En Chile, una parte del “royalty minero” financia el Fondo de Innovación para la Competitividad, sobre todo en las regiones. En el Perú, el flamante ministro de Cultura, Juan Ossio, acaba de declarar que una parte del canon minero debiera financiar las actividades de su Ministerio. Estas iniciativas demuestran que las industrias extractivas –que estuvieron en la vanguardia de las actividades industrializadoras de los siglos XIX y XX– pueden servir, no solo como fuente de ingresos fiscales para infraestructura y programas sociales, sino para financiar las tecnologías de la información y del conocimiento del Siglo XXI.
Esto no obvia, evidentemente, la necesaria discusión acerca de los impactos ambientales negativos que traen las industrias extractivas (tiene que haber licencia ambiental), ni los conflictos sociales que genera (tiene que haber licencia social) ni sobre la llamada “maldición de los recursos naturales” (que vuelve a los países en rentistas, puede generar una cultura de corrupción y, también, traernos la “enfermedad holandesa” por la entrada de ingentes cantidades de dólares a la economía).
Así, los “nuevos usos” de la renta de los recursos naturales son muy importantes. Pero tanto o más lo es saber se está obteniendo el monto de la renta que corresponde por su explotación, sobre todo en estos años de precios extraordinariamente altos de los minerales y del petróleo. En muchos países eso está sucediendo. En Brasil, después de que en el 2008 Petrobrás descubrió mega-campos de petróleo (los campos pre-sal) en el Atlántico, el presidente Lula ordenó suspender la licitación de nuevos lotes hasta que se promulgue una nueva Ley que contempla mayores regalías e ingresos para el Estado.
En Chile, hace unos días, el presidente Piñera ha enviado al Congreso una reforma del royalty minero que gravará las sobreganancias y permitirá recaudar US$ 1,000 millones en los próximos 3 años, de los cuales el 30% irá a las regiones devastadas por el terremoto. Dijo Piñera: “la nueva ley establece una forma novedosa de compartir la bonanza entre las empresas y todos los chilenos”. De eso se trata, exactamente.
De que las sobreganancias que se generan por los altísimos precios de los recursos naturales (los “windall profits”) sean compartidas por el Estado y las empresas (que no son las causantes de estas sobreganancias). ¿Por qué no se adopta aquí esa política? La excusa es que no se puede porque los contratos de estabilidad tributaria lo impiden. No estamos de acuerdo, porque sí es posible llamar a las empresas a renegociar. Ojo que en Chile el gobierno de Piñera ha acordado respetar la estabilidad tributaria, pero ya les ha dicho a las empresas que cuando ésta llegue a su fin, tendrán que pagar regalías más altas.
En esa misma línea, ¿qué pasa con los contratos que aún no se han firmado? En esos casos no se violan las reglas de juego porque éste todavía no ha empezado. Si tomamos el caso de Las Bambas, advirtamos que está muy bien que haya habido un trabajo social previo. Pero en cuanto a las sobreganancias, ¿por qué no se incluyó una regalía progresiva, que aumenta cuando lo hace el precio internacional del mineral o algún otro mecanismo técnico que lleve a lo mismo?
Lo expuesto demuestra que es urgente implantar el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras, como parece también haberlo sugerido la ministra de Economía, Mercedes Aráoz. Si existe licencia ambiental, social y fiscal, entonces, sí, los recursos naturales del Siglo XIX pueden financiar el Siglo XXI.
