“ Mientras que sin duda una adecuada especialización y comercio entre países con similares niveles de desarrollo puede ser de gran beneficio mutuo, una liberalización comercial a ultranza entre economías con grandes diferenciales de productividad y competitividad, significa graves riesgos para los países de menor desarrollo relativo dada la probable destrucción de su base productiva, y, con ello, la destrucción de puestos de trabajo sin capacidad de crear nuevos empleos, todo lo cual constituye una verdadera bomba social.”
Rafael Correa (2006)[2]
El gobierno del presidente Rafael Correa busca un acercamiento con la Unión Europea (UE) para acelerar un “acuerdo comercial para el desarrollo”. Un primer intento se lo hizo cuando la UE propició un “acuerdo de asociación”[3] con los países andinos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Bolivia, preocupada sobre todo por el tema de la propiedad intelectual, se retiró pronto de esta iniciativa europea, que, en la práctica, hirió de muerte a la integración andina. Ecuador se retiro un año más tarde, en junio del 2009. El entonces canciller Fander Falconí, en sintonía con el pensamiento del presidente Correa y por una disputa bananera (aún no totalmente resuelta), sacó al Ecuador de la mesa de negociaciones. No obstante, a poco de la renuncia del ministro Falconí, en enero del 2010, el gobierno ecuatoriano planteó un nuevo acercamiento, que quedó trunco.
En la actualidad, el creciente déficit comercial global, que bordea los 1.500 millones de dólares al finalizar el año 2010, provocado por la ausencia de una clara e inteligente concepción estratégica de inserción en la economía mundial[4], que coincidió con la finalización (temporal) de las preferencias arancelarias andinas (ATPDEA), ha creado las condiciones para que diversas fuerzas interesadas, dentro y fuera del gobierno, presionen para que el régimen retome las negociaciones. Es cada vez mayor la presión mediática para convencer a la sociedad de que esta negociación es indispensable para el país. Se exacerba conscientemente el síndrome del atraso en relación a las negociaciones avanzadas con Colombia y Perú y, del miedo a quedarse sin TLC.[5]
Incluso se ha llegado al chantaje burdo: “El solo hecho de estar en la incertidumbre de renovaciones cortas (de la ATPDEA) hace que nuestros clientes busquen otros proveedores en el mundo. Peor aún si es que el Ecuador pierde por completo las preferencias, nuestra exportación se reducirá a cero”, llegó a afirmar Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles. Para desmontar tamaña aseveración bastaría con ver que el monto del “beneficio” de la ATPDEA durante los cuatro años del gobierno del presidente Correa, del 2007 al 2010, no llegaron a 105 (ciento cinco) millones de dólares; es decir un monto muy pequeño en relación a las exportaciones hacia los EEUU, las que, en el mismo período, superaron los 25,2 mil millones de dólares y las globales los 64 mil millones de dólares.[6]
Los sectores que auspician el Tratado de Libre Comercio (TLC) omiten que los TLC son mucho más que tratados de comercio. Nada indican sobre las sumisiones geopolíticas y económicas que implican. No es tema discusión la cuestión de las restricciones sociales y ambientales que imponen los TLC. Se obvia reconocer los impactos nocivos sobre el empleo en determinadas actividades productivas, como la agraria. Poco o nada les importa que los TLC congelen las estructuras productoras y exportadoras sustentadas en el extractivismo, impuesto hace más de 500 años con la llegada de las carabelas españolas. Y por cierto tampoco reconocen que son propuestas al servicio de los intereses de los capitales transnacionales.
No parece adecuado hablar simplemente de un acuerdo comercial para el desarrollo sin analizar su contenido. Recuérdese que en este tipo de acuerdos, al menos con la UE, prima la parte comercial-económica, mientras el diálogo político y el componente de cooperación se mueven bajo otras lógicas y tiempos. Seguir por esta senda, sin un análisis crítico, podría fortalecer el “bobo aperturismo”, que tanto cuestionaba Rafael Correa.
