Que a un año de efectuada la 5ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, realizada en Chichicuautla, Puebla, la grave situación ambiental en que se encuentra el país no sólo no ha mejorado o siquiera se ha estancado, sino más bien ha empeorado gravemente.

La Asamblea ha dado acogida en el último año a decenas de nuevos escándalos de injusticia ambiental, social y climática por diversas regiones del territorio nacional. Devastación que denunciamos con gran indignación pero que también comprendemos esta incluida dentro de la actual política de destrucción nacional del mercado interno, de la industria y la agricultura soberanas, así como asociada a la indefensión de millones de migrantes mexicanos y centroamericanos, a la carnicería humana que ha desatado la supuesta guerra al narcotráfico, a los interminables asesinatos de periodistas, al comercio sexual de personas y menores de edad y tantos otros crímenes e injusticias que en este Bicentenario ponen de manifiesto la situación de extremo peligro en que se encuentra México.

La desregulación ambiental priva como resultado de una política de libre comercio fríamente adoptada desde hace dos décadas, aunque el problema ya es peor, porque la profundidad de los desarreglos ambientales ha llevado a violar la mayor parte de las normas y leyes, o bien, a permitir que esto ocurra corrompiendo o desmantelando los sistemas de vigilancia toxicológica, epidemiológica y ambiental, o pasando directamente a corromper el sistema jurídico nacional. Los Afectados Ambientales de México no sólo enfrentan muertes y graves enfermedades regionales crecientes, desidia y dolo institucional, represión, desplazamiento de población, despojo, división interna inducida, falta de precaución y mayor incertidumbre, cerco informativo y campañas de difamación, etc., sino que también padecemos, junto con el resto de los mexicanos, un desvío estructural del poder y toda la decadencia general a que se ha visto sometido el Estado mexicano.

Como parte de lo anterior, durante  el último año el país ha sufrido atroces asesinatos de varios activistas ambientales y sociales, como Mariano Abarca, en Chicomuselo, Chiapas, muerto por oponerse al proyecto minero de la empresa canadiense Blackfire, Miguel Ángel Pérez Cazales, del pueblo de Santa Catarina, en el municipio de Tepoztlán, Morelos, por oponerse a al especulación urbana con las tierras del Texcal en las inmediaciones de la ciudad de Cuernavaca, así como de Beatriz Cariño y Jiri Jaakola, en San Juan Copala, por oponerse a los asesinatos previamente ocurridos en contra de los miembros de este municipio autónomo de Oaxaca.

La ANAA se suma así a las exigencias nacionales de justicia y condena enérgicamente la serie interminable de asesinatos, la situación de creciente asedio paramilitar y la falta de garantías que privan en el municipio autónomo de San Juan Copala, y denunciamos que todo ello esta siendo orquestado justamente en el corazón de una región particularmente rica en yacimientos minerales.

Condenamos la muerte silenciosa de decenas de personas que viene ocurriendo entre otras causas por efecto de la pandemia de insuficiencia renal, que junto a otras enfermedades degenerativas vienen ocurriendo en las riberas del río Atoyac, en Tlaxcala, del río Santiago, en Jalisco y de los ríos Blanco y Coatzacoalcos, en Veracruz. Todas estas muertes debidas a las descargas industriales no controladas en sus cauces.

Condenamos las provocaciones (que ya han propiciado la muerte de varias personas) y la violencia ejercida por la empresa Minera Cuzcatlán, perteneciente a la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, en contra de las comunidades de Ocotes de Ejutla, San José del Progreso, San Jerónimo Tabiche, Rancho del Toro, San Jacinto Ocotlán, Magdalena Ocotlán, El Cuajilote Maguey Largo, en Oaxaca. Exigimos para ello se detenga inmediatamente la construcción de las presas de jale, el cierre definitivo de la mina en San José del Progreso, la salida de Fortuna Silver Mines del país y la liberación inmediata del compañero Silvino Macrino Vázquez Sánchez. Asimismo, nos pronunciamos en contra de la decisión de desaparecer los poderes municipales e imponer un administrador municipal afín a Ulises Ruiz Ortiz, en San José del Progreso. Nos pronunciamos contra la militarización de las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca y responsabilizamos al gobierno de Ulises Ruiz por las amenazas y hostigamiento de que ha sido objeto el Presidente Municipal de Magdalena Ocotlán por presiones para introducir la tubería de agua exclusiva para la minera desde Ocotlán hasta San José del Progreso.

