En vísperas de la Cumbre Climática de Cancún, el 12 de octubre, el Estado Plurinacional muy poco o casi nada ha hecho para concretar las recomendaciones de la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra que se realizó en abril de 2010 en Tiquipaya.

En el inédito encuentro internacional convocado por el Presidente Morales, honrado por Nacionales Unidas con el título de Defensor Mundial de la Madre Tierra, miles de representantes de todo el mundo reclamaron medidas urgentes para evitar el desastre ambiental y plantearon que las conclusiones de las 18 mesas de trabajo tengan un carácter vinculante.

Evo Morales, el primer Presidente indígena, y legisladores de la Asamblea Plurinacional más representativa de la historia de Bolivia, hasta ahora no aprueban una sola norma que armonice la producción con el cuidado y la preservación de la naturaleza.

El Ejecutivo y el Legislativo debían aprobar al menos dos leyes vinculantes para presentarlas en la Cumbre Climática de México: la Declaración universal de los Derechos de la Madre Tierra y el establecimiento de un Tribunal de Justicia Climático. “Bolivia debería dar el ejemplo en casa y tener esas leyes que la respalden, porque si no sería un simple discurso”, comentó el Mallku de la Comisión de Reconstitución e Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) Rafael Quispe.

Coincidieron con Quispe representantes de comunidades afectadas por la actividad minera en Bolivia, Ecuador, Argentina y Perú, reunidos hace poco en la sede de gobierno. Reclamaron la promulgación de una norma que regule la actividad minera, que prohíba el peligroso uso de cianuro en la actividad minera, y que promueva acciones de preservación medioambiental.

La Madre Tierra a la cola

La Asamblea Legislativa decidió priorizar otros temas y dejó para el final, por lo menos de esta gestión, el tratamiento de la Ley de Madre Tierra que reconoce los derechos de la naturaleza, defender y proteger las riquezas naturales y establecer reglas para su uso sostenible.

Es necesario contar con un instrumento que establezca deberes y obligaciones para los ciudadanos; que prohíba la explotación irracional de recursos renovables y no renovables, y que norme las inversiones extranjeras, precisó el senador Freddy Berzatti, presidente de de la Comisión de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

La propuesta boliviana “Armonía con la Naturaleza” ya se aprobó en primera instancia en la Segunda Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, y en Bolivia la Ley de la Madre Tierra y otras normas de defensa de la naturaleza y del bienestar humano presente y futuro ni siquiera figuran en la agenda legislativa de este año.

Los derechos de la Pachamama son simples enunciados, puro discurso, en el Congreso y en el Ejecutivo. El gobierno minimiza los impactos de contaminación minera y en algunos casos ni siquiera escucha a los que se quejan “sin fundamento”. Hace poco, el director de Comunicación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) Nicolás Fernández aseguró que la empresa minera Coro Coro no contamina el medio ambiente, pese a que varios estudios confirman que los impactos de la minería moderna a cielo abierto son mucho peores que los de la minería tradicional.

Las comunidades afectadas ven con preocupación el aumento de casos de malformaciones congénitas en el ganado y el uso irresponsable de aguas subterráneas en zonas donde no llueve desde hace dos años. Es el caso de la Empresa Minera San Cristóbal (MSC), que extraerá diariamente durante aproximadamente 20 años entre 42 mil y 50 mil metros cúbicos de aguas subterráneas de más de 10 mil años de antigüedad.

La MSC, perteneciente a la transnacional japonesa Sumitomo, explota a cielo abierto complejos de plata-plomo-zinc, con una producción de 50 mil toneladas de concentrados minerales por día. Robert Morán, experto en hidrogeología, advierte que esta explotación irracional tendrá impactos ambientales devastadores en una extensa área semidesértica ubicada en la provincia Nor Lípez del departamento de Potosí.

En el departamento de Potosí, donde se inició la explotación minera sin precedentes en la historia colonial de Bolivia, la sequedad gana terreno en Laguna Colorada, declarada sitio Ramsar (humedal de importancia internacional por su riqueza biológica y por ser refugio de un número significativo de aves acuáticas migratorias estacionales) y candidata a ocupar un lugar entre las Siete Maravillas Naturales del Mundo.

Proteger esa riqueza natural y cumplir las decenas de tratados, leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas, resoluciones y normas referentes a la protección ambiental es lo que menos importa ahora en las esferas gubernamentales.

La Organización Internacional de Migraciones (OIM) advirtió que uno de los efectos del cambio climático en los países dependientes de sus recursos naturales será el desplazamiento de la población, pero la prioridad del gobierno defensor de la Pachamama es explotar recursos naturales y financiar más bonos sociales.

El director y compositor de la célebre “Armonía con la Naturaleza” se deshizo de todos los intérpretes originarios, cambió de partitura y ahora su orquesta toca nuevos ritmos acordes con la “modernidad”.

Coordinadora internacional de afectados por la minería

Representantes de Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija y La Paz conformaron en La Paz la Coordinadora Nacional Ambiental de afectados por la contaminación minera con el fin de articular acciones y movilizaciones en defensa de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas.

Carlos Pelaez, miembro de la Comisión Minero Ambiental de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), informó que después de compartir diversas experiencias, afectados de Bolivia, Perú, Argentina y Ecuador resolvieron trasladar el debate sobre la problemática minera a las organizaciones de base existentes para que se empoderen de la temática.

Resolvieron globalizar la lucha contra la contaminación y por la defensa de la Madre Tierra; exigir al Estado que aplique el paradigma del “Vivir Bien” frente a la minería; y velar por los derechos de las generaciones futuras, como manda la nueva Constitución Política del Estado.

Las comunidades exigieron la presencia de representantes del gobierno con poder de decisión en sus lugares de origen para resolver los problemas generados por la contaminación minera; y demandaron respeto al proceso de consulta a comunidades y pueblos originarios, como establece el Convenio OIT 169 ratificado mediante Ley 1257 y la Ley 3670

El dirigente de Conamaq Rafael Quispe anticipó que presentará una demanda internacional por la violación de los derechos de los pueblos indígenas afectados por la explotación minera en Coro Coro.

Aclaró que no denuncian a la empresa minera ni demandan al gobierno de Evo Morales; están interpelando al Estado boliviano para que cumpla los postulados de su propia Constitución, los tratados internacionales y las resoluciones de las Naciones Unidas, normas que reconocen el derecho a la consulta, el derecho a la tierra y el derecho a vivir en un medioambiente sano, y a recibir compensación justa por los daños.