Del acuerdo de asociación al acuerdo multipartes, antesalas del TLC
Sin hacer caso a las afirmaciones tremendistas, propias del “terrorismo económico”[7], preguntémonos ¿de qué se trata un acuerdo comercial para el desarrollo? Aclarar esta pregunta resulta vital. Los europeos, como bloque, plantearon a los andinos, como bloque, negociar un acuerdo de asociación. Esta aproximación entre bloques, como lo dejamos sentado al inicio, fracasó. Al retirarse Bolivia, que cuestionó dicho acuerdo de asociación en tanto reeditaba la lógica de los TLC, los tres países andinos restantes en la CAN recibieron la oferta de un tratado multipartes, un eufemismo para negociar bilateralmente acuerdos entre la UE y cada uno de los países andinos, en este caso con Colombia y Perú.
Con el ministro Falconí, el gobierno de Ecuador propuso profundizar en otros criterios en este tipo de acuerdos. Se habló entonces de un acuerdo comercial para el desarrollo, que debía agregar a las negociaciones, a más de los temas comerciales, la cuestión de la cooperación y, por cierto, aspectos políticos, como los referidos a las cuestiones migratorias, concretamente a la Directiva del Retorno, que criminaliza la movilidad humana y que fue cuestionada incluso por el presidente Correa. Recuérdese que en la Constitución se incorporaron principios fundamentales como son “la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países” (Artículo 416,6).
La respuesta europea al planteamiento ecuatoriano fue ambigua. Así, cuando Ecuador en el 2010 demostró el interés de volver a negociar, la UE dijo tener la predisposición para conversar dejando claramente sentadas algunas cuestiones que limitaban el planteamiento del gobierno ecuatoriano. Sobre lo político se dijo que la Comisión no tenía un mandato suficiente otorgado por el Parlamento Europeo y que otros temas debían ser negociados con cada uno de los países miembros. En lo referente a la cooperación apenas se mostró interés en revisar la forma de distribución de los recursos ya comprometidos para los próximos años. En suma, lo que quedó abierto es retomar los diálogos en el ámbito netamente comercial/económico planteado en las diferentes mesas de negociaciones sobre inversiones, servicios públicos, propiedad intelectual, acceso a mercados de bienes agrícolas y bienes no agrícolas, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras públicas, política de competencia, facilitación en aduanas, comercio y desarrollo sostenible, solución de diferencias… temas que fijan los límites de las negociaciones propuestas por la UE.
En suma, si no existe una real apertura europea para incorporar las cuestionesque tienen que ver con un verdadero diálogo político y también de cooperación, con una perspectiva profunda e incluso estructural, sobre bases de equidad no de igualdad, el Ecuador, al entrar nuevamente en el tren de las negociaciones avanzadas por peruanos y colombianos, caería por una suerte de embudo que le conduciría inexorablemente a un acuerdo tipo TLC. En la comunicación enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador al jefe negociador de la UE, Gaspar Frontini, se trata básicamente de los temas de compras públicas y servicios. Otros aspectos fundamentales, como la propiedad intelectual o el migratorio, no aparecen en esta misiva entregada el día 21 de febrero del 2011. Esta es una situación preocupante.
Querer negar los riesgos que implica la negociación con la UE o tratar de decir que el acuerdo de comercio para el desarrollo por definición, sin analizar sus contenidos, no implica el riesgo de un TLC implicaría un elevado grado de ingenuidad o sería simplemente un engaño a la sociedad. Recuérdese lo que afirmó el comisario europeo Peter Mandelson, en la Cumbre de Presidentes de América Latina y el Caribe – Unión Europea, realizada en Lima, en mayo del 2008, cuando señaló que el pilar comercial del “acuerdo de asociación” era, esencialmente, un TLC y que no aceptarían propuestas por fuera de ese marco. El fue categórico, cuando agregó “que quien insistiera en esas propuestas se vería excluido de las negociaciones”.
