Morales esperaba estrenar la nueva Ley y la mayoría absoluta de su segundo mandato con otra ‘revolución’ para el sector eléctrico sobre las multinacionales españolas y francesas, los accionistas mayoritarios de las empresas de generación, transporte y distribución en Bolivia. El presidente dejaba caer las hojas de un calendario que él mismo estableció con los inversores en 2009: no quería ir más allá del 50% en las empresas generadoras, prometía compensar el ‘zarpazo’ en Corani, Guaracachi y Valle Hermoso y dejar intocado el perímetro de las distribuidoras Electropaz de Iberdrola y la Transportadora de Electricidad (TDE) de Red Eléctrica Española (REE). Ahora, el ENDE, el Ente Nacional de Electricidad recién refundado dispone ya de un plan estratégico y un decreto para poner la ‘bala’ de la intervención en cualquier empresa del sector, pero sólo tiene 16 millones de dólares a mano, un banquillo en el que se le agolpan desde hace un año las negociaciones con las tres generadoras eléctricas y una nueva orden del Palacio Quemado: esta vez el modelo será mixto, nada de repetir los pasos de YPFB con los que forzó la participación estatal al 70% en todas las empresas de hidrocarburos y minería. Sin inversiones de más de 7.000 millones de dólares, Bolivia caerá en el déficit eléctrico y el Estado sólo dispone de 2.000 millones. REE e Iberdrola podrán estar tranquilas al menos un año, La Paz las necesita y busca colocar alguna factura para sus nuevos planes eólicos, no han encontrado padrinos en Alemania.
Bolivia ya ha incorporado a la cooperativa Trinidad, el Estado planea consumar en breve su intervención en la línea Caravana-Trinidad y Punutuma-Tarija y primero aspira a sumar al perímetro del Ente Nacional a la empresa de luz y fuerza de Cochabamba (Elfec) y la Cooperativa Rural de la Electrificación (CRE), nada menos que la enseña eléctrica de Santa Cruz, la región que abandera la rebelión contra Morales. En el Palacio Quemado saltan ya las chispas con ENDE: su nueva directiva pretende hacer de la Empresa Nacional de Electricidad una nueva YPFB, la Pdvsa eléctrica de Bolivia -proclaman ya sus técnicos entre pasillos- con la misma escuadra con la que ejecutó la ‘resurreción’ de la petrolera pública: ideas bolivarianas, accionariado de mayoría estatal y dólares y euros de las multinacionales. Tanto que el nuevo Plan Estratégico 2010-2014 con el que ha bautizado su nueva piel pública, quince años después de privatización y su desmembramiento, ha lanzado al cuelo de la política nacional la nueva ‘revolución’ energética nacional y prevé la creación de cuatro empresas subsidiarias con un control estatal de al menos el 60% de las acciones en todos los segmentos -incluyendo la transmisión y la distribución- aunque aún no haya concluido el proceso de negociación para la compra por parte del Estado de las generadoras, en las que ya ostenta entre un 47 y un 49%.
ENDE le ha roto a Morales los calendarios que preveían no avanzar hasta que no estuvieran cerrados los acuerdos pendientes desde hace un año con GDF, Panamerican y Rurelec, las que prometían salvar la distancia de la mano pública con las distribuidoras, las españolas incluidas. Pero la nueva bitácora eléctrica del Palacio Quemado por primera vez ya no habla de nacionalización completa, nada de ‘digerir’ por parte del Estado todo el proceso del sistema eléctrico, ya sólo aspira a un sistema mixto y buscar ecuaciones que incorporen a las multinacionales y con ellas, sus inversiones. Deja a las distribuidoras de capital foráneo como mucho como compañeras de reparto accionarial y operación con Ende. No será en el corto plazo, nada antes de la toma de control de las generadoras y la salida a los riesgos de colapso del sistema. “El sector eléctrico no es tan sencillo como los hidrocarburos”, advierte el ministro de Energía, nada que fagocitar de un solo golpe como con YPFB y las seis empresas gasistas en dos años, nada de seguirle los pasos a la nacionalización de la operadora ENTEL de manos de Telecom Italia, ahora que los tribunales internacionales aún le siguen pasando las facturas. El Ejecutivo busca extender los tentáculos de la electricidad al 30% de la población que no dispone de ella, estrenar proyectos renovables y busca apellidos prestados. No será con los bolívares de Caracas y tampoco ya con su consejo. Del Palacio de Miraflores sólo llegan banderas de calma, respiran por las heridas propias, han tenido que llamar de nuevo a las energéticas españolas para que salven su déficit de generación y vaticinan que Morales acabará en menos de dos años pidiendo socorro de nuevo a las multinacionales.
Sobre su mesa el antecedente pesa tanto como el balance de la primera nacionalización energética. Le ha costado, un lustro de intervenciones estatales y el olvido de los planes previstos por sus propias empresas y de las advertencias de los analistas. Dispone de las segundas reservas de gas del continente americano, está rodeada de tres potencias industriales (Argentina, Chile y Brasil) que tienen déficit de gas y necesidad de importarlo, pero ni el embeleso boliviano puede ya perder de vista que el que quiso ser uno de los tres vértices del poderío hemisférico está ya más cerca de consagrar su epicentro como el ‘Triángulo de las Bermudas’ energético del continente americano. Celebra este mes el quinto aniversario del principio de la nacionalización de sus hidrocarburos y de la ‘nueva’ YPFB, con el reconocimiento gubernamental de que hay desabastecimiento de gas y de que -el ministro Vincenti dixit- su gigante estatal, Yacimientos Petrolíferos y Fiscales de Bolvia (YPFB) necesita al menos una nueva Ley de Hidrocarburos y una “profunda reforma estructural” que le limpie las manchas de los casos de corrupción y la ponga a la altura de un nuevo Plan Nacional que pretende. Hace un lustro que se gestiona con directivos interinos.
BOLIVIA APRENDE EN LA PIEL DEL GAS DE YPFB
La falta de inversión para la explotación de nuevos campos petroleros para incrementar la producción de líquidos y la ausencia de una política para el abastecimiento del mercado interno sólo han ayudado en estos cinco años a que ya no le llegue la camisa del GLP al cuello de un consumo que iguala la producción (1.000 toneladas métricas diarias); Del centenar de planes de industrialización que YPFB prometía, hoy sólo dos entran en ese saco (el proyecto de amoniaco-urea, la conversión de gas a líquidos (GTL)); sólo un 18% de la población dispone de gas a domicilio y el 60% del gas de uso doméstico se lo come el transporte. Y sabe que sus planes para casi duplicar la producción local pasan por inversiones foráneas de más de 1.200 millones de dólares para las dos plantas de separación de líquidos que pretende construir en dos años y la refinería del Altiplano.
Ni el acuerdo recién sellado con Cristina Fernández de Kirchner para triplicar las ventas de gas a Argentina en 2013 (con la consiguiente carga de trabajo para Total y Repsol sobre todo, en los campos de Margarita en Tarija y Huacaya) evitan que Morales haya devuelto a la ‘chistera’ los objetivos más ambiciosos de su Plan 100 con el que esperaba duplicar en cuatro años sus reservas. La maldición energética se teje a la perfección: el presidente quiere pasarle la factura a las multinacionales (329 millones de dólares en exploración y 3.632 en explotación) por un modelo al que da cuerda a pesar de los efectos del intervencionismo: escasez, desabastecimiento y precios que crecen más allá de las promesas gubernamentales. A fines de 2005, la venta de hidrocarburos, interna y de exportación, eran 1.500 millones de dólares anuales, y sólo 300 quedaba al Estado. Hoy, con la nacionalización, supera los 2.000 millones de dólares para el Estado. Pero no hubo modernización del sector eléctrico ni del gas y que ni YPFB cuenta con la logística necesaria para la distribución del GLP.
El Banco Central no tiene más remedio que reconocer que los ingresos por hidrocarburos -más del 85% del país- se reducirán este año al menos 1.200 millones de dólares, un 50%. Ni la pinza, cada vez más estrecha por la carga impositiva a las multinacionales -en 2009 unos 1.500 millones- podrá contenerla. La ‘maldición’ energética se teje a la perfección también en el espejo andino: la rebaja de las exportaciones contiene la producción de gas -a 35 millones de m3 desde los 42 millones de 2008- y con ella, lastra la producción de líquidos -de 46.700 bpd a 41.600 bpd. Por primera vez en más de cuatro décadas, Bolivia ha tenido que importar gasolina y GLP de consumo interno de Chile y Argentina. Y a la vista de las rebajas de sus contratos de explotación, será sólo el principio de su dependencia en derivados. No es el ex superintendente de Hidrocarburos, Carlos Miranda, el único que advierte que a Morales se le cae “la estantería energética” y que la falta de inversiones y el freno a la producción acabarán cayendo con cada balda energética en el desabastecimiento de diésel, de gas licuado y el déficit de provisión de gasolina de al menos 515 metros cúbicos diarios como muy tarde en dos meses. La ampliación del Gasoducto Al Altiplano (GAA) aún está en construcción y su aprovechamiento, además, está condicionado a la conclusión del Gasoducto Carrasco-Cochabamba (GCC), que estaba prevista para 2010.
Morales respira también aún por las grietas de su ‘gigante’ energético estatal: no es otro que un informe del Gobierno el que acaba de reconocer los 22 problemas que lastra la cadena productiva de los hidrocarburos bolivianos: desde la falta de conocimiento sobre las reservas probadas (no se certifican desde 2004 y no lo harán hasta finales de año como pronto y de manos de la estadounidense Raider Scott) a la falta de competitividad e incentivos para las empresas, o la “corrupción” de YPFB. Hasta su presidente, Carlos Villegas, la reconoce. Pero ahora que aspira a hacer de ella “la Petrobrás boliviana” por primera vez habrá un Plan Estratégico de inversiones a cinco años, aunque encadene sus apellidos a las inversiones de las multinacionales asociadas a YPFB. Pese a que el Gobierno anunció una inversión de 1.400 millones de dólares para el proceso de reestructuración de YPFB, quedó postergada pese al asesoramiento de petroleras estatales de países bajos. La empresa estatal de hidrocarburos sólo invirtió en transporte 90 millones de dólares de los 1.248 que requiere hasta 2015; sólo ha conseguido ponerle ‘apellidos’ a la mitad de los 7.561 millones de dólares que necesita para su Plan Estratégico a cinco años. Y junto a 1.000 del Banco Central y 1.860 de recursos propios, los demás procederán -ésas son sus intenciones- de las petroleras extranjeras, 763 millones de dólares sólo en 2010, un 80% del total, a pesar de que es YPFB la que dispone del 80% de las reservas y su explotación. La inversión privada por parte de las transnacionales Petrobras Bolivia SA, Repsol YPF, BG-Bolivia, Petrobras Energía, Vintage, Pluspetrol SA, Matpetrol SA, Total E&P Bolivia, Dongwon y Canadian Energy, será más del 50% en 2010.
ENDE, MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES
Ende tiene a mano las intenciones, un decreto reciente que le faculta para intervenir cualquier empresa del sector -generación, transporte o distribución- , una lista en la que ya ha incluido a TDE (de REE) y ISA, de capital colombiano y hasta el nombre y las directivas a punto para su nuevo mapa de electricidad pública, pero los 16,6 millones de dólares de presupuesto para cerrar los acuerdos de compra ni siquiera le permiten y sabe que topará con las competencias regionales y autonómicas: en plena guerra de provincias bolivianas, las distribuidoras del Oriente ya le han dejado claro que no rendirán sus planes. Por eso, sobre la mesa de Presidencia, ultiman los nuevos planes, a golpe de pragmatismo: las distribuidoras multinacionales seguirán en el país, aunque les dejen ya a mano la nueva bitácora de los peajes bolivianos. Desde este mes, la advertencia a las cooperativas –la que suba la electricidad será nacionalizada- hacen eco en todas las empresas del mix eléctrico: el Estado acaba de decretar cuatro años más de vigencia en la “tarifa dignidad”, con un techo de precios que todas las compañías deberán mantener y reparte cartas en la partida de las inversiones necesarias. Para empezar, las distribuidoras, a extender sus redes. Lo acaba de reconocer la Corporación Comteco-Enfec, el año pasado invirtió 72 millones de bolivianos, un 20% más, para atender la demanda de mercados periurbanos y provincias.
