El derrame ocurrió en una planta de procesamiento en octubre de 2009, contaminando el agua y dañando la industria pesquera de la cual dependen los medios de vida locales. La compañía no previno o investigó apropiadamente el derrame, y se demoró avisando a las comunidades de la corriente baja del río y a las autoridades pertinentes, de acuerdo con el informe del panel ministerial. Daniel Owusu-Koranteng, director de Wacam, una asociación de la sociedad de comunidades civiles ghanesas afectadas por la minería, dice que este incidente es el último de una larga serie de abusos a los derechos humanos y al medio ambiente producidos por la minería: “Una petición firmada por más de 1.200 personas de la comunidad de Ahafo que elevó preocupaciones sociales, económicas y ambientas sobre la minería fue presentada a la junta de directores de la CIF en el momento en el que se estaba considerando la aplicación del préstamo. A pesar de ello la CIF ignoró completamente los asuntos mencionados por los firmantes y ahora estamos sufriendo las consecuencias.” En India una sucursal de la compañía francesa Lafarge admitió haber hipotecado ecológicamente una tierra vulnerable tribal para asegurar un préstamo de los bancos internacionales, incluyendo la CIF. Aunque previamente se había dado permiso para la hipoteca, en febrero de 2010 la Corte Suprema paró las operaciones mineras en el área después de que el comité de Acción Shella, un grupo comunitario, protestó contra la transferencia de la tierra y la falta de permiso obligatorio ambiental. Aun así, en una carta a principios de marzo de 2010, la CIF reiteró su compromiso con la financiación del proyecto. Se ordenó a la compañía producir una nueva evaluación del impacto ambiental, buscar aprobación de las agencias relevantes y financiar proyectos de bienestar para las gentes tribales antes de reanudar las operaciones mineras. Las personas indígenas en el Amazonas peruano también fueron afectadas por las actividades de las industrias extractivas de la CIF. A comienzos de abril de 2010 las comunidades Shipibo-Konibo radicaron una queja con el defensor de la CIF contra la corporación irlandesa Maple Energy por la contaminación de sus tierras y ríos ancestrales con repetidas regadas de petróleo. En Yemen, se busca incluir los intereses comunales en una ley minera desarrollada con la asistencia de la CIF que actualmente está siendo tramitada en el parlamento. “No invitaron a nadie que representara las comunidades posiblemente afectadas para participar en el borrador de la política minera de Yemen,” dice Nadia Daar de la ONG estadounidense, Centro de Información del Banco (Bank Information Center). Aunque Yemen es un candidato para la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI – Extractive Industries Transparency Initiative), “no hubo ninguna mención de la EITI en el borrador.”
Conflicto de intereses
El papel dual de la CIF como inversionista y asesora de los gobiernos sobre impuestos, regulaciones y leyes continúa produciendo cargos de conflicto de intereses, a pesar de la existencia de política institucional para tales casos. También aumentan las preocupaciones debido a una creciente tendencia hacia las disputas entre las compañías multinacionales y los gobiernos sobre los ingresos generados. En febrero de 2010, la CIF dijo que no invertiría más en la República Democrática del Congo (RDC) hasta que la disputa sobre el proyecto Kolwezi de cobre y cobalto fuera resuelta (en el cual la CIF tiene el 7.5 por ciento de las acciones). La RDC canceló el proyecto debido a las demoras y a que el principal inversionista, First Quantum Minerals, se rehusó a revisar el contrato realizado bajo el gobierno transicional de la post guerra, para así lograr mejores términos para el país. Los asesores de la CIF fomentaron las reformas a favor de los negocios en la RDC. Actualmente este caso está siendo considerado por un tribunal internacional. Los casos relacionados con las industrias extractivas también abundan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (International Centre for the Settlement of Investment Disputes), un foro de arbitración parte del Grupo del Banco Mundial. Rebecca Dreyfus de la ONG de Washington, Instituto de Estudios Políticos (Institute for Policy Studies) dice que esto “refleja la práctica en aumento entre las corporaciones globales de ignorar los sistemas legales de los gobiernos y de llevar los casos sobre asuntos sensitivos de derechos a los recursos ante tribunales internacionales que no dan rendición de cuentas.”
