Es irritante e insultante, como se ignora en las páginas de la prensa de circulación nacional, la situación de los 32 presos políticos mapuche que completan hoy 15 de agosto, 35 días en huelga de hambre. Varias cárceles de la zona centro sur, son testigos de un nuevo capítulo en la larga historia de lucha y resistencia de este pueblo. Las consecuencias de esta larga huelga ya se han hecho sentir. Pérdida de peso de hasta 15 kilos, mareos y debilitamiento físico generalizado, están poniendo en serio riesgo la salud de los mapuche.
Entre las demandas de los huelguistas se encuentran: la no aplicación de la Ley Antiterrorista; el derecho a un debido proceso o juicio justo sin los montajes político- judiciales actuales; el fin del doble procesamiento (militar y civil) y la desmilitarización de las comunidades y zonas en conflicto.
Cabe señalar que pese a la incesante actividad desplegada por los familiares y la extensa red solidaria que se ha organizado dentro y fuera de Chile, tanto el gobierno como la prensa silencian e ignoran olímpicamente el problema. ¿Están esperando que esto tenga consecuencias fatales para reaccionar y abrirse al diálogo?
La situación descrita devela varias aristas:
Primero, muestra la doble cara de un gobierno que por un lado pretende mostrarse cercano frente a complejos escenarios sociales (damnificados por el terremoto, familias de los mineros atrapados en el norte) y por el otro demuestra una nula sensibilidad social por abrirse a dialogar y tender puentes hacia el movimiento mapuche y sus reivindicaciones.
En segundo lugar, es una manera de criminalizar la protesta social, llevándola a rangos de lucha terrorista. Esto que hoy ocurre con los mapuche, podría extenderse a cualquier movimiento que vaya generando procesos de ascenso y radicalización de sus demandas. Es un síntoma peligroso, que pone en entredicho la calidad de la democracia.
Por último evidencia un prisma racista, por cuanto poco interés y preocupación se muestra por la salud de los huelguistas, tratándolos como ciudadanos de segunda clase. A la par que se realizan gestiones en pro de la disidencia cubana o se pretende intervenir en los procesos eleccionarios venezolanos, argumentando preocupación por los DDHH en dichos países, poco importan al parecer la dignidad y los derechos humanos de este pueblo originario.
Tengo la oportunidad de conocer a varios de los huelguistas y sus familias. En ellos veo la esperanza por construir una sociedad mejor, sin explotación ni discriminaciones de ninguna índole. Sé del orgullo que sienten, por ser parte de un pueblo ancestral y de una historia de luchas que han forjado su identidad colectiva. Conozco los esfuerzos por rescatar su memoria y ponerla al servicio del futuro.
Es cierto que la cuestión mapuche es un asunto de larga data. Debatirlo implica poner en cuestión aspectos ligados a la institucionalidad del Estado, a los patrones del modelo de desarrollo en curso y al régimen de propiedad. Sin embargo, el carácter estructural del debate, no puede inhibirnos a deliberar en tanto ciudadanos, sobre la forma en la cual el sistema político y sus diferentes órganos afrontan esta sensible problemática.
Porque los derechos humanos de los mapuche también importan, y sus legítimas reivindicaciones merecen ser escuchadas, la responsabilidad social de la intelectualidad crítica, es sometida nuevamente a prueba. No se puede ser cómplice de esta nueva historia de silencios y olvidos. El cerco informativo es una estrategia política de quienes apuestan por el desgaste de los huelguistas y la invisibilización de sus demandas. Poner el problema en el debate público es por tanto una tarea ineludible para quienes aspiramos a la profundización radical de la democracia y la justicia social, sin exclusiones de ninguna índole.
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Más de 20 presos mapuches en huelga de hambre en varias cárceles de sur de Chile reclamaban un proceso judicial justo y rechazaban la aplicación de la rigurosa Ley Antiterrorista. La extrema medida es silenciada por los grandes medios chilenos. Casi 60 mapuches o personas comprometidas con esa causa son procesados o condenados por la Ley Antiterrorista por protestas sociales vinculadas a la reivindicación de derechos por tierras o de derechos políticos. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió un recurso de protección a favor de la Comunidad Mapuche Willliche Pepiukelen, que libra desde hace una década una lucha por defender sus tierras e integridad comunitaria severamente agredidas por la empresa salmonera Los Fiordos, con la complicidad de la Comisión de Medio Ambiente. La Corte determinó que la aplicación del derecho a la consulta es auto ejecutable, es decir que no necesita de una ley o reglamento para ser reclamado, basta que el Estado reconozca el Convenio 169.