Esta pretensión europea, de lo que sabemos, no ha sido archivada. La propuesta comercial europea plantea exigencias tipo “OMC plus”, que van más allá de lo acordado en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esto es también más complejo en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, por lo que se ha llegado a hablar de un “ADPIC plus”.[8] Pretensiones que fueron rechazadas, explícitamente, tanto por el presidente Correa como por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hasta ahora el gobierno ha mantenido una posición firme en ese sentido. Pero parecería que hay condiciones que podrían afectar dicha convicción. Algunos personajes, inclusive dentro del gobierno, demuestran una gran capacidad para tergiversar las palabras. Sorprende por igual que en las filas del gobierno, directamente en el equipo negociador con la UE participen, al más alto nivel, personas que alentaron el TLC con los EEUU. Estos personajes, quienes hasta hace pocos años eran defensores de los TLC, sin haber cambiado para nada su posición, hablan de acuerdo comerciales para el desarrollo, readecuando los términos más no los contenidos de dichos acuerdos tipo TLC.
Conocemos los riesgos y las amenazas de los TLC. Bastaría con rescatar los trabajos que se elaboraron cuando el Ecuador estuvo cerca de firmar un TLC con los EEUU. Ahora, de conformidad con un estudio recientemente preparado por investigadores de FLACSO – Ecuador y del CEDLAS/UNLP-Argentina[9], el acuerdo entre Ecuador y la UE generaría, a nivel agregado, efectos en términos de crecimiento económico muy pequeños, alrededor del 0,35% del PIB. En términos de generación de empleo, y ampliación y diversificación de actividades manufactureras los resultados son por igual muy pobres. Si se excluye el banano, las ganancias de acceso al mercado serían aún menores.
Se entiende entonces, que los ganadores de este proceso serían los grandes comercializadores de banano, los mismos que, como es de conocimiento público, ni siquiera, algunos de ellos, tributan de forma correcta. Hay muchos intereses económicos en juego para mantener el status quo de la “banana republic” o la “no republic”.
Recuérdese que el Ecuador goza ya, desde hace muchos años del sistema general de preferencias arancelarias con la UE, lo que facilita el ingreso de sus productos a dicho mercado; mientras que la UE espera con este acuerdo asegurarse un importante acceso a nuestra economía. Lo que es aún más preocupante, con este acuerdo se reforzaría la posición del Ecuador como país productor y exportador de materias primas, particularmente productos agrícolas, lo que debilitaría la estrategia de desarrollo endógeno del país y por cierto las perspectivas de construir el Buen Vivir.[10]
En síntesis, la UE tiene mucho más por ganar, mientras que Ecuador pondría en riesgo su futuro. En la actualidad, además, la UE atraviesa por una grave crisis que marcará su desenvolvimiento en los próximos años; es importante reconocer que en Europa se quiere resolver la crisis provocada por el neoliberalismo a través de una salida neoliberal. En este ambiente se han consolidad varias normas neoliberales en el ámbito de la UE, como son para mencionar apenas dos ejemplos, la liberalización del sector servicios propiciada por la Directiva Bolkenstein, o la apertura irrestricta a los productos transgénicos, contraria al Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas.[11] Si estas visiones neoliberales priman dentro de Europa, lo lógico será que desde allí se trate de exportarlas a otras regiones en función de los intereses europeos. Parece obvio esperar que la UE no firmará nada por debajo o al margen de su marco jurídico.
Europa, además, busca recuperar espacios de competitividad particularmente frente a China asegurándose condiciones ventajosas en terceros países. Los TLC, en suma, son herramientas estratégicas para los intereses europeos.
En estas condiciones, mientras observamos expectantes el avance de las negociaciones con Europa, confirmadas por el presidente Correa, dejamos constancia de los riesgos que podría cernirse sobre la Constitución de Montecristi y por cierto sobre el Plan Nacional para el Buen Vivir.[12]
La embajadora del Reino Unido, Linda Cross, en entrevista, reconoce que una complicación para concretar las negociaciones entre Ecuador y la UE “puede ser la Constitución, por ejemplo, donde hay preferencia para compañías nacionales en sectores estratégicos. No vale la pena entrar a cuatro o cinco rondas de negociaciones y al final que la Corte Constitucional diga que es inconstitucional. Hay que resolver este problema antes de entrar en negociaciones.” (Diario El Universo, Guayaquil, 21.2.2011)
Ver a la Constitución como un problema ratifica claramente los riesgos que se ciernen sobre la carta magna. Podríamos preguntarnos si será acaso que ya se está pensando en reformar la Constitución para adecuarla a la lógica de las negociaciones con la UE o que simplemente vía leyes se tratará de dejar insubsistentes las disposiciones constitucionales.
