La represa de Belo Monte se construirá en el río Xingú, un tributario del Amazonas. Su lago inundará 700 km2, con enormes impactos sociales, tanto en comunidades rurales como pueblos indígenas, y severos efectos ambientales. A pesar de que desde hace años la ciudadanía se opone a esa obra faraónica, el Gobierno federal brasileño y un grupo de empresas lograron su primer permiso para iniciar las obras.

Será la tercera represa más grande del mundo, después de Tres Gargantas en China, y la brasileño paraguaya Itaipú. Se dice que su potencia alcanzará 11.200 MW, pero será una de las hidroeléctricas más ineficientes del planeta ya que no tendrá agua suficiente para operar entre julio y octubre (cuando generará solamente el 10 por ciento de su potencia). Por lo tanto, requerirá obras adicionales como embalses y un canal aún más grande que el de Panamá.

Es una obra muy cara: costará unos 11.000 millones de dólares, y buena parte de esos fondos terminará en las empresas constructoras. Su finalidad también alarma: brindar energía para la minería y el procesamiento de aluminio, lo cual desembocará en más impactos ambientales y sociales.

En agosto de 2010, Lula da Silva concretó la iniciativa en el crepúsculo de su mandato, y su sucesora, Dilma Rousseff, reforzó la presión al iniciarse el 2011. Como el Instituto Brasileño del Ambiente y los Recursos Naturales (Ibama) se resistía a firmar los permisos, obligaron a renunciar a su presidente. Salvado ese escollo, ahora se obtiene la primera habilitación.

¿Cuál es la importancia internacional de estos hechos? Es el “efecto ejemplo” que pueda difundirse en América del Sur, incluyendo Bolivia. En tanto el Gobierno de Brasil es bendecido como una gestión a imitar, siempre se corre el riesgo de que los países vecinos sigan los pasos de forzar la construcción de una represa a pesar de sus impactos sociales y ambientales y su dudosa efectividad energética y viabilidad económica. Puede ser un buen negocio para las empresas constructoras, pero como fuente de energía deja mucho que desear.

También se podría imitar que Rousseff abandonara a los pocos días las promesas de compromiso ecologista de su campaña para volcarse a una agenda desarrollista convencional. Aquel discurso verde que buscaba enfrentar a otra candidata presidencial, Marina Silva (exministra de Medio Ambiente de Lula), se desvaneció a los pocos días. Otros podrían copiar la vieja práctica de llevar a la renuncia a los jerarcas de las agencias ambientales hasta encontrar a quien esté dispuesto a estampar una firma en los permisos.

Las implicancias de esto para Bolivia frente a las represas en el río Madera son claras, y debe examinarse cómo se otorgan los permisos ambientales en Brasil.

Este caso también impactará en el Banco Mundial y el BID, y cuando otros países busquen préstamos para sus propias hidroeléctricas, Brasil les apoyará y no exigirá mayores condiciones sociales y ambientales.

En Bolivia, donde algunos miran la posibilidad de construir nuevas represas en la Amazonía, la sombra de Belo Monte muestra todo lo que no debería imitarse ni intentarse.

* Eduardo Gudynas es investigador uruguayo y ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES)