Los líderes mapuches Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche fueron sentenciados a penas de entre 20 y 25 años de cárcel con el cargo de haber participado en un supuesto atentado fallido contra un fiscal en 2008.
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Los jueces los acusan de los delitos de robo con intimidación y homicidio frustrado, durante un supuesto ataque en 2008 al fiscal Mario Elgueta.
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El fallo condenatorio contra los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco se basa en la ley antiterrorista impuesta por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
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El 3 de mayo, la Corte Suprema de Chile acogió un pedido de anulación del juicio contra los cuatro mapuches. La directora del Instituto de Derechos Humanos de Chile Lorena Fríes presentó ante la Corte Suprema un recurso de respaldo al pedido de nulidad del juicio.
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El 15 de mayo, los cuatro indígenas cumplieron dos meses en huelga de hambre en demanda de un juicio justo. Han perdido unos 20 kilos de peso desde que iniciaron la medida de fuerza.
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La Corte Suprema de Chile fijó para el próximo 3 de junio su veredicto frente al recurso de nulidad del juicio.
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Entretanto, la lucha de los mapuches empieza a impactar en la clase media, que recientemente se movilizó contra la aprobación de un proyecto hidroeléctrico que beneficia solo a las corporaciones de Endesa y Colbún.
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El Congreso dio luz verde a un plan hidroeléctrico (HidroAysén) que afectará a varias comunidades indígenas, pero generará millones de dólares en ganancias para las empresas energéticas.
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El proyecto contempla la construcción de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el rio Baker y tres en el rio Pascua con una inversión de 3,200 millones de dólares. Las centrales tendrán una capacidad de generación media anual de 18.430 GWh.
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En 2004 Endesa afirmó que era necesario construir nuevos proyectos de generación eléctrica debido al déficit de energía en el país. El principal consumidor de energía en Chile es la industria minera, seguida por otras industrias consumen el 28%, el sector residencial el 16% y el comercio el 11%.
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Las comunidades Mapuches Huilliches rechazan el mega proyecto HidroAysén por las graves consecuencias que acarreará, tanto al desarrollo como para el libre determinar de las comunidades “que coexistimos con la naturaleza”.
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Según los indígenas, estudios confiables indican que con el 19% de la generación eléctrica actual es suficiente para abastecer a toda la población nacional.
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Al grito de “Dónde están que no se ven los terroristas de HidroAysén”, se movilizaron cientos de miles de chilenos en Valparaíso, en Valdivia, en Temuco, Concepción, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca, Chillán y Puerto Montt.
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El Estado chileno ratificó el Convenio 169 de la OIT, pero el gobierno no lo cumple. El INDH de Chile en su Informe Anual 2010 establece que el Decreto Supremo 124 de reglamento provisional de consultas indígenas no cumple con los principios mínimos aplicables a la consulta y participación de los pueblos indígenas.