Ni sus promesas de recuperar la ‘corona’ energética regional que ha perdido ya con el gas y el petróleo y convertirse en exportador eléctrico en 2015 y hacer llegar a sus vecinos 6.200 Mw, ni sus planes -renovados año a año desde 2016- de aumentar la capacidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en 186 Mw antes de que acabe este año ocultan las luces rojas que los técnicos y los analistas han encendido desde hace meses. Tiene en sus planes 300 millones de dólares para una nueva planta hidroeléctrica en la Paz, una termoeléctrica en Tarija que inyectará 120 Mw al sistema y el incremento en 80Mw entre mayo y junio del ciclo combinado de Guaracachi. Nada que no hubiera prometido ya antes: a pesar de que la planta de Entre Ríos está construida desde 2007 y prometió en 2007 sumar 25 megawatios nuevos al semestre hasta 100 en 2010, no ha comenzado a funcionar y se le congelan los relojes del proyecto de electrificación de Caranavi. Incluso en el gabinete de Morales respiran por sus heridas y, con cada golpe de sintonía con Venezuela -comparten la empresa SAM- reconocen que sólo las inversiones de Caracas los salvarán del racionamiento eléctrico. Con una producción tope de 970 Mw, sólo hay 40 Mw de sobreoferta, un margen que las condiciones de mantenimiento de las plantas de producción no permiten consolidar. Ya hace menos de un mes la avería en Cochabamba y en la línea Carrasco-Guaracachi, sacaba del sistema 120 Mw. Morales no tiene oídos para la letra pequeña de su propio viceministro de electricidad: el país necesita 5.500 millones de dólares para invertirlos en generación hidroeléctrica hasta 2015, para redes de transmisión 1.500 millones y para energías alternativas 100 millones de dólares. Y sólo hay que mirar dos veces a la letra pequeña de su proyecto estrella en la planta de Cachuela Esperanza (la administración sólo tiene 500 de los 2.000 millones de dólares que necesita) para certificar que no serán la mayoría Estatales. Son los técnicos del Ende -el brazo estatal de su mapa eléctrico- los primeros que le recuerdan que desde 2002 no ha habido adiciones de potencia en el Sistema Interconectado Nacional; hasta 2012 como pronto no se iniciará ningún tipo de abastecimiento a partir de proyectos puntuales de energías renovables (Laguna Colorada o Rositas) y el calendario de sus ‘obras’ se le atrasa.
Por eso esta vez Morales busca atajos para zambullirse de nuevo en las aguas de las nacionalizaciones, pero no de la misma manera, ni de espaldas a las banderas rojas de la Comisión de Integración Energética Regional (TIER) que le advierten del desabastecimiento: ya hace más de dos años que la Cámara Americana de Comercio le puso cifras y fecha: Si Bolivia no mejora su seguridad jurídica y las inversiones en 2010 comenzarán los racionamientos de energía. Sólo la caída de la demanda energética -que había crecido hasta el 7% anual- la ha salvado este año de los cortes. Al menos el vicepresidente García Linera ha empezado a hacerle caso a los avisos de Fitch Ratings: si no quiere caer en el déficit, es el ‘ahora o nunca’ de las inversiones en el sistema eléctrico y las garantías a las multinacionales que invirtieron en el país. Desde 2007 la inversión bajó a 12 millones de dólares -la cuarta parte de la década anterior- y sólo los municipios estiraron sus arcas. Los analistas le han puesto apellidos: déficit de inversión. La misma que ha llevado a Chávez a ahogar a Copoelec.
NUEVOS SOCIOS, NUEVA RUTA PARA REE E IBERDROLA
No es la británica Rurelec PCL la única que preferiría venderle al Estado el 100% de su participación en Guaracachi antes que convertirse en socio energético del Gobierno. Quien se quede lo hará abocado a asumir las nuevas facturas del ‘acceso universal eléctrico’, que aún el gobierno boliviano no ha acabado de definir, pero que -según sus advertencias- vendrá precedido de planes de nuevas inversiones de las multinacionales privadas al calor de las urgencias municipales. Como con Aena y Abertis en agosto de 2008: paz por más euros. El presidente de Fejuve, (la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, una de las organizaciones que lo catapultó a la presidencia) le exige a Morales desde el año pasado que Electropaz deje el servicio de distribución de electricidad en El Alto y La Paz. Se lo decía a Iberdrola -que transporta el 37% de la energía boliviana- con apedreos y boicots. REE se ha acostumbrado al peaje de las inversiones: más de 65 millones para ampliar la red en seis departamentos desde 1997. La filial suponía en 2009 sólo un 2,1% de los ingresos del grupo y el 3% del beneficio si bien Bolivia es uno de los pilares de su expansión internacional. Pero los acuerdos con el Gobierno sólo le dan estabilidad regulatoria hasta 2011. Le saben a poco los 600 millones de dólares que entre 1996 y 2009 las empresas generadoras invirtieron y los 185 millones de las empresas de transmisión. Menos aún le importa a Morales que la principal transportadora de energía eléctrica de Bolivia, TDE haya buscado apoyo del IFC para desarrollar el primer mapa eólico de Bolivia y desarrollar empresas locales que produzcan a pequeña escala para dotar a las poblaciones bolivianas más desprotegidas.