Nuevas amenazas para la Constitución de Montecristi
Teniendo la Constitución en la mano identifiquemos las principales amenazas de un potencial TLC con la UE. Tarea que también deberían asumir todos los funcionarios del Estado.
Para empezar, tal como reza el artículo 424: “La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”. Ningún tratado pueda estar por sobre la Constitución. Ningún tratado puede limitar o restringir los derechos establecidos en la Constitución. Así las cosas, ningún acuerdo puede ceder soberanía a organismos de arbitraje internacional o incautar nuestros derechos a la salud, por ejemplo. Si un tratado establece más derechos, que no es el caso de los TLC, se incorporan a los derechos reconocidos constitucionalmente.
En consecuencia, “los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución” (artículo 417). Y la ratificación de dichos tratados (artículo 419), “requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que (…) 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. 4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. 5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. 6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio.” De los tres numerales del artículo 419 se desprenden severas normas que no podrán ser descuidadas o transgredidas por los negociadores. Insistamos, los acuerdos a los que lleguen los negociadores tienen que ser discutidos y ratificados por la Asamblea Nacional. Es decir que los negociadores e incluso el presidente de la República no pueden suscribir un TLC al margen de los límites establecidos por la Constitución de Montecristi.
Pero hay más, “la aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no podrá menoscabar, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos” (artículo 421). Disposición fundamental cuando se trate de negociar temas vinculados a la propiedad intelectual o de la salud, por ejemplo.
“No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privada” (artículo 422). Con esta disposición constitucional el Ecuador no simplemente pretende recuperar espacios de soberanía económica y por cierto jurídica. Lo que se busca es establecer un sistema que asegure una verdadera equidad para inversionistas extranjeros y nacionales. No es posible que solo los inversionistas de fuera del país gocen de la protección de esquemas de arbitraje en caso de disputas con el Estado. Esto, por cierto, implica una profunda reestructuración de la justicia en el Ecuador siguiendo lo que dispone los artículos 21, 22 y 23 del régimen de transición de la Constitución de Montecristi.
Desde la Constitución también se propone un nuevo sistema de comercio e inversión, así como el control internacional a las corporaciones multinacionales y la creación de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de la Madre Tierra.[13]
Volviendo al mencionado ya artículo 416, se establece que “las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:
1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad.
7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos.
12. Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados.
13. Impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera.”
Uno de los puntos cruciales dentro de un TLC es el que tiene que ver con la apertura comercial a productos alimenticios y agrarios en general. Debemos tener en cuenta que la producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es, más bien, un modo de vida. Es el fundamento básico para la preservación de opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio, define modalidades de relación con la Naturaleza, tiene que ver directamente con los temas críticos de la seguridad y la soberanía alimentaria. Por lo tanto, no puede ser tratada como cualquier otra actividad económica o cualquier producto.
En Ecuador, artículo 281 de la Constitución, “la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente.” Téngase presente, por igual, que la Constitución, en su artículo 284, numeral 6, dispone “promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de semillas.” Allí también en el artículo 284, numeral 8, se habla de la necesidad de “adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de alimentos.”, en el numeral 9, de “regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización.”
En los TLC, como se ha visto en el caso mexicano, la apertura comercial provoca duros golpes al abastecimiento soberano de alimentos y masivas destrucciones en la estructura productiva agraria, particularmente de los campesinos. México, atado al TLC con los EEUU desde hace ya más de 15 años, fue el país que mayores impactos registró durante la reciente crisis económica internacional, precisamente por la excesiva dependencia del mercado norteamericano.[14]
No se puede tampoco minimizar las amenazas de este tipo de acuerdos para la soberanía económica del país, tema ampliamente tratado en el capítulo cuarto de la Constitución. Los TLC, se conoce hasta la saciedad, establecen límites para que los Estados puedan utilizar las compras públicas a plenitud como una herramienta básica de la política económica, fundamental para el fomento de la producción nacional y la creación de empleo. Por lo que se correría el riesgo, si se suscribe un TLC con la UE, de afectar el artículo 288 de la carta magna ecuatoriana: “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.”
