La medida de encomienda del agronegocio, transformada en ley (11.763/2008) legaliza los crímenes sociales y ambientales del latifundio, y libera nuevas áreas de frontera para actividades de monocultivo.<strong> </strong>
La Amazonia no puede ser explicada y entendida sin la contribución inmemorial de las poblaciones tradicionales que en ella viven. La Amazonia es antes que todo una construcción social y antropológica. Ella es continuidad y expresión de los pueblos indígenas y estos son su manifestación consciente, en la forma de prácticas culturales muy sofisticadas. La diversidad amazónica más que un accidente biológico es resultante de un proceso civilizatorio de un nuevo tipo, que viene siendo suprimido y desfigurado a lo largo de los siglos. No se trata de suelo, vegetación, agua y diversidad genética, sino de un todo integrado que sólo se hace comunicable en la cosmovisión de los pueblos que surgieron y se constituyeron en la Amazonia, intercambiando usos, manejos, leyendas, ritos, epopeyas entre sí.
El extractivismo, la silvicultura y la agricultura itinerante, la cultura y la visión de los pueblos indígenas no son actividades “externas” al medio amazónico, sino sus conformantes. Después, en contacto con esa rica tradición, se integran a la Amazonia, quilombos, mineros, los ribereños y los campesinos agroextractivistas. Ahora apenas el 24% de las tierras de la Amazonia son clasificadas como privadas. El restante son tierras indígenas, unidades de conservación, reservas extractivistas y tierras públicas. Lo que predomina en la Amazonia, por tanto, es el control y el uso colectivo de la tierra y de los recursos naturales. Es esa Amazonia horizontal y cooperativa la que necesita ser fortalecida con políticas públicas que dinamicen esas economías no mercantiles, con créditos preferenciales, incremento tecnológico e infraestructura social.
En dirección contraria, agentes económicos y las arenas estatales por ellos instrumentalizadas nada más incorporan brutalmente la Amazonia a la lógica del mercado monopolista utilizándola como un nuevo acervo/estoque de <em>commodities</em> agrícolas, mineras y energéticas.
Es a la región amazónica a la que se dirigen las “fronteras” económicas, agrícola, energética y tecnológica del país. Contando con cerca de 59% del territorio nacional, la Amazonia no es simplemente espacio de expansión, sino espacio de proyección en que Brasil puede ser confirmado o deshecho. En un contexto de interconexión de los mercados y de armonización de procesos políticos decisivos en escala global, los “recursos naturales” de la Amazonia pasan a ser vistos como estoques, mercados de <em>commodities</em> o de futuros, que serán regulados por los conglomerados transnacionales. La “globalización” que quieren sobre la región es aquella que proporcione capacidad de administración meticulosa de la expansión de las fronteras de los negocios oligolipolizados.
La Amazonia está puesta en el centro de la “cuestión nacional” pues es el propio Estado brasileño el que pasa a protagonizar la transnacionalización y privatización de ese precioso y singular territorio. En las décadas de 1970 y 1980, el régimen militar procuró incorporar la Amazonia a la estructura productiva del centro-sur y, por derivación, a los circuitos productivos mundiales por medio de varias obras y de incentivos a grandes proyectos mineros y pecuarios. El lema adecuado sería: “Integrar para mejor integrar”. A partir de los años 90, es cuando se inicia la onda neoliberal de política industrial, de renta, como también de desarrollo regional.
Después de este periodo de apertura y desmonte, el poder político no era más el mismo. Los cortes de gastos y las privatizaciones no fueron lineales y no tuvieron una naturaleza meramente geométrica. Surgieron nuevos intereses, hábitos y reglas que impusieron como principio supremo la conectividad del territorio y de todos los factores económicos en él apostados.
Los Planes Plurianuales (PPA) de 1996-1999 (<em>Brasil en Acción</em>) y de 2000-2003 (<em>Brasil avanza</em>) necesitaron optimizar los canales y vínculos de la región amazónica con los mercados internacionales, con la intención de atraer inversiones, especialmente externas. La presentación de tantos proyectos, en tanto, se dio naturalmente con denominación en sentido contrario: Soportes Nacionales de Integración y Desarrollo (ENIDs, en su sigla en portugués).
El crecimiento económico regional inducido por el sector privado, dedicado a la producción primaria o básica y volcado al mercado externo, profundizó los desniveles de renta, impuso nuevas relaciones en la jerarquía urbana, remodeló los flujos migratorios y produjo un desarreglo aún mayor entre los núcleos de dinamismo de la Amazonia Occidental. El resultado a lo largo de esas décadas fue el aumento de la desarticulación territorial, acompañado de un proceso de precaria institucionalización democrática, el que favoreció la oligarquización política y la diseminación del crimen organizado.