El presidente boliviano estrecha el cerco de sus intenciones y el de sus facturas. Baraja aún los acuerdos con las tres generadoras -Guaracachi, Valle Hermoso y Coraní- en la misma mesa en la que desde hace más de un año promete un nuevo marco legal para el sector. Por si acaso, ya les ha colocado todos sus ‘tentetiesos’: los precios de las acciones de las eléctricas nacionalizadas dependerán de sus inversiones, sus planes estratégicos en el país, “su gestión” y la voluntad del gobierno de Morales. Se lo acaba de demostrar a GDF-Suez, a punto de cerrar las negociaciones para desprenderse de Corani. El pago -se lo recuerda en las espaldas de TI- será otra cosa. Y se traga, con el antecedente de ENTEL (la empresa de telecomunicaciones que le nacionalizó a Telecom Italia), la llave del CIADI: quien se quede no podrá -eso jura al menos el Palacio Quemado- acudir ante la jurisdicción internacional, que desde ahora La Paz desconoce.
Bolivia entona el himno de la dependencia: amistosa, con Venezuela y Argentina. Forzosa, con las multinacionales, que ya invirtieron más de 4.600 millones de dólares en la búsqueda de hidrocarburos y lograron multiplicar por nueve las reservas conocidas, lo que convirtió al país en el segundo productor de gas del continente. Pero hoy las multinacionales, ante la inseguridad jurídica, la merma de los beneficios y el incremento del riesgo de la tasa de retorno, han procurado blindar las inversiones. Aviso para navegantes, la licitación de Tahuamanu acaba de quedar desierta. Ni los amagos con Moscú -que durante meses se pensó el desembarco con la bandera de- ni las expectativas de las inversiones alemanas en energía eólica y solar han llegado. Como mucho, Berlín le prestará apoyo tecnológico. A Morales le duelen hasta las grietas eléctricas de sus ‘mentores’, ahora que la crisis de Corpoelec y las zozobras eléctricas de Hugo Chávez le obligan a plegar las velas de su diplomacia y guardarse los 80 millones de dólares para la nueva planta boliviana. Ni rastro de la propuesta pública que el presidente Lula da Silva hizo en su momento para construir en sociedad con Bolivia una hidroeléctrica en Guayaramerín. Ni siquiera aunque la Comisión de Integración Energética Regional (TIER) le recomiende que hidroeléctricas de gran capacidad sobre ríos Madera, Beni, Mamoré y Guaporé deberían encararse como empresas mixtas latinoamericanas y no solamente de ENDE.
ENDE busca ahora además el atajo a las renovables. Bolivia -aún virgen en ‘energías verdes’- necesita para empezar 50 millones de dólares para dos proyectos eólicos e intenta ponerle los mismos apellidos que baraja en la mesa de las nacionalizaciones eléctricas. No lo tendrá tan fácil: los costos de implementación son altos y no hay un esquema de remuneración claro en la mesa del ministro Vincenti, sólo la “voluntad” de incrementar la cobertura rural del 30 al 50% (la misma promesa de 2007) con una inversión global de 190 millones de dólares que esperan que lleguen de manos de recursos privados y cooperación internacional en su mayor parte. Si junto con Japón aspira a hacer sus primeros pinitos en energía solar -acaba de sellar con Tokio un proyecto de 5 millones de dólares- para la eólica mira a latitudes españolas. Tiene ya sobre la mesa el primer mapa de TDE -que la distribuidora participada por REE impulsó en el último trimestre- y una ubicación para sus primeras granjas eólicas, pero no es otro que Santa Cruz el departamento con más potencial, ni otra que la CRE -la Cooperativa Rural de Electrificación- las que tendrán la llave de sus avanzadillas en energías renovables. Todos sus caminos las colocan de nuevo en los sillones de primera fila de la nacionalización.
