Ecuador y Bolivia nacieron como Repúblicas libres e independientes en el siglo XIX; se declararon Estados nacionales soberanos en el siglo XX, y al comenzar el siglo XXI se refundaron como Estados Plurinacionales pro “socialistas”, pero hasta el día de hoy se insertan al mercado internacional como meros proveedores de recursos naturales, tan sumisos y dependientes como las semicolonias de hace dos siglos, evaluaron investigadores y expertos de siete países en el II Foro de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas celebrado en La Paz.

“Nuestros países tienen un ADN extractivista; se han acostumbrado a vivir de la renta de la naturaleza, a exportar materias primas y a perder en el comercio internacional”, explicó el ex presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador Alberto Acosta a delegados de organizaciones de Bolivia, Perú, Brasil, México, Colombia, Chile y Ecuador en el II Foro regional auspiciado por la Plataforma Energética de Bolivia.

Los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa escriben y hablan mucho del “buen vivir” y de una relación armónica con la naturaleza, pero todos sus planes de “desarrollo” y “crecimiento” económico se sustentan en un creciente “neoextractivismo” de recursos naturales no renovables con impactos ambientales cada vez más agudos, describió Acosta.

Las empresas petroleras de los Estados Plurinacionales de Ecuador y Bolivia operan “con la misma lógica que las transnacionales, especialmente en su relación con los pueblos indígenas”, y los presidentes Morales y Correa apuestan otra vez por el desarrollismo exportador de materias primas, un modelo “empobrecedor” que fracasó históricamente.

Lo que más preocupa es el derroche irresponsable de la renta minera y petrolera en el financiamiento de una especie de “bonocracia” clientelar, observó Acosta.

“No hay una discusión seria y profunda en nuestros países sobre lo que queremos hacer con la renta petrolera… En los últimos años el dinero no se orientó a cerrar brechas de desarrollo o a mejorar la igualdad; se utilizó en gasto corriente y en pagar burocracia”, criticó la experta mexicana Rocío Moreno.

Pareciera que los gobiernos de América Latina utilizan los ingresos de la explotación de recursos naturales para distraer a la gente, postergando y hasta eludiendo las grandes reformas pendientes en los sectores fundamentales de la economía.

El mal uso de la renta minera y petrolera

En América Latina existen formas muy heterogéneas de distribución de la renta petrolera y minera, pero el uso de estos recursos no ha permitido cerrar las grandes brechas de inequidad y atraso existentes, ni tampoco impulsar el desarrollo socioeconómico en ningún país de la región, advirtió el experto colombiano Fabio Velásquez.

“Hemos extraído mucho petróleo y hemos recibido mucho dinero y grandes créditos, pero el resultado ha sido muy pobre: no hay desarrollo, hay pobreza masiva y los impactos ambientales son alarmantes, hay contaminación ambiental, deforestación masiva, daños a la salud y enfermedades”, recalcó Alberto Acosta.

Se necesitarían varios libros para describir sólo los graves impactos socioambientales de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía latinoamericana, por ejemplo los alarmantes daños ambientales provocados por Texaco que dejó un pasivo ambiental de al menos 26 mil millones de dólares en Ecuador, o el aumento de la contaminación en varias zonas productoras de Bolivia.

Son aún más negativos los impactos sociales del extractivismo en las zonas productoras que continúan sumidas en la extrema pobreza debido a la apropiación de la renta petrolera por parte de las transnacionales, que en la larga noche neoliberal se llevaban más del 80 por ciento de las ganancias.

“En Perú la participación del Estado en la renta que generan las industrias extractivas ha sido insuficiente, especialmente en el sector minero. La crisis del 2008 afectó las utilidades y la participación del Estado; luego las empresas se beneficiaron con la mayor parte de las ganancias extraordinarias que permitieron los altos precios; y en 2009 las cifras oficiales muestran que su aporte apenas fue del orden del 11 por ciento”, aseguró el experto peruano Epifanio Baca.

Velásquez consideró que el “boom” petrolero y minero como resultado de los elevados precios en el mercado internacional no se aprovechó para superar la pobreza regional ni para abrir las sendas del desarrollo; y “no parece ir a cerrar brechas sociales, de género, étnicas, territoriales, ni a disminuir la pobreza y la desigualdad”.

En Bolivia, el plan energético gubernamental hace énfasis en la exportación de gas y petróleo de forma excesiva y peligrosa, en la búsqueda frenética de renta para cubrir obligaciones internas tales como los subsidios a los carburantes, los bonos sociales y la inversión pública en las regiones, señalaron el especialista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) Julio Linares y el experto Juan Carlos Guzmán.

Linares y Guzmán coincidieron en que el gobierno de Evo Morales brega por convertir al país en el “centro exportador de energía de la región”, pero presta escasa atención al mercado interno, cada vez importa más carburantes, pierde autarquía energética y está lejos de concretar la ansiada industrialización de los hidrocarburos.