Condenamos la reiterada violación de las leyes y el desacato de las sentencias definitivas dictadas por los jueces a favor del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, propiedad de la trasnacional canadiense Goldcorp, en San Luis Potosí y exigimos que las autoridades ambientales dejen de postergar la aplicación de la Ley e impongan el cierre definitivo de esa ilegal operación minera.

Condenamos la forma en que el territorio nacional se está picando de viruelas con cientos de destructivos proyectos de minería a cielo abierto en numerosos estados del país, sin que en ninguna de estas regiones priven el derecho de las comunidades a sus territorios, regulaciones ambientales, la más mínima aplicación de la Ley para detener esos proyectos, o una gota información previa y transparente para estas comunidades ni para el público en general. También condenamos la agresión y aprehensión injusta sufrida por los trabajadores mineros de Cananea, en Sonora, a manos de grupos paramilitares, tanto de la PFP como de la empresa Grupo Industrial Minera México, los pasados 6 y 7 de septiembre.

Condenamos el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el despido injustificado y el asedio mediático de 44 mil trabajadores, no sólo por tratarse de un acto inconstitucional y una evidente injusticia social, sino también por la privatización de la red de infraestructuras eléctricas que ello ha desatado, el dislocamiento de los servicios eléctricos de la zona centro y las consecuencias ambientales perniciosas que ello ha acarreado para esa región clave del país.

Condenamos la forma en que en que el gobierno mexicano maneja toda la red eléctrica nacional, favoreciendo la generación eléctrica por cuenta de empresas particulares y transnacionales españolas, elevando las tarifas eléctricas en todo el territorio nacional y facilitando la sobresaturación de las represas hidroeléctricas, de suyo sobrecargadas por el cambio en el régimen de lluvias que ha ocasionado la crisis climática planetaria. Responsabilizamos al gobierno federal por la escandalosa ausencia de verdaderas políticas publicas de adaptación al mal llamado “cambio climático” y consiguientemente por los desastres ambientales y sociales que ello ha estado ocasionando y que todavía se podrán agravar aún más en las regiones bajas de Veracruz y Tabasco.

A más de un año del estallido de la irresponsable campaña de paranoia que orquestó  el Estado mexicano a cuento de la gripe porcina (A1H1), no se ha atendido ninguna de las demandas de las 26 comunidades afectadas por las mega-granjas de cerdos de la empresa Granjas Carroll de México, propiedad de la trasnacional estadounidense Smithfield Foods. No se ha procedido ni siquiera a investigar la contaminación y sobreexplotación de las aguas del valle de Perote, ni a realizar estudios autónomos epidemiológicos, ni mucho menos a cancelar este tipo de megaproyectos. Por el contrario, se mantiene el asedio judicial en contra de los líderes comunitarios mientras en la Conferencia de las Partes, que ocurrirá próximamente en Cancún (Cop 16), el gobierno federal se apresta a presentar este puerco negocio como un ejemplo nacional de los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio.

Condenamos la irresponsabilidad de la empresa Dragón y el contubernio de las autoridades del estado de Puebla y de la Semarnat, por la forma en que el estallido de un almacén de la fábrica de sustancias agrotóxicas afectó peligrosamente la mermada salud de los 20 mil habitantes de la ciudad de Izúcar de Matamoros, sin que hasta la fecha haya ocurrido un verdadero seguimiento toxicológico y epidemiológico. En su lugar, lo que ha ocurrido es un acoso mediático y político que apuntala la pretensión de la irresponsable empresa que intenta reabrir su planta. Nos solidarizamos por ello con la iniciativa directa de los habitantes de Izucar cerrando esta planta industrial desde la noche del estallido y nos sumamos al clamor de estos compañeros exigiendo verdaderos estudios y programas de remediación ambiental y reparación de los afectados, así como el cierre total y definitivo de la irresponsable empresa Dragón en Izucar o en cualquier otro sitio del país.

Condenamos la pretensión de volver a poner en marcha el proyecto de construcción de la Presa La Parota, en el estado de Guerrero, así como los intentos de avanzar en la construcción de las presas de El Zapotillo, en Jalisco, Paso de la Reina, en Oaxaca y las 113 mini-hidroeléctricas en el estado de Veracruz. Exigimos la cancelación definitiva de todos y cada uno de estos proyectos.

