Las más golpeadas han sido las transnacionales mineras y petroleras que despojan a las comunidades de sus territorios, envenenan fuentes de agua y solo dejan pobreza y desigualdad social allí donde operan.
Chevron: cae el águila imperial
La petrolera Chevron perdió el “juicio del siglo” en Ecuador. El 14 de febrero el juez Nicolás Zambrano, de la Corte de Sucumbíos, le impuso una multa de 10 mil millones de dólares por los daños ambientales causados en la Amazonia ecuatoriana entre 1964 y 1992. Su delito fue verter 18 mil millones de barriles de agua tóxica en la Amazonia ecuatoriana y dejar 627 piscinas con desechos tóxicos, un desastre ecológico que afectó a unas 30 mil personas.
La petrolera apeló ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y ante una Corte Federal de Nueva York. El 1 de febrero, entabló un juicio en Nueva York contra 47 habitantes de la Amazonia que la denunciaron. Además abrió litigios legales contra el equipo de abogados de los demandantes, sus asesores y los consultores científicos. Arremetió también contra los técnicos, expertos y todos los que hayan colaborado en el juicio, incluyendo a organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, laboratorios y hasta las firmas legales que apoyaron a los demandantes.
Inédito fallo a favor de indígenas en Argentina
La justicia de la provincia argentina de Neuquén dictaminó que la petrolera Piedra del Aguila está obligada a pedir autorización a la comunidad indígena mapuche de Wentru Trawel Leufu para operar en sus territorios ancestrales. El inédito fallo, primero de su tipo en ese territorio patagónico, señala que la empresa transgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad antes explotar los recursos naturales, y remarca la obligatoriedad de respetar la frondosa legislación nacional e internacional que protege los derechos indígenas, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
En enero de 2007, el gobierno neuquino otorgó a Piedra del Aguila 3.800 hectáreas en concesión en la región del Picún Leufú. A fines de ese año, la petrolera reclamó derechos sobre la tierra, pero la comunidad le prohibió el ingreso. La empresa intentó sobornar a los mapuches para obtener permisos de exploración y extracción, pero no logró su propósito y optó por ingresar por la fuerza al territorio indígena.
La petrolera contrató a 40 personas para que ataquen y expulsen a los aborígenes de su tierra, presentó un recurso de amparo y en sólo 24 horas una jueza dictó una medida cautelar ordenando a los miembros del asentamiento abstenerse de impedir las tareas de la empresa. Los mapuches apelaron y luego de tres años el Juzgado Civil 2 de Cutral-Có, Neuquén, negó la solicitud de amparo de la petrolera y priorizó el derecho indígena, informó el diario Página 12.
Commerce Group pierde una batalla legal en El Salvador
El gobierno de El Salvador ganó una batalla legal a la minera estadounidense Commerce Group que reclamaba 100 millones de dólares de compensación porque el gobierno le revocó los permisos ambientales y no renovó sus licencias de exploración en 2006.
Los empresarios demandaron al Estado de El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), acogiéndose al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y América Central. Pero el CIADI desestimó el arbitraje aduciendo que Commerce Group no agotó las instancias judiciales en El Salvador, como establece el pacto comercial.
Greystar se rinde en Colombia
La multinacional canadiense Greystar retiró su solicitud de licencia ambiental para el proyecto aurífero en Angostura, en el páramo de Santurbán, Colombia, luego de que el gobierno colombiano dejó en claro que, según la ley, no es posible desarrollar proyectos de explotación minera en las zonas de páramo.
La derrota de Greystar fue el resultado de una ejemplar movilización del pueblo santandereano, junto a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, ambientalistas y políticas, artistas y generadores de opinión, como Fenalco, la Sociedad Santandereana de Ingenieros y la Sociedad de Mejoras Públicas. De esta forma Santurbán se convirtió en un caso emblemático de resistencia a la gran minería trasnacional y a la “locomotora minera” de Juan Manuel Santos.
Derogan la ley minera en Panamá
El 3 de marzo, el gobierno de Ricardo Martinelli anunció la derogación de la ley minera del 11 de febrero de 2011 que reformaba el Código de Recursos Minerales y legalizaba la explotación de yacimientos a cielo abierto con capitales extranjeros. El 18 de marzo, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó por unanimidad un proyecto de ley que derogó esa normativa minera que generó un rechazo total del pueblo originario Ngäbe Buglé, activistas de derechos humanos, ambientalistas y población panameña en general.
Multan a Nestlé en Perú
La suiza Nestlé podría pagar más de 500 mil dólares de multa por hacer publicidad engañosa en Perú. Un tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dictaminó que la transnacional cometió la infracción hace un año, cuando ofreció vender a precios bajos todos los productos de una línea de helados, pero solamente aplicó la rebaja a cantidades reducidas de algunos productos. Fuentes periodísticas indican que la multa asciende a 1,4 millones de nuevos soles, equivalentes a más de medio millón de dólares.
La Justicia falla contra la hidroeléctrica de Belo Monte
El juez federal Ronaldo Desterro determinó el 25 de febrero de 2011 la suspensión inmediata de la licencia concedida por Ibama al consorcio Norte Energia para el inicio de obras de la hidroeléctrica de Belo Monte (11.233MW), en el río Xingu, centro-oeste de Pará. Con esa decisión, todas las obras que eventualmente hayan comenzado en la localidad deberán suspenderse.