La forma en la que el Estado boliviano invierte los ingresos generados por las actividades extractivas tiene un carácter político, coyuntural y cortoplacista. El creciente rentismo no permite sentar las bases de un sólido desarrollo productivo, ni mucho menos superar la extrema dependencia de las materias primas no renovables, observó Guzmán.

El problema más grave en Bolivia es la extrema dependencia del excedente de las actividades extractivas, que tiende a generar una inquietante volatilidad de ingresos fiscales, fuertes desequilibrios financieros regionales y una peligrosa inercia fiscal, aseguró el especialista Linares.

En su criterio, “la inestabilidad en el precio internacional del petróleo determina que la renta de hidrocarburos sea incierta… una eventual caída de estos ingresos afectará a la gestión pública, preponderantemente a la de los niveles autonómicos”. Además, la extrema dependencia de las transferencias de recursos del nivel central no estimula la búsqueda de ingresos propios en las administraciones autónomas.

Por si fuera poco, las crecientes expectativas regionales por controlar las actividades extractivas, como el litio en Potosí o el hierro en Puerto Suárez, junto a la presión de regiones “no productoras”, constituyen fuentes de potenciales conflictos distributivos.

El camino hacia el post extractivismo

Las Constituciones Políticas de los Estados Plurinacionales de Bolivia y Ecuador postulan economías post extractivistas, pero aun son muy fuertes e influyentes los sectores políticos neo desarrollistas que dudan de la existencia de alternativas “reales” a la explotación de recursos naturales.

Acosta reconoció que “no saldremos del extractivismo de la noche a la mañana” porque no se pueden “cerrar todos los campos petroleros”, pero llamó a combatir la “idea falsa” de que no es posible iniciar una “transición plural” hacia una economía post extractivista.

Explicó que el post extractivismo no significa rechazar la explotación de recursos naturales sino de “establecer los límites biofísicos de la explotación, llegar a la sostenibilidad, eliminar la pobreza y su causa que es la opulencia”, y avanzar hacia un economía post petrolera.

Argumentó que “el petróleo se está agotando y dadas las crecientes tasas de consumo no podremos seguir siendo países exportadores de petróleo”. El cambio climático y el pico de Hubbert demuestran que no es posible seguir extrayendo combustibles fósiles a la velocidad actual, y que es preciso dejar de explotar hidrocarburos en lugares de particular fragilidad ambiental y social como el Yasuní, el Delta del Níger y en otros territorios de la Amazonía  como el Madidi en Bolivia o el Parque Nacional Laguna del Tigre en Guatemala.

En este contexto hay que ubicar a la Iniciativa Yasuní-ITT, que abre la puerta a la construcción de una economía post petrolera y post extractivista subordinada a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, comentó Acosta.

El economista ecuatoriano propuso ejecutar varias reformas estatales que permitirían “organizar el mundo de manera diferente” y aprovechar fuentes de energía y de financiamiento alternativas a la industria extractiva, como por ejemplo la hidroelectricidad que permitiría ahorrar “más de 2.600 millones de dólares” en Ecuador.

Por otro lado, sugirió modificar sustancialmente la estructura de subsidios vigentes en Ecuador para “superar aberraciones en el sector energético”, como por ejemplo el subsidio del gas que alcanza a 600 millones de dólares y “que beneficia sólo al 20% de los más pobres, y el 80% va para los grandes grupos de poder”.

El debate sobre el mecanismo más adecuado para capturar una mayor renta destacó en la agenda del II Foro de industrias extractivas y casi todos los expositores plantearon modificar la estructura tributaria que castiga a los sectores de bajos ingresos. “Los que más ganan y tienen contribuyen con una cantidad porcentualmente menor en materia de impuestos”, apuntó Julio Linares.

Habría que ejecutar una reforma para elevar la presión tributaria de Ecuador de 13% hasta los niveles de otros países de la región como Bolivia (20%) o Chile (25%), e incluso Europa (40%), y “también ampliar el impuesto a la renta de los que más tienen y el impuesto a la herencia”, planteó Acosta. “Puede ser algún mecanismo tributario, un impuesto a las ganancias extraordinarias o el pago generalizado de regalías”, añadió Baca.

Los expositores II Foro de industrias extractivas coincidieron en que la construcción de una nueva economía post capitalista no depende solamente de reformas tributarias o del desarrollo de energías alternativas, sino básicamente de la participación ciudadana en la administración de los crecientes ingresos petroleros y mineros estatales.

Por eso es clave y urgente que los pueblos de la región desarrollen mecanismos de control social efectivo, e impugnen las decisiones unilaterales e improvisadas de sus gobiernos.

Con información de Plataformaenergetica.org