La lista de aspectos que podrían entrar en contradicción con la Constitución es enorme. Bastaría revisar el artículo 304 relativo a la política comercial[15], o el artículo 306 que tiene que ver con el control y fomento de exportaciones e importaciones con criterios ambientales. El manejo de los sectores estratégicos, artículo 313, tampoco estaría libre de estas amenazas, si recordamos que en los TLC se busca propiciar la privatización de las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el agua.[16]
La cuestión de la propiedad intelectual es otro asunto complejo. Con la introducción de un sistema de patentes dentro de la lógica de los TLC se podría contradecir el artículo 322 que “prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad.”
Las complicaciones en el régimen del buen vivir, título VII de la Constitución, podrían ser por igual múltiples. Bastaría con revisar los artículos relativos a la educación (348 y 352 o 356), la salud (artículo 362), seguridad social (367), biodiversidad (artículo 395, 400, 401[17], 402, 403).
Algunos puntos a considerar
En síntesis recordemos los principios más relevantes que constituyen el espíritu y la letra de la Constitución de Montecristi, en concreto de los artículos anotados anteriormente, que apuntan a la configuración de los contenidos que deben orientar las políticas de integración, de comercio exterior y por cierto de inserción de nuestro país en el mundo.
La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico.
Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución y sólo serán legítimos si es que reconocen, promueven o protegen derechos fundamentales.
La ratificación o denuncia de los tratados internacionales de comercio requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional.
Los instrumentos comerciales internacionales no afectarán, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos. Si lo hacen, al ser inconstitucionales, no son aplicables.
La imposibilidad de celebrar tratados internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional.
La independencia e igualdad jurídica de los Estados.
La soberanía nacional, la integración latinoamericana y una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial.
Política de integración en base a la cooperación, la integración y la solidaridad.
La defensa del principio de ciudadanía universal.
El intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes justos y eficientes.
El consumo social y ambientalmente responsable.
Priorización de los productos y servicios nacionales en materia de compras públicas.
Desarrollo, fortalecimiento y dinamización de los mercados internos, así como la producción nacional.
Prohibición de las prácticas monopólicas y oligopólicas.
Regulación, control e intervención estatales, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas
Promoción de la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente y equitativo.
La soberanía alimentaria como objetivo estratégico del país.
Políticas fiscales, tributarias y arancelarias de protección a producción nacional.
Regulación bajo normas de bioseguridad del uso y desarrollo de biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización.
Los Derechos de la Naturaleza.
Sanción de los daños ambientales y su causa no prescribirá.
Gratuidad de la salud y la educación.
Rescate y vigencia de los conocimientos y sabidurías ancestrales.
Desarrollo y transferencia del conocimiento científico y tecnológico.
Participación ciudadana como derecho individual y colectivo, sobre todo cuando se discuten de interés nacional como sería la negociación con la UE, la misma que tiene que ser totalmente transparente.