Igualmente, correspondiendo a los intereses del capital monopolista de creación y expansión de corredores multimodales en la Amazonia, ese planeamiento tenía carácter indicativo. No había huelga fiscal para intensificar y direccionar la inversión pública, de modo que reduzca los costos y niveles de incertidumbre de los proyectos apuntados. A pesar de la pretensión territorializante e integradora, prevaleció en la práctica, hasta 2003, la lógica centrífuga de los diversos enclaves ya situados o en expansión en la región: la minería, la actividad maderera, la pecuaria de corte y la soya. El resultado de esas políticas instrumentalizadoras y fragmentadoras fue una sucesión de enclaves en rotación, un enorme territorio a disposición de los inversores privados y de sus encomiendas. Proyectos y programas patrocinados por el Banco Mundial para la región amazónica, tales como el PP-G7 y ALFA, revelan la tentativa de “racionalizar” ese proceso de incorporación, de forma que la expoliación sea sustentable y duradera. El hecho de que las políticas vigentes, con foco y prioridad en la región amazónica, estuvieran subordinadas a instituciones financieras multilaterales revelaba un vacío de proyecto nacional y regional, entonces conveniente.
Con la elección del Gobierno de Lula y la consolidación del modelo de exploración intensiva de recursos naturales para la generación de bienes primarios exportables, los programas de interconexión de infraestructura en el país y en el continente pasaron a ser de hecho priorizados. Se mantiene el apoyo institucional y evaluador de las IFIS (BID y BIRD), el BNDES pasa a ser una gran base de los proyectos de infraestructura en conjunto con grandes empresas “nacionales”, privadas y estatales. La composición de la diversidad producida por el desmonte neoliberal en una nueva unidad, en patamar diferenciado en el mercado global, y con base regional ampliada, ésa es la misión específica del BNDES. El Banco activa la construcción de esa internacionalización retardataria, que se da con la optimización de las especializaciones económicas regresivas, iniciadas en los años de desmonte.
El Banco está engendrando ese modelaje de dos formas. La primera, tratando de influenciar las filiales transnacionales situadas en el país al adicionar elementos temporal-espaciales a las estrategias de ellas, para que extiendan sus plantas operacionales aquí. En ese sentido, cuenta con un conjunto de estímulos gubernamentales coordinados que envuelven medidas de liberalización comercial y flexibilización legal, alianzas empresariales público-privadas, con estatales orientadas a suplantar los requisitos de los mercados. La segunda es potencializar las empresas de capital brasileño, de capital “nacional”, así definidas como aquellas constituidas bajo las leyes brasileñas, y con sede y administración en el país. Gran parte de esas empresas brasileñas son empresas-capullo: o incubadas por el capital extranjero u orbitando en torno a él.
En este sentido, se da una exaltación de la disputa por la atracción de inversiones en base de más sacrificios infligidos a los trabajadores y al medio ambiente. En ese escenario, son requeridas nuevas “adecuaciones” a los marcos regulatorios de los sectores de energía, saneamiento, transporte y comunicaciones.
El enfoque de desarrollo de la región amazónica pasa a ser el de la “integración regional”, ya que el flujo de mercaderías que “necesita” atravesar la Amazonia, o derivar de ella misma, debe tener salida bioceánica, rumbo al Océano Pacífico, a donde se dirige la mayor parte de las <em>commodities</em> del país. El problema ahora comienza a esbozar un proyecto para la Amazonia, un proyecto que no tiene nada de nacional, mucho menos de popular, democrático o diverso.
La crisis financiera global que surgió a fines del 2008 fue un test histórico ineludible. Al contrario de proporcionar un espacio para la revisión del rumbo, nos aferró aún más a ese modelo. Somos ahora pulsados a compensar los hechos de la crisis de sobre acumulación, ofreciendo márgenes adicionales de exploración. Nuevos “cercamientos” a liberar excedentes de capital y de mano de obra a bajo costo, en una acumulación primitiva sin fin. Y el Estado brasileño, llamando hacia sí la función de intercomunicación de la lógica territorial y capitalista del poder.
