Según la anterior y la actual Constitución Política del Estado, se mantiene establecida la franja fronteriza en la extensión de 50 kilómetros en el territorio boliviano. Por franja fronteriza podemos entender aquel territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela a una distancia de 50 kilómetros hacia el interior de nuestro país.
Si bien la Madre Tierra nos favoreció con su generosidad al brindarnos su riqueza expresada en los recursos naturales renovables y no renovables como los minerales, rubro por el que Bolivia se caracteriza por su trayectoria minera desde tiempos coloniales. Al parecer el aprovechamiento de este recurso no es conforme a los requerimientos legales para su explotación.
Hace varios años atrás suman las denuncias por explotación ilícita de nuestros recursos minerales, como el oro, azufre, piedras semi preciosas entre otros minerales por parte de pobladores de los países limítrofes.
A continuación realizaremos una breve recopilación de estas denuncias. Según el periódico La Prensa, de 23 de octubre de 2002, se publico una noticia bajo el titular “Chilenos explotan bórax de las FF.AA. en la frontera”, donde refiere que empresas chilenas explotan concesiones de las Fuerzas Armadas Bolivianas. La denuncia llegó de trabajadores bolivianos que viven de la explotación del bórax, azufre y ulexita en la provincia Nor Lípez de Potosí.
En el caso brasilero de acuerdo al articulo que lleva por título“ Confirman explotación ilegal de oro en el río Beni” publicado en El DEBER” de Santa Cruz de la Sierra, de 31, Octubre de 2004, en la localidad de Cachuela Esperanza del Departamento del Beni que se encuentra a 35 kilómetros de la frontera con Brasil, en el noreste de Bolivia, se da una explotación aurífera en el Río Beni, por parte de brasileros que en algunos casos no cuentan con autorización de Migración para el ingreso a nuestro país. Esta explotación al parecer también es ejercida por nuestros connacionales que se dedican a extraer el mineral de forma artesanal. Esta actividad realizada al margen de la ley en gran porcentaje también daña el medio ambiente, contamina los ríos con el uso de mercurio, un metal tóxico.
Actualmente se viene dando la explotación irregular de oro en el Cantón Suches – Provincia Franz Tamayo del Departamento de La Paz, ocasionando contaminación ambiental en la zona, la desaparición de fauna que habitaba, cambiando las aguas del Río Suches, con un color turbio y no apto para riego de cultivos. Al parecer existen concesiones mineras de las cuales varias no cuentan con la licencia ambiental. Y otras que operan de forma irregular sin autorización del gobierno. En la actualidad el problema se agudizo porque el Comando Andino de las Fuerzas Armadas de Bolivia ejecutó un operativo, en la zona con la finalidad de impedir la explotación ilegal de oro. Esta problemática viene siendo abordada por el gobierno central a través de los Ministerios y otras entidades entre las que podemos señalar esta el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Minería y Metalurgia, COMIBOL, SERGEOTECMIN, ADEMAF, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, SERNAP, Ministerio de Hidrocarburos, Aduana Nacional, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, Policía Boliviana, Comando General del Ejercito, Dirección General de Migración, Aduana Nacional. Que conformaron una Comisión Interinstitucional del Río Suches.
Realizando un análisis sobre esta problemática, a la luz de la Constitución Política del Estado sobre explotación ilícita de recursos minerales. Tenemos que los recursos naturales renovables y no renovables en los que se encuentra las riquezas mineralógicas en el suelo y subsuelo, siendo cualquiera su origen son de propiedad y dominio directo del Estado, corresponde al gobierno central, resguardar, defender y proteger.
Debiendo ser el poder Ejecutivo el responsable de llevar adelante la dirección de la política minera privada y sociedades cooperativas, el fomento la promoción y control de la actividad minera. Asumir la dirección sobre la explotación de los recursos naturales. Ejercer fiscalización en toda la cadena productiva minera.
Como una consecuencia de la explotación que constituye una actividad económica se prevé el pago de impuestos y regalías que deben contribuir al fortalecimiento de la soberania económica del país. Para llevar a cabo esta protección recibirá el apoyo de las Fuerzas Armadas que promoverá la defensa, seguridad y control de las zonas de seguridad fronteriza. Las Fuerzas Armadas participarán en las políticas de desarrollo integral y sostenible de estas zonas, y garantizarán su presencia física permanente en ellas. Como también la presencia de la Policía Fronteriza.
Es puntual la norma al señalar que en caso de tratarse de personas extranjeras ya sean individuales o colectivas no pueden adquirir propiedad dentro la zona de seguridad fronteriza excepto en caso de necesidad estatal declarada por ley expresa.
Si bien estas funciones señaladas anteriormente fueron delegadas a los Ministerios mencionados anteriormente aún existen vacíos legales para poder detener la problemática de la explotación ilícita de minerales en la zona de seguridad fronteriza. Es en este sentido que uno de los meritos de la Constitución Política del Estado actual es el de incorporar específicamente para la zona de seguridad fronteriza un régimen jurídico, económico, administrativo y de seguridad especial, orientado a promover y priorizar su desarrollo, y a garantizar la integridad del Estado. Esta norma involucrara una regulación especial aplicable a toda la franja fronteriza.
Al referirse de un régimen jurídico, involucra que se regulara por una ley especial, que involucre principios, que regule los casos de actividad ilícita de explotación de recursos minerales, implicara un carácter coercitivo de cumplimiento obligatorio por todos los bolivianos y extranjeros que quieran desempeñar actividades mineras en territorio boliviano, para lo cual deberán cumplir con todos los recaudos legales.
Por el régimen económico se hará énfasis en la percepción de regalías por esta actividad por una parte y por otra los gastos de implementación de infraestructura para que puedan funcionar oficinas de Aduanas, Migración, policía fronteriza entre otros.