Sería una gran miopía política y un grave error estratégico considerar que porque estos principios básicos se encuentran escritos en la Constitución la realidad ya está transformada o que ésta no puede ser amenazada por un TLC con la UE. Es más, si se avanza en la suscripción de un TLC con la UE se podría reabrir la puerta del TLC con los EEUU, algo que sería realmente intolerable.[18]
El cuestionamiento al TLC con la UE o los EEUU no cierra las puertas a otros tratados bilaterales o multilaterales, siempre que éstos no constituyan la imposición de condiciones adversas al desarrollo nacional y regional. El Ecuador debe multiplicar sus esfuerzos para insertarse activa e inteligentemente en el mundo. La tarea es establecer vínculos con la mayor cantidad de economías relevantes a más de las economías vecinas, por ejemplo con China e India; así como, con economías con similares niveles de desarrollo, en las que la complementariedad lleve a beneficios mutuos. También, hay que comerciar con los mismos EEUU[19] y la UE[20], pero no bajo la lógica de igualdad de condiciones como plantean los TLC (las diferencia en los niveles tecnológicos y de competitividad con Ecuador son muy grandes); aquí caben acuerdos donde primen los aspectos de cooperación norte-sur y diálogo político, no al revés, sirviendo de “tontos-útiles” en donde los productos y servicios de los países desarrollados son los grandes ganadores Hay que buscar una sostenida diversificación de las exportaciones, no depender de pocos mercados y menos aún de uno solo. El comercio debe orientarse y regularse desde la lógica social y ambiental, no exclusivamente desde la lógica de acumulación del capital; así, por ejemplo, el comercio exterior no puede poner en riesgo la soberanía alimentaria, la soberanía energética, los derechos de propiedad intelectual, las compras públicas, ni el empleo del país.
Con la crítica al TLC no se cierra la puerta a aquella inversión extranjera que puede contribuir al desarrollo nacional. Tampoco se acepta que toda la inversión nacional se ajusta a las necesidades de dicho desarrollo, pues, no podemos ocultar, que parte importante de la pobreza y el atraso nacionales se debe a una sistema de acumulación de capital rentístico, oligopólico e incluso oligárquico, que aún se mantiene luego de cuatro años de gobierno del presidente Correa. Ya lo digo en el año 2006 el ahora presidente Correa: “Una verdadera política de desarrollo, en lugar del simplismo del libre comercio en función de ‘ventajas comparativas’, necesariamente implica una política industrial implícita o explícita, que promueva las industrias viables y que las proteja hasta haber logrado las economías a escala y/o externalidades positivas que les permitan competir en el mercado internacional.”
La seguridad jurídica debe ser para todos, es decir para la sociedad en su conjunto y las respectivas comunidades, para el Estados y sus empresas, por cierto para la Naturaleza, no sólo para el capital extranjero. Esta seguridad jurídica de nuevo cuño de darse a partir de la premisa de que en este país el eje es el ser humano viviendo en armonía con la Naturaleza, lógica que debe normar los acuerdos y convenios internacionales.
Ya con la dolarización perdimos una herramienta fundamental de política económica, los TLC nos llevarían a perder otras herramientas fundamentales, como son, entre otras, la política arancelaria y la política de compras públicas. Con esta miopía económica, no se alcanzarán los objetivos de la política económica establecidos en el art. 284 de la Constitución: “2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional; 6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales; 7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo; 8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes.”.
Concluyamos recordando nuevamente lo que manifestaba Rafael Correa en el año 2006: “en la toma de decisiones con riesgo, todo es cuestión de probabilidades, y aferrarnos a la existencia de ‘oportunidades’, independientemente de las escasas probabilidades de éstas, es simplemente un absurdo económico.” En este sentido, dar paso a un TLC afectando la Constitución de Montecristi, aquel proyecto de vida en común para construir el Buen Vivir, sería una verdadera traición a los principios que inspiraron -al menos en una primera etapa- al gobierno del presidente Rafael Correa.-
Notas:
[1] Ex-presidente de la Asamblea Constituyente y ex-ministro de Energía y Minas
[2] Este texto se tomó del artículo de Rafael Correa: El sofisma del libre comercio, que sirvió de prólogo del libro de Alberto Acosta, Fander Falconí, Hugo Jácome y René Ramírez; El rostro oculto del TLC, Abya-Yala, Quito, 2006.
[3] En este tipo de acuerdo, con el que la UE quería incluso alentar la integración regional andina, se plantearon tres ejes fundamentales: diálogo político amplio, cuestiones de cooperación y los temas comerciales-económicos.
[4] A principios del 2010, como una muestra más de la ausencia de una estrategia de largo plazo inclusive en el campo de la producción, se empezó a desmantelar las salvaguardias por desequilibrios de balanza de pagos aprobadas para enfrentar la crisis que empezó a fines de año 2008; estas medidas proteccionistas dieron resultados positivos al alentar la actividad de algunos segmentos productivos, como el textil y del cuero.