En la Amazonia, más que en cualquier otra región, esa intercomunicación es directamente concebida e implementada al objetivo transnacional, a partir de los marcos orientadores de la expansión del capital en el sub-continente: el PAC y la IIRSA. Ambos proyectos se encuentran concentrados en la ampliación y articulación de proyectos de infraestructura en escala continental, con vistas a potencializar la subsidiaridad de la economía regional frente a los mercados internacionales, con el aumento de escala y productividad de las actividades hegemónicas en el continente controladas y/o volcadas a éste.
En síntesis, el PAC y la IIRSA actúan en forma de pinza (re)territorializante. En una punta, proyectos de soportes interoceánicos para disolver los llamados “cuellos físicos”, decenas de mega corredores de exportación, surcados por centenares de proyectos de infraestructura considerados matrices y ordenadores de los demás.
En la otra punta, iniciativas de convergencia regulatoria para destrabar los “cuellos institucionales”, nuevas reformas privatizadoras y flexibilizadoras para franquear recursos naturales, sectores de energía, transportes y comunicaciones. En el centro, bajo doble tensionamiento, físico y político-ideológico, van siendo barridos los pueblos, repuestos después como nuevos asalariados o sub-asalariados, con amplia utilidad en los mercados precarizados. Los fragmentos del poder social antes existentes allí, vestigios arqueológicos “vivos”, serán considerados relevantes solamente en la condición de figurar en la publicidad de la “responsabilidad social” de los emprendedores privados. Exigir retomar o mantener el control social y comunitario sobre la tierra y las aguas es un crimen de lesa humanidad. Y las masacres en masa y/o selectivas, especialmente en la región amazónica, surgen como respuesta a la pinza programada para no parar.
Todo lo que la Amazonia es y puede ser, o sea, las muchas Amazonias reales y posibles, especialmente las Amazonias no mercantiles, viveros de autonomía y de prácticas de compartimiento equilibrado, se convierten en soporte de ese modelo económico especializado en procesar y degradar recursos naturales y pueblos.
De la periferia interna en que se situaba la región, es promovida a una posición central, desde el punto de vista de la disponibilidad de nuevas fronteras de mercado de materias primas convencionales (minería, soya, carne, madera, etc.) y de punta (biogenética). Y desde el punto de vista de su papel geopolítico y logístico, en el control económico y militar de América del Sur.
El país se va entregando regocijadamente a la maldición de los recursos naturales: la riqueza que viene rápido y fácil, del mismo modo que se concentra y se pierde.
En la gran magnitud de nuestro crecimiento no se ven los cuellos, las pérdidas y las ganancias diferenciadas, el desperdicio particularmente de alternativas y el comprometimiento de recursos futuros y de opciones futuras. Basta ver la deforme anatomía del país después de la última endemia de crecimiento. En vez de extirparnos previsoramente las ventajas del atraso, en busca de pliegues en la historia, saltamos del capitalismo juvenil al senil. No hay creación significativa de riqueza nueva sin la desnaturalización y la depredación de recursos naturales, bienes públicos y valores colectivos.
La lucha de clases –y de fracciones y de bloques de poder – se magnifican en situaciones de disputas intermonopolistas por nuevas áreas de mercado. Guerra de (re)colonización, ¿hay un nombre más apropiado para designar la expansión de la frontera agropecuaria, minera y eléctrica, para y en la Amazonia? En esa guerra, exploradores de todas partes se alían para después repartirse el botín. Ellos se conjugan porque sobre recaen sobre los trabajadores y pueblos tradicionales sus diferencias y sus rateos.
La conjugación de los intereses de los oligopolios, basados en el uso y/o en el suministro intensivo de recursos naturales, por un lado plantea más centralización en el planteamiento de la incorporación territorial (Soportes, corredores, Evaluaciones Ambientales Integradas, inventarios auto licenciados de cuencas y yacimientos).
Por otro, en la implementación y operativización de los proyectos, defienden la descentralización del licenciamiento, porque agilizan la mercantilización del acervo de recursos naturales disponibles y su respectivo suministro, también según la correlación del poder local/regional.
Un ejemplo de eso es el inventariado del aprovechamiento del potencial hidroeléctrico brasileño, evaluado en torno a 180 mil MW, siendo que 70% de ese total están siendo “retenidos” en la Amazonia. De estos 2/3, 90 mil MW tendrían “pronóstico certero” de viabilidad económica/ambiental, necesariamente en ese orden.
El objetivo inmediato de ese lobby, por tanto, es el potencial hidroeléctrico “ocioso” de la Amazonia. Como si los ríos amazónicos, en su dinámica propia, no cumpliesen un papel insustituible en la mantención de la vitalidad, de la biodiversidad y de la sociodiversidad de la Amazonia entera, tanto como sobre las masas de aire y corrientes oceánicas que circulan en el hemisferio.