El juez Desterro, especializado en demandas de naturaleza ambiental, también prohibió al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) transferir recursos financieros a la empresa. El BNDES se ha comprometido a financiar el 80 por ciento de la represa de Belo Monte, que desviará buena parte del curso del río Xingú, causando serios daños a más de 20 mil personas que dependen del río y la destrucción de más de 1.500 kilómetros. La prohibición se mantendrá hasta que se compruebe el cumplimiento de las condicionantes previstas en la licencia previa concedida anteriormente por Ibama.
El Ministerio Público Federal (MPF) presentó una acción civil pública contra Ibama, BNDES y Norte Energia, alegando que la licencia concedida es ilegal porque no fueron atendidas las pre condiciones establecidas por el propio Ibama para el licenciamiento del proyecto, como por ejemplo la recuperación de las áreas degradadas, la construcción de infraestructura urbana, iniciativas para garantizar la navegabilidad de los ríos de la región, y la regularización de tierras indígenas de las áreas afectadas.
Según el Ministerio Público, se emitió la licencia previa pese a que la empresa incumplió al menos 29 condicionantes. La concesionaria pidió una ampliación del plazo para emitir una respuesta, pero nunca lo hizo, lo que evidencia que Ibama actuó ilegalmente.
El juez Ronaldo Desterro concluyó que Ibama, en vez de hacer respetar los procedimientos para el licenciamiento de la hidroeléctrica, terminó defendiendo los intereses de Norte Energia. “De hecho, (Ibama) que debería imponer al inversionista que adapte sus necesidades a la legislación en vigencia, adopta una conducta contraria, consistente en buscar la adaptación de las normas a las necesidades de los inversionistas, sin invocar fundamento razonable. La relación de preponderancia del interés público sobre el particular se ha invertido”, afirmó el magistrado.
Lucha contra las represas
El 14 de marzo se conmemoró el Día Internacional de lucha contra las represas, por los ríos, por el agua y por la vida. El Movimiento de Damnificados por Represas (MAB en portugués) considera que la conmemoración internacional “representa una victoria política de las poblaciones excluidas” que desafían a poderosos grupos económicos. En 20 años de lucha, MAB logró algunas conquistas para las poblaciones afectadas que antes eran expulsadas de sus regiones sin ninguna compensación.
Organizaciones sociales de América Latina como el MAB de Brasil, la Red Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Represas y Trasvases, de Colombia, el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas (MAPDER) entre otros, lanzaron una cruzada internacional llamar la atención sobre los mega negocios eléctricos que sólo benefician al capital transnacional.
En una gira por Oslo (Noruega), Ginebra (Suiza), París (Francia) y Londres (Inglaterra), tres dirigentes indígenas de la Amazonía denunciaron la explotación y expulsión de sus pueblos, la entrega de los recursos naturales y de los recursos públicos a grandes grupos nacionales y multinacionales; y las políticas de los Estados nacionales que hieren los derechos de los pueblos y destruyen la naturaleza.
Los representantes de comunidades indígenas de la región amazónica de Perú, Bolivia y Brasil, afectadas por las hidroeléctricas de Pakitzapango, Complejo Madeira y Belo Monte, lideraron protestas y manifestaciones y se reunieron con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y con el Relator Especial para Asuntos Indígenas.
Los demandantes alertaron sobre la expansión de la influencia del gobierno brasileño, del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), y la estatal brasileña Eletrobras en la planificación, financiamiento y construcción de más de 60 megarepresas en la Amazonia brasileña.
El Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo han reducido su inversión directa en las represas a gran escala en el Amazonas, y el BNDES se ha convertido en el principal prestamista en América Latina con más de 70 mil millones de dólares de créditos en 2010.
Autoridades de Junín, Perú, defienden el derecho a la consulta
Mediante Ordenanza 108-2011-GRJ/CR publicada el 5 de marzo, el Gobierno Regional de Junín, Perú, ordenó a las empresas privadas y a sus concesionarias que pretendan realizar actividades de prospección, exploración y explotación de recursos naturales en territorios indígenas y campesinos de la región Junín, que cumplan con la consulta a los pueblos interesados conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT suscrito por Perú.
Fue la primera vez que un gobierno regional peruano expresa la voluntad política de cumplir y hacer cumplir los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el Convenio 169, entre ellos la consulta previa, el derecho a compartir beneficios que reporten la explotación de recursos naturales y el derecho a participar en la administración y conservación de los recursos naturales explotados.
Ban Ki-moon saca cara por los indígenas de América Latina
El secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon apoyó abiertamente el derecho de los pueblos indígenas de Perú y América Latina a ser consultados acerca de operaciones extractivas de cualquier tipo en sus territorios, y a reclamar y elevar sus demandas a sus respectivos gobiernos. La ONU “da gran importancia a que (el Estado) cumpla con sus aspiraciones legítimas (de los indígenas) a través de la consulta y participación”, declaró luego de reunirse con el presidente Alan García en Lima.
Es muy especial la relación de los pueblos indígenas con sus territorios y sus bienes naturales, como sustento de su cultura, identidad y forma de vida, y como fuente de todos sus derechos, recalca un reciente informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH – OEA), titulado “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
El informe de 153 páginas señala que “De tiempo atrás, los órganos del sistema interamericano han prestado una particular atención al derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad comunal sobre sus tierras y recursos naturales, como un derecho en sí mismo, y en tanto garantía del disfrute efectivo de otros derechos básicos. Para la CIDH, la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia, porque su goce efectivo implica no sólo la protección de una unidad económica sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra. La Corte Interamericana, a su vez, ha subrayado que los derechos territoriales de los pueblos indígenas se relacionan con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida”.
