La I Cumbre del CONAMAQ trabajó durante dos días consecutivos en tres mesas de discusión con la participación de presentantes de 16 ayllus para analizar medidas de presión a corto y largo plazo para hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas de tierras altas,

Los indígenas encargaron al consejo de ayllus del Conamaq la elaboración del proyecto de ley de consulta en el plazo de dos meses para que luego sea debatido en la Asamblea Legislativa Departamental.

En criterio del dirigente Gualberto Barauna, los convenios internacionales como el 169 de la OIT, la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos reconocidos en la nueva Constitución no son suficientes; “no nos están respetando los funcionarios del Estado, por eso estamos proponiendo esta ley de consulta a través de los pueblos indígenas y también para sentar un precedente que el gobierno no respeta nuestros derechos”.

También se propuso discutir una norma reglamentaria de la Ley 1257 de 1991, que homologa el Convenio 169 de la OIT, y su incorporación transversal en la normativa sectorial de la minería y los hidrocarburos, llenando de esta manera un vacío legal que facilita la omisión de la debida protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Cada vez es más evidente el hecho de que la industria extractiva es una de las causas directas de la destrucción de los bosques y territorios indígenas, iniciándose una cadena de conflictos entre las comunidades locales, el Estado y las corporaciones.

Las operaciones de la industria extractiva, en cualquiera de sus etapas, generan severos impactos en la población de las comunidades indígenas y originarias, vulnerando los derechos humanos individuales y colectivos, provocando impactos en la salud, la educación, los sistemas de producción y en las estructuras organizativas de comunidades que conciben a la naturaleza como un todo y como parte de su vida.

La Constitución Política del Estado en su artículo 30 parágrafo 15  reconoce los derechos de consulta a los pueblos indígena originario campesinos de Bolivia; el convenio 169 de la OIT señala en su artículo 6 que los gobiernos deberán consultar a los pueblos, interesados, mediante procedimientos apropiados a través de instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles.

Sin embargo, los derechos de los indígenas son permanentemente violados por el Estado, que autoriza proyectos dañinos para el medio ambiente sin consultar a los pueblos indígenas.

Gualberto Barauna expresó su molestia porque el gobierno no les consulta sobre los proyectos que ejecuta en territorios indígenas “El Estado viene con sus técnicos y nos explican un poco sobre el proyecto, eso había sido para ellos la consulta. Para nosotros la consulta es a través de los cabildos donde se debe hacer conocer los dos puntos  de vista (del gobierno y los indígenas), y nosotros debemos tener la capacidad de aceptar o rechazar un proyecto”, manifestó.

“Se debe conservar los recursos naturales sin dañar a la Pachamama, pero estas empresas transnacionales están sacando los recursos sin importarles los perjuicios que nos causan y no queda nada para el pueblo”, argumentó Barauna.

Rafael Quispe, de la comisión de industrias extractivas del CONAMAQ, resaltó que el derecho de consulta no es simplemente la información que da el gobierno sobre un proyecto que pretende ejecutar en un territorio indígena; “el derecho de consulta no es solamente para realizar un puente o camino, sino también para hacer cumplir los derechos de los indígenas con respeto al medio ambiente. La indemnización, compensación, participación es una consulta que se tiene que hacer a la población afectada, respetando los usos y costumbres de los pueblos”.

Quispe denunció otra vez que la planta de cobre de Corocoro en la provincia Pacajes del departamento de La Paz contamina el medio ambiente y avasalla tierras comunitarias para la construcción de un dique de colas. La Cumbre indígena no descartó cortar el suministro de agua a la mina Coro Coro, que hasta la fecha no ha tomado medidas para mitigar la contaminación de cuencas y ríos.

El Jiliri Apu Mallku del CONAMAQ Sergio Hinojosa reiteró que la organización no confía en el Vicepresidente Álvaro García Linera y en la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo porque “no respetan la Constitución Política del Estado, no hacen caso a nuestras demandas y no nos escuchan”. (Erbol) Quispe dijo que deberían renunciar por “hidalguía” de los ministros “incapaces” Sacha Llorenti de Gobierno; Óscar Coca de la Presidencia; José Pimentel de Minería, y Carlos Romero de Autonomías.