“Estamos vestidas así (con poleras a rayas blanquinegras) para recordar que desde hace mas de dos años tenemos presos políticos en las cárceles” señalaba una de ellas. “Los procesos son digitados por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público, carecen de transparencia y parcialidad” argumentaba la otra. Ambas asambleístas nacionales, además, coincidían en que las instituciones aludidas, estaban controladas por el Vicepresidente, para perseguir y descabezar a los opositores.
Contrastando lo manifestado por las legisladoras nacionales con la realidad, surgen ciertas dudas: ¿de qué están acusados los supuestos presos políticos? ¿es un impermeable la investidura política para vulnerar la ley? ¿los sectores populares también son sujetos de derechos políticos? ¿quién descabeza la oposición?
Recurriendo a Manuel Ossorio, se entiende por preso “al condenado por sentencia a una pena privativa de libertad que cumple en local penitenciario”, entonces corroboramos que el término correcto a ser utilizado era detenido, no preso. Por otro lado, referirse a la calidad de preso político, nos remonta y recuerda a la década golpista setentera: centenares de gente ejecutada, desaparecida, perseguida y/o torturada por el hecho de ser contraria con el pensamiento al régimen militar, impuesto sincronizadamente en sud América a través del célebremente nefasto Plan Cóndor.
El genocidio, no forma parte de los derechos políticos de la persona, como tampoco conspirar, instigar públicamente a delinquir o ser sedicioso. De la dictadura, llenadora de cárceles con el pueblo por ser divergente ideológicamente, hemos transitado hacia la posibilidad de que sea punible cualquier individuo pero que infrinja la ley, independientemente de su condición económica, social y no sólo su pensamiento político, sino su circunstancial cargo político. Hace dos años, campesinos, indígenas y otros sectores populares que no conjugaban con las directrices ideológicas racistas en el oriente, fueron masacrados y maltratados físicamente, y hasta con ridículas quemas y destrucción de sus inmuebles se los calló en democracia. Seguramente las diputadas no recuerdan o no quieren recordar ese detalle. Es que claro, esa supuesta facción social marginal que significa atraso, pobreza o colla se pasa de lisa cuando pretende ejercer sus derechos políticos, según criterios de los “dueños” de los intereses regionales, capaces sí, pero para entremezclarlos y desnaturalizar las legitimas demandas de las regiones.
Basta mirar a las cárceles para darse cuenta que la justicia tiene cara de pobreza, no todos los purgadores han tenido los “medios” para precipitadamente turistear en Miami o Perú y, amagar al ¿stress? Democratizar el acceso a la justicia es una asignatura pendiente, en parte posible de concretar a través del respeto a la institucionalidad del órgano judicial. Evidentemente, esto deberá alcanzar desde la normativa hasta los operadores de justicia, pasando por abogados y todos los que tienen que ver con su aplicación, no para que ésta sea favorable o desfavorable, sino justa. Sustancialmente plausible que las diputadas reconozcan que ya no hay parcialidad, entonces, podríamos pensar en la igualdad de todos al imperio de la ley.
Por otra parte, la oposición fue descabezada, pero con el voto. Las propias ambiciones personales de sus partidarios, su falta de propuesta e incluso en algunos casos, su oportunismo con tintes cínicos para convertirse al masismo, descabezaron al sector tradicional desgastado en este poco más de cuarto de siglo democrático. Y como están las cosas, la oposición no necesita ayuda para ser cada vez menos constructiva y representativa, se basta sola.
La sociedad civil merece responsabilidad
La libertad de expresión y opinión, consagrada en la Declaración Universal de los derechos humanos, es uno de los principales pilares sobre los que descansa la democracia, pues a través de este principio, se da la reciprocidad en el intercambio de ideas y opiniones sobre temas que son de interés público, fundamentales para la generación de consensos o disensos. Previo a difundir sus opiniones por cualquier medio de expresión, se supone, que el individuo a recibido información veraz y sin distorsiones, que justamente han permitido de manera objetiva dar origen a la formulación de los criterios internamente, para luego exteriorizarlos.
La sociedad civil merece responsabilidad y seriedad de lo que a nombre de libertad de opinión y expresión es receptora. Esto también involucra a los medios de comunicación que juegan un rol preponderante en esta cadena, pero en contrapartida, han sometido a la sociedad a un envenenamiento mediático cada vez menos objetivo, carente de análisis y manipulando discrecionalmente, el derecho a la información y el derecho a expresarse libremente, derechos complementarios pero diferentes.
Esperemos que las próximas conferencias de prensa, sean menos fashion y tengan un look más coherente y, que los medios informen temas de verdadera relevancia pública.
