Piden al IFC/Banco Mundial que deje de financiar a la Corporación Dinant de Miguel Facussé

“La Misión constata con preocupación que sigue la represión y violencia contra integrantes de las comunidades y organizaciones campesinas, quienes viven en total indefensión y desprotección ante la parcial actuación de las autoridades. Además, los crímenes cometidos contra la vida en el Bajo Aguán están encaminados a la impunidad, lo que facilita la repetición de violaciones a los derechos humanos”, denunció el colectivo.

Entre los principales señalamientos se destaca la falta de investigación y órdenes de detención en los 19 casos de asesinato contra campesinos registrados en el último año. También, las múltiples violaciones del derecho a la integridad de la persona, provenientes tanto de elementos de las fuerzas de seguridad pública como de los guardias de seguridad privada que resguardan las propiedades de los terratenientes y productores palmeros de la zona.

Además, el comunicado pone en evidencia la existencia de casos de secuestro y tortura, lesiones múltiples y de abusos sexuales. “Hay un ambiente de represión muy fuerte contra las familias campesinas. Continúan los desalojos forzosos sin cumplir con los estándares internacionales. Una forma totalmente violatoria de los derechos humanos que nos preocupa mucho”, dijo a Sirel, el coordinador para Centroamérica de FIAN Internacional, Martín Wolpold-Bosien. La Misión Internacional evidenció también la falta total de cumplimiento de los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas y de las disposiciones legales en materia agraria, y un clima de preocupante estigmatización y criminalización de la lucha campesina. “Siguen la represión, la violencia, la indefensión, la impunidad y la desprotección de la población campesina. Todo eso lo vamos a denunciar a nivel internacional”, aseveró Wolpold-Bosien. Ante esta situación, la Misión Internacional hizo un llamado a las autoridades nacionales a investigar y sancionar todos los asesinatos y crímenes cometidos, así como cesar de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento campesino. También, exigió el cumplimiento de los acuerdos firmados y las disposiciones legales existentes, facilitando el acceso a la tierra, a la salud, educación y vivienda. Finalmente, los integrantes de la Misión señalaron la urgencia de un cambio del actual modelo de desarrollo rural, basado en el agro-negocio y el acaparamiento de las tierras, hacia “políticas que fomenten la agricultura campesina sostenible, y la implementación de una reforma agraria integral”. A la comunidad internacional se le exigió contribuir con medidas concretas y contundentes a una mayor protección de las personas en riesgo, “asegurando que su cooperación se condicione al respecto irrestricto de los derechos humanos”. Asimismo, deberá procurar que la cooperación financiera que brinda al Estado y a compañías privadas “no contribuya a violaciones de derechos humanos” y pidió que se revisen todos los acuerdos de cooperación financiera “con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas que podrían estar involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región”. “Ha sido una experiencia muy enriquecedora e importante, fruto del esfuerzo de todas las organizaciones que han integrado esta Misión. Compartir esta tragedia y el sufrimiento de la población afectada ha generado un compromiso más fuerte con esta lucha. Vamos a seguir muy de cerca esta situación, acompañando la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad”, concluyó Wolpold-Bosien. El informe final será presentado ante la Comisión de Verdad (CdV), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH), a la Unión Europea y a la Corte Penal Internacional (CPI).

La delegación de la Misión Internacional se reunió en Washington, Estados Unidos, con representantes de la Compliance Advisor Ombudsman (CAO), para pedir que investigue las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el Bajo Aguán, y detenga la ejecución del proyecto sobre palma africana que la IFC aprobó en 2009 a la Corporación Dinant, propiedad de Miguel Facussé. Gracias al apoyo del Bank Information Center (BIC), miembros de la delegación de la Misión Internacional se reunieron el jueves 24 de marzo, con representantes de la CAO. Este es el mecanismo de recurso independiente para proyectos financiados por organismos del Grupo del Banco Mundial que se ocupan del sector privado, tal como la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). En enero de 2009, la IFC aprobó a la Corporación Dinant un proyecto de financiamiento (número 27.250) por 30 millones de dólares que beneficia directamente al terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum. Facussé es señalado por las organizaciones campesinas del Bajo Aguán como el principal responsables de las graves violaciones a los derechos humanos en la zona. El proyecto prevé aumentar la capacidad de producción y la red de distribución de aceite de palma, desarrollar nuevas plantaciones de palma africana y la construcción de una planta de biogás para generar electricidad. Durante el encuentro, la delegación de la Misión Internacional presentó los dramáticos resultados de la investigación realizada en el Bajo Aguán, donde se evidencia una severa crisis de los derechos humanos que ya ha dejado un saldo de 23 campesinos asesinados. Además, expresó su total desacuerdo con la aprobación y continuación de un proyecto millonario que no solamente beneficia a una empresa señalada como la presunta responsable de la represión contra miles de familias campesinas, sino también como la impulsora de un monocultivo que está afectando gravemente la seguridad alimentaria en la región. Finalmente, los delegados de la Misión Internacional recogieron todas las informaciones necesarias para presentar una reclamación formal ante la CAO, respaldándola con la documentación pertinente del caso. “Para nosotros es prioritario que se detengan de inmediato los asesinatos y la represión. Para lograrlo es imprescindible que se fortalezca la presión sobre los principales impulsores de la violencia. Afectar sus negocios, ganancias e imagen es un instrumento importante, y vamos a hacer lo posible para que no se sigan financiando estos proyectos”, dijo a Sirel la representante de FIAN Honduras, Ana María Pineda.

Fuente: http://www.rel-uita.org/agricultura/palma_africana/mision_internacional_en_washington-2.htm http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2011/03/honduras-sistematica-violacion-de.html

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