En la intersección de las áreas más accidentadas con los ríos se encuentra el codiciado potencial. Para capturarlo con seguridad y diligencia el sector eléctrico tiene preparado un paquete de medidas que legalizan la incorporación automática de cuencas hidrográficas enteras, a partir de inventarios ya consolidados. Algo similar es lo que está ocurriendo con la investigación y exploración minera.
En la Amazonia, el primer ajuste de cuentas es con los pueblos indígenas. Sus territorios ya vaciados por la invasión criminal y por la exploración clandestina, comienzan a ser traspasados ahora legalmente, para que sus riquezas puedan ser accedidas de forma inapelable por grandes grupos económicos. El derecho de consulta, configurado por la Convención 169 de la OIT, entra en ruta de relativización creciente. Intentos legislativos de crear formas compulsivas de la exploración de recursos mineros a cambio de <em>royalties</em> representan un ejercicio de veto al derecho al veto de las comunidades originarias. De la misma forma, las 18 condiciones creadas por el Supremo Tribunal Federal para demarcar la Reserva Raposa Serra del Sur vuelven las territorialidades indígenas permeables a intrusiones externas, en nombre de una pretendida soberanía. De la lista, se acentúa el proceso de guetización de las comunidades de quilombos y ribereñas, a través de restricciones adicionales para el reconocimiento de nuevos territorios de quilombos, de techos rebajados para compensaciones sociales y de sumarios procesos de despeje.
El segundo ajuste de cuentas es con la legislación ambiental. Para barrer el “acumulamiento” democrático sobrevenido de los procesos de movilización popular en los años 80, la dita rígida del capital requiere el aflojamiento de todo a su alrededor. En las palabras de Dirk Beeuwsaert, director de la división de Energía Internacional de la Suez, que tiene grandes planes para las cuencas hidrográficas de la Amazonia: <em>“como en todos nuestros otros proyectos, tenemos reglas muy rígidas sobre la lucratividad”.</em> Más que proscripciones, los sectores procesadores de recursos naturales, notablemente el sector eléctrico, hacen prescripciones al Estado: garantía de patamar máximo de rentabilidad de las concesiones, y seguridad financiera y jurídica para sustentar ese patamar.
El tercer ajuste es con la población campesina, transversal y acumulativo con los dos anteriores. La medida de encomienda del agronegocio, transformada en ley (11.763/2008), legaliza los crímenes sociales y ambientales del latifundio y libera nuevas áreas de frontera para actividades de monocultivo. Realmente el gobierno de Lula parece dispuesto a hacer cualquier negocio en nombre del agronegocio. La exclusión de los municipios de la zona de transición entre el Cerrado y la Amazonia, para efecto de la aplicación de medidas de control ambiental, significa una rendición más del gobierno frente a esas fuerzas, comandadas por la bancada ruralista. El mismo grupo que se moviliza en el Congreso por la modificación del área de la Amazonia legal y por la alteración de esa área mínima de reserva legal, entre otros arbitrios.
Más que nunca en nuestra historia, la hipótesis de nación, la posibilidad de un proyecto histórico, se da en contraposición de ese modelo antinacional y anti-pueblo. Solamente con nuestras voces y nuestros cuerpos sumados podemos frenar el metabolismo voraz de los grandes negocios, como hacen los pueblos del Xingú y del Madera, y como lo han demostrado los movimientos campesinos en la ocupación directa de las áreas e instalaciones mercantilizadas a costa de la destrucción de la naturaleza y de la miseria del pueblo. La viabilidad de cualquier proyecto de transformación estructural pasa necesariamente por el tensionamiento y desgaste de los nuevos cercamientos del capital y de sus proto legalidades.
La existencia de espacios considerados “democráticos”, en un escenario de opciones únicas e incondicionales de desarrollo, sólo será alcanzada y reconocida en el confronte, en la polarización, en asumir desatemorizados que no abdicaremos de nuestra condición de sujetos colectivos portadores de otro destino.
Notas
1 Luis Fernando Novoa Garzon es miembro de la Red Brasil sobre IFMs y de la REBRIP. Es profesor de la Universidad Federal de Rondonia-UNIR Conferencias en el ciclo “Amazonia herida” Museo CosmoCaixa Barcelona y Madrid, noviembre 2008.
2 FUENTE: Oswaldo Sevá. “Habitantes amenazados por la Ingeniería en las Amazonias”
