Por otra parte, el destino que se dé a los recursos es determinante para que el endeudamiento tenga un impacto positivo en el bienestar de la población. Asimismo, la decisión de contratar una deuda debe velar por mantener la sostenibilidad y no generar una carga para las futuras generaciones, involucrando la participación de la sociedad civil para ejercer un control social en el proceso de contratación de deuda y el uso de los recursos.
Investigaciones realizadas en diversos países muestran casos en los que el endeudamiento no ha sido responsable y generó impactos negativos, no sólo económicos, sino también sociales y ambientales, y que la responsabilidad ha sido tanto de quien contrató la deuda, como del que otorgó el crédito. En este ámbito, el resultado de auditorías de deuda pública han identificado la existencia de deudas ilegítimas, en las que hubo ausencia de beneficio para la población, se dieron actos de corrupción, incumplimiento de las normativas legales, y otras falencias en el proceso como ser el idioma y la traducción del contrato original de préstamo, el tipo de cambio utilizado, documentación diferente entre el acreedor y el deudor, entre otros.
Existen experiencias de algunos países como Ecuador, que a través de una auditoria a su deuda externa determinaron la existencia de una deuda ilegítima con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil BNDES por la construcción de una hidroeléctrica; y de Paraguay, cuya iniciativa de auditoría de deuda externa determinó una deuda ilegítima con Brasil.
En Bolivia, Fundación Jubileo, impulsa iniciativas de auditoría de deuda y sostenibilidad del endeudamiento, en coordinación con redes internacionales de deuda y desarrollo, y trabaja en el análisis y seguimiento a la evolución de la deuda pública.
En la coyuntura, ante la violación a los derechos humanos de indígenas, mujeres, niños y de todos los hermanos y hermanas que defienden el TIPNIS, ante información dispersa e insuficiente, y en atribución al acceso a la información establecido en la Constitución Política del Estado, demandamos el derecho de la población boliviana de conocer toda la información relacionada con la construcción de esta carretera y los intereses que están primando antes que el respeto a la vida y los derechos:
1. Respecto al contrato de crédito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil BNDES: ¿Qué condiciones financieras y condicionalidades se comprometió a cumplir nuestro país? ¿Cuánto se invirtió hasta el momento con recursos del crédito de Brasil y con la contraparte nacional? ¿Por qué no se opta por la anulación definitiva del contrato? ¿Qué alcance tienen las condiciones del contrato respecto a las obligaciones socioambientales y éstas se adecúan a lo que representa el TIPNIS como una fuente de vida? ¿Se ha certificado en el contrato que las obligaciones que él implica no entran en conflicto con la Constitución Política del Estado? ¿Se han tomado las medidas adecuadas en Bolivia para evitar la contratación de una deuda ilegítima en el caso de esta carretera que atraviesa el TIPNIS?
2. Respecto al Contrato para la “Construcción de la Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, llave en mano con financiamiento del proponente”: ¿Cuáles fueron las deficiencias en el proceso de contratación? ¿Es evidente que se efectuaron más de 20 enmiendas, por qué? ¿Cumplieron éstas con las normas? ¿Cuál es el respaldo para el cálculo del precio de referencia? ¿Está la empresa OAS verdaderamente calificada para haberse adjudicado la licitación?
3. Ante las denuncias conocidas: ¿Ha realizado la Contraloría General del Estado una evaluación al proceso de contratación para la “Construcción de la Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, llave en mano con financiamiento del proponente”?, de ser así, ¿Cuáles son los resultados de la evaluación?; en caso de existir responsabilidades, ¿qué medidas se tomaron al respecto contra los responsables?, ¿qué medidas se tomaron para corregir los errores?, ¿qué medidas se tomaron o tomarán para revertir las consecuencias?
4. Con relación a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana IIRSA (cuyo objeto es promover el desarrollo de la infraestructura de transporte, energía y comunicaciones bajo una visión regional) y el beneficio que esta iniciativa representa para países vecinos, como por ejemplo Brasil y Chile: ¿Cuál es el beneficio e interés de Bolivia para priorizar esta carretera?
Con voluntad política, transparencia, adecuado acceso a la información y respeto a los derechos humanos y a la Constitución Política del Estado, podemos avanzar en democracia. Estas interrogantes pretenden contribuir a este propósito.
Fundación JubileoLa Paz, 28 de septiembre de 2011