Nos solidarizamos con las luchas de resistencia de numerosas comunidades campesinas de Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Distrito Federal en contra de proyectos carreteros inútiles, al servicio de ampliaciones aeroportuarias en trono de la Ciudad de México, o bien para la localización y ampliación desregulada de nuevas unidades habitacionales insustentables, el monopolio de gigantescas reservas territoriales y la especulación inmobiliaria por cuenta de grandes empresas de la construcción y políticos corruptos, así como la proliferación de miles de centros comerciales transnacionales (sean mega malls o tiendas de conveniencia), estaciones de gasolina, universidades privadas, hoteles, centros vacacionales insustentables, clubes de golf, etc. que fomentan la pérdida de tierras campesinas, la deforestación, la destrucción de Áreas Naturales Protegidas y la sobreexplotación y contaminación sin límite de las reservas acuíferas en los estados de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Distrito Federal, pero también en los estados Michoacán, Jalisco, Veracruz, etcétera.

Especialmente condenamos el despliegue autoritario de diversos megaproyectos en la ciudad de México, como ha estado ocurriendo con la construcción de la Línea 12 del metro, la construcción de megatorres, la Supervía Poniente, el proyecto biometrópolis, el mega-acuario, la expansión de Santa Fe y la construcción de nuevas estaciones de gasolina dentro del Distrito Federal, en detrimento de miles de habitantes de la ciudad. Proyectos todos diseñados a favor de grandes capitales privados y como agresiva precampaña presidencial de Marcelo Ebrard, para lo cual se pasan completamente por alto el intereses de los castigados habitantes de la capital del país.

Condenamos la forma en que la empresa Promotora Ambiental, S.A. (Pasa) mantiene irresponsablemente en pie el basurero de Loma de Mejía en las inmediaciones de Cuernavaca, Morelos, contaminando con miles de toneladas de desechos especiales la batería de pozos que surten de agua a numerosas comunidades del municipio de Temixco. Pero también condenamos la forma perversa en que el Municipio de Cuernavaca ha profundizado la privatización del servicio de basura, promoviendo una competencia feroz entre otras tres nuevas empresas particulares que juegan sin escrúpulos a tirar clandestinamente su basura en diversos lugares del estado de Morelos. Nos solidarizamos  con la enérgica iniciativa del pueblo y el patronato de San Antón para sacar adelante la autogestión de su basura, creando ya 15 centros de acopio en Cuernavaca y otros lugares, en los que se promueve la educación comunitaria en trono del manejo de la basura, la separación de la misma, el acopio y su reciclado.

Esta lucha en contra del manejo irresponsable de la basura es sólo una muestra de numerosas luchas en las inmediaciones de las grandes ciudades o bien en lugares especiales en donde se pretende o ya se ha procedido a crear grandes y peligrosas concentraciones de basura municipal, industrial u hospitalaria. Nos solidarizamos entonces con la demandas y luchas históricas de los habitantes de El Salto Jalisco, Alpuyeca Morelos, Xalapa Veracruz, Zimapán Hidalgo, Hermosillo Sonora, Santa Ana Xalmimiluco Puebla, o bien en San Luis Ayucan municipio de Jilotzingo, en la Providencia Tlanepantla, en Tecámac y en Temaxcalapa todos estos en el estado de México, entre muchas otras regiones.

Condenamos el proyecto de apertura de miles de nuevos pozos petroleros de bajísima productividad que el gobierno mexicano está abriendo en la región de Chicontepec, Veracruz, en contubernio con la empresa trasnacional estadounidense Halliburton, para lo cual se han contratando inconstitucionalmente los servicios de la gigantesca empresa transnacional de mercenarios paramilitares Blackfire. Condenamos el uso completamente irracional de este recurso, así como la contaminación y destrucción de las tierras campesinas de esa región del norte de Veracruz.

Como Asamblea, condenamos la concesión de nuevos campos experimentales de maíz transgénico en las narco-regiones de los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, particularmente, la pretensión de la trasnacional Monsanto de sembrar 30 mil hectáreas de maíz transgénico en fase piloto, lo cual significa que Monsanto ya esta apunto de vender ese maíz para consumo de la población mexicana. Reiteramos y nos sumamos a las millones de voces que en este país han exigido la prohibición total del maíz transgénico en México.

Rechazamos la mercantilización que se está haciendo de nuestros bosques y territorios indígenas y campesinos, así como de otras áreas de biodiversidad, no sólo por la venta privatizada de servicios ambientales que ello esta disparando, sino también por la forma en que ello pretende aprovecharse de la atroz miseria campesina reinante promoviendo la ilusión entre las organizaciones campesinas de que ello puede resultar en una estrategia de supervivencia, cuando en realidad ello ya esta implicando nuevas forma de despojo por privatización del agua, del aire y de las funciones ecosistémicas que milenariamente las comunidades han manejado para el bien común. En su lugar, respaldamos todas las iniciativas de manejo social y comunitario e intercomunitario, que se puedan estructurar  para la conservación o el rescate de diversos servicios ambientales.