[5] En la actualidad un 80% de la población vería con buenos ojos los convenios de tipo TLC, cuando en el año 2006 este apoyo no llegaba al 35% (Perfiles de Opinión).
[6] Para ponerlo en porcentajes, el beneficio de dichas preferencias representó apenas el 0,41% de las exportaciones a los EEUU y el 0,16% de las exportaciones totales.
[7] Entendemos como “terrorismo económico” técnicamente hablando- la acción de cualquier persona o institución, político o publicación, gobernante u organismo que difunde noticias u opiniones infundadas o carentes de constatación empírica que pueden llevar a la población a actitudes que hagan realidad el rumor que han corrido o que alienten la aceptación de posiciones sumisas frente a situaciones supuestamente inevitables. Esto, por ejemplo, sucedió cuando de manera irresponsable o tendenciosa se amenazó diciendo que estábamos “con un píe en la hiperinflación” para imponer la dolarización.
[8] Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de la OMC, negociado en la Ronda Uruguay (1986-94), incorporó por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio. En este tipo de acuerdos ADPIC plus las pruebas de datos llegan a 25 años, cuando en la legislación europea están en los 15 años.
[9] Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata de Argentina.
[10] El Plan Nacional para el Buen Vivir orienta sus contenidos hacia la generación de riqueza y redistribución bajo condiciones post-petroleras, bajo opciones que engloba bajo los rótulos de bioconocimiento y servicios turísticos (expresados, por ejemplo, bajo la metáfora de una “biópolis ecoturística”).
[11] No se puede olvidar que en la UE se ha comenzado a desmontar las leyes laborales, a menoscabar el sistema de pensiones y por cierto el control estatal sobre determinados sectores estratégicos.
[12] En el año 2005, gracias a la movilización popular, se paró el TLC con los EEUU. Como se afirmó en el Plan de Gobierno del Movimiento País 2007-2011, redactado en el año 2006, como plataforma electoral del presidente Correa, “debido a los importantes efectos negativos advertidos y a la irreversibilidad de la medida, rechazamos el TLC que se está negociando con los EEUU y cuya negociación se suspendió gracias a la movilización popular, encabezada por diversas organizaciones indígenas. Alianza País agotará sus esfuerzos para inviabilizar la concreción de este tratado, visiblemente inconveniente para el país, durante el presente año y a partir de enero del 2007, desde el gobierno, rechazará cualquier posible negociación de este TLC o no lo cumplirá en el caso de que haya sido impuesto arbitrariamente al pueblo ecuatoriano.”
[13] El artículo 71 expresamente reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos. Un paso revolucionario a nivel mundial. Otros temas importantes en esta materia se los desarrolla en los artículos 72 y 73.
[14] Anótese que Chile y México tienen ya un TLC con la UE. El primero de estos países, en el tiempo de duración de este acuerdo, ha visto como disminuyó el número de sus productos agrícolas exportados a la UE, mientras que el segundo pasó de ser superavitario en el comercio de productos agrícolas a deficitario.
[15] Véase otro artículo, el 335, que establece disposiciones para alentar el comercio justo y el intercambio económico alejadas de las lógicas perversas del mercado a ultranza: “El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal.”
[16] Artículo 12: “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.” Artículo 314: “El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley.”
[17] En este artículo “se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas.”
[18] En el mencionado Plan de Gobierno del 2006 el Movimiento País o Alianza País se comprometió para “cuando seamos gobierno a asumir el mandato popular como una votación en contra del TLC y desde esa perspectiva se derogará todo tratado económico o de otro tipo que sea inconveniente al interés nacional.”
[19] Para complementar esta información téngase presente que las exportaciones de Ecuador a los EEUU representaron el 39,8% en el año 2010, y las importaciones desde dicho país el 27,8%.
[20] En el mismo año 2010, las exportaciones ecuatorianas a la UE representan un 12,9% del total y las importaciones desde la UE un 9,8%.
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