíslan a los movilizados del apoyo ciudadano”.

Sin embargo, se percibe que cada vez que el gobierno injuria a los marchistas y discrimina a sus dirigentes, más sectores sociales urbanos se suman a un variopinto movimiento ciudadano que apoya la causa indígena.