El Tribunal Electoral (TE) de Panamá aplicó el voto electrónico en la comarca indígena Ngöbe Buglé, con lo cual ese pueblo originario se convirtió en el pionero en el país en usar ese moderno sistema de sufragio. Las elecciones comarcales del Cacique General, tres Caciques Regionales, siete Caciques Locales y del Cacique Especial Buglé se celebraron el 11 de septiembre.

Las modernas máquinas fueron instaladas en el sector de Quebrada de Guabo, en una de las  mesas a la que se esperaba que asistan 400 personas. El TE capacitó a los indígenas que emitirían el sufragio por medio de este nuevo método, expresó Osman Valdés, director de organización electoral de de esa institución, quien supervisó personalmente el desarrollo del aprendizaje.

Nueve nominados aspiraban al puesto de Cacique General. En total habían 88 postulaciones para el cargo de caciques en las tres regiones que conforman la comarca Ngöbe-Buglé. Además de las nóminas para Cacique General, se presentaron 28 para el puesto de Caciques Regionales y 51 para Cacique Locales.El problema es que la mayoría de la comarca, un 73 por ciento, no fue a votar el domingo 11 de septiembre y, por tanto, no dio su aval a las nuevas autoridades, incluida Silvia Carrera, que sustentaría su cargo con el reconocimiento de 4.646 personas. A las urnas acudieron solamente 24.500 vecinos de los 108.999 habilitados para votar, cuyas boletas se repartieron casi a partes iguales entre media docena de candidatos.

Si fueron habilitados 108.999 electores, significa que los votos obtenidos por la presunta cacique representan apenas el 4,26 por ciento de la comunidad autorizada por el TE a sufragar. Legalmente no debería ser posible.¿Dónde está el problema? Estos comicios fueron organizados por el TE en virtud de un decreto ley de 2010 (el 537), rechazado por una parte de la comunidad indígena, según el cual las elecciones comarcales tienen que ser organizadas y dirigidas por esa entidad, y toda aquella realizada fuera de su ámbito no es válida.

Pero el Congreso masivo, como le llaman los tradicionalistas a su órgano de gobierno, no acepta que el TE les dirija y desde el mismo momento de la promulgación del decreto 537 pugnan por su derogación y figura entre las principales demandas al gobierno.

El Congreso tradicional se basa en el artículo 17 de la ley 10 del 7 marzo de 1997, el cual sustenta que el máximo organismo de gobierno, expresión y decisión étnica es el Congreso General; según su presidente electo, Celio Guerra, resulta el garante para fortalecer la cultura y la identidad del pueblo originario.

Las elecciones del 11 de septiembre fueron organizadas por el TE y auspiciadas, apoyadas y financiadas por el gobierno, que se encargó incluso de enviar representantes y observadores internacionales para seguir los comicios junto a la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, quien se mantuvo ese día en la comarca.

Guerra advirtió que desconocerían los resultados de la contienda y que los Ngöbe no irían a votar -de hecho, lo ocurrido-, aunque ni el gobierno, ni los observadores han tomado en cuenta la casi nula asistencia a las urnas, la cual han achacado a la lluvia y no la relacionan con un rechazo de la población.

Problema de fondo

Hay un problema de fondo que sale poco a la superficie pero que se encuentra latente en el conflicto indígena. La población originaria está dividida en su percepción de la explotación minera en la comarca, en particular Cerro Colorado, donde está el segundo yacimiento de cobre más importante del mundo.

Una parte, al parecer la mayoritaria que se agrupa bajo el Congreso General, está en contra de la minería en la comarca. Fueron ellos quienes, en acciones de calle, obligaron al gobierno a derogar la Ley del 8 de febrero de este año, que reformaba el Código Minero para permitir la intervención de estados extranjeros en la explotación de esa área.

Su éxito permitió la creación de una Coordinadora, aceptada y reconocida por el gobierno como interlocutora válida, para negociar el proyecto de una nueva ley que tiene como principio la no explotación de yacimientos en las comarcas, ni construcción de hidroeléctricas. La proposición tiene como basamento la preservación del hábitat de los pueblos originarios, de cultura, tradición y ancestrales formas de vida en la que no existe la propiedad privada sobre la tierra.

Las reuniones entre la coordinadora y una comisión ad hoc de la Asamblea Nacional concluyeron en julio pero sólo con compromisos que no se han concretado y se diluyen en el tiempo. El gobierno logró incluir en esas rondas, como una cuña propia, a grupos indígenas disidentes de los que participaron en las elecciones del 11 de septiembre.

Significa que la posición del Congreso tradicional no es unánime en la comarca, pues grupos como los representados por los nuevos caciques, elegidos bajo la sombrilla del TE y el gobierno, apoyan la minería en la región y la administración no toma en cuenta si son minoritarios o no.

Como se trata de un gobierno avalado por el Tribunal Electoral, ese es el que reconoce la administración Martinelli, y lo confirma la presencia oficial de su ministra de Gobierno y los observadores internacionales en dichos comicios.

Denunció Guerra las pretensiones del gobierno de controlar los organismos de mando tradicional. Opinó que, al derogar la Ley 8, Martinelli intentó desmovilizar a los indígenas y ganar tiempo para desmantelar el gobierno tradicional y suplantarlo por el del TE, y ese es el propósito de las elecciones de marras.

De esa manera, añadió, les quedaría expedito el camino para dejar a un lado el anteproyecto presentado por la Coordinadora y hacer papel mojado del pacto logrado de no explotar los yacimientos minerales en las comarcas durante su actual mandato, el cual puso fin al bloqueo de carreteras en febrero y marzo.

Reiteró Guerra que las verdaderas autoridades y dirigentes de la comarca Ngöbe Bukle (fonética más cercana a la original que buglé), son las reconocidas y respaldadas por ese pueblo, sus autoridades y dirigentes de las organizaciones y regiones de las comarcas y distritos de los territorios ocupados por el pueblo originario.

Afirmó que el Tribunal Electoral, la Asamblea Nacional, el Ministerio de Gobierno y Justicia, o diputado alguno, no son quienes van definir a los dirigentes de la comarca porque eso es decisión soberana del pueblo NgÃñbe Bukle y campesino, conforme a sus derechos consuetudinarios, ancestrales y culturales.

En resumen, el gobierno abrió un nuevo frente de conflicto que puede complicarse mucho si se pretende disminuir o eliminar el papel del Congreso General como interlocutor válido en futuras negociaciones mineras, como advirtieron sus voceros.

Corresponsal de Prensa Latina en Panamá.