Por todo lo anterior, rechazamos el desregulado y avasallador desarrollo de megaproyectos trasnacionales (extranjeros o mexicanos), sobre los territorios de los pueblos rurales y barrios urbanos, violando nuestros derechos al lugar en que vivimos, a la consulta, a la libre determinación y todo lo que nos permite tener una vida digna.

Como Asamblea Nacional de Afectados Ambientales saludamos el triunfo de la lucha del pueblo de San salvador Atenco al haber logrado la liberación definitiva de los compañeros Ignacio del Valle, Héctor Galindo Flores y Felipe Álvarez y la cancelación de las ordenes de aprehensión de América del Valle, destacados miembros de esa resistencia comunitaria. Así mismo nos solidarizamos con el nuevo esfuerzo de esta comunidad en contra de las pretensiones de la CONAGUA para el despojo de tierras mediante la aplicación de programas de compra de terrenos supuestamente disfrazados de proyectos “ambientales”.

Saludamos y nos solidarizamos con la lucha que viene desplegando el Congreso Popular, Social y Ciudadano para la Defensa y Refundación de la Ciudad de México, contra los megaproyectos en la zona sur poniente del Distrito Federal y contra la forma profundamente antidemocrática de reconstruir la ya de suyo caótica ciudad de México. Por ello saludamos al Éxodo de Tlalpan que articula las luchas de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, la Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac.

Saludamos a todos los participantes, de México y el resto del mundo, que participarán, del 1 al 7 de octubre en el Encuentro Mundial contra las Represas, que se realizará, en Temacapulín, Jalisco.

Saludamos y nos sumamos a las Caravanas del Bicentenario Insurgente, encabezadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas, que han salido de Hermosillo, Sonora, Acapulco, Guerrero, Lázaro Cárdenas, Michoacán y Juchitán, Oaxaca, rumbo al Distrito Federal.

Saludamos el esfuerzo de construcción del Congreso Social hacia un Nuevo Constituyente, a celebrarse en la ciudad de México, los días 18, 19 y 21 de noviembre próximos.

Finalmente saludamos con mucho entusiasmo la reciente creación de la Red Italiana para la Justicia Ambiental y Social, organización dentro de la cual ya se coordinan 60 agrupaciones de ese país mediterráneo, dedicadas a la defensa territorial, ambiental y social del pueblo italiano. La Asamblea Nacional del Afectados Ambientales de México saluda calurosamente a esta nueva red de lucha, resistencia y construcción de alternativas como una nueva organización hermana de la nuestra.

Frente a ello declaramos,

Nuestra voluntad de vida y nuestra voluntad de lucha. Nuestra voluntad de recibir entre nosotros a todos los que están siendo víctimas de la injusticia ambiental y climática y que tengan la voluntad de organizarse y luchar desde abajo. Luchas que no sólo son para denunciar y resistir las tropelías de las autoridades y empresas sino también para afirmar la diversidad de formas de vida justas y ambientalmente sustentables que ya existen en el país de abajo, y para explorar autogestivamente la construcción de alternativas y formas colectivas y sensatas de usar nuestras condiciones materiales de existencia.

Finalmente, manifestamos nuestra decisión de participar, con la Vía Campesina, en las movilizaciones de protesta ante la COP 16 del Convenio de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizará en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre.

La Asamblea Nacional de Afectados y Alternativas Ambientales se solidariza y hace suyos los planteamientos de la Vía Campesina frente a estas negociaciones, así como el firme rechazo a los mercados de carbono, a los programas llamados REDD, que significan una nueva ola de privatización de bosques y un nuevo ataque a los derechos campesinos e indígenas. Rechazamos la manipulación climática o geoingeniería y otras falsas soluciones que nos quieren imponer empresas y gobiernos frente a la crisis climática.

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Vía Campesina ya comenzamos a organizar caravanas de visibilización de la situación de injusticia ambiental, climática y social en la que se encuentra hundido México, a las que convocamos también a participar a otras fuerzas sociales, nacionales e internacionales. Estas caravanas, con rumbo a Cancún pasarán por varios puntos donde hay luchas y resistencias de los pueblos y organizaciones de la Asamblea, para visibilizar la situación de desastre y las respuestas populares que ahí se vive, para denunciar la grave situación nacional que padecemos y para establecer nuevas redes locales, regionales , nacionales e internacionales de solidaridad con ellas. Así construiremos un mapa de la devastación ambiental y social que vamos a denunciar en Cancún, como la verdadera política ambiental y climática del gobierno mexicano.