De nuestra mayor consideración:
El Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) es una organización nacional comprometida con los derechos humanos y ambientales de los bolivianos y las bolivianas, desde hace más de 15 años. Articula organizaciones sociales, productivas, académicas, grupos juveniles, parlamentarios, ecologistas, de consumidores y personas que trabajan en sus comunidades para la protección de su ambiente y recursos naturales. La agenda de intervención pública incluye la elaboración y seguimiento a la aplicación de políticas socioambientales, el apoyo a comunidades para la gestión de sus conflictos ambientales, el ejercicio de derechos ambientales y la incorporación de las visiones de sustentabilidad y soberanía alimentaria en el debate político nacional, a través de la promoción de actividades de uso sustentable de los recursos naturales, ejercidas por actores locales. Para cumplir esta labor, la organización promueve articulaciones y genera insumos de información sistematizada, documentos de análisis e investigación y material de formación y capacitación, que se plasman en campañas públicas.
La campaña “Amazonía sin Petróleo” se inició por la demanda de los pueblos amazónicos, cuyos derechos están siendo afectados por actividades petroleras, de la misma manera que sus formas de vida, sus actividades económicas: ecoturismo comunitario, artesanía, actividades extrativistas, producción de paños de jatata, miel y derivados. La Campaña tiene la misión de informar sobre los procedimientos legales, derechos y deberes relacionados a la actividad petrolera en todas las fases de la cadena productiva, etapas previas y posteriores, en particular en territorios habitados por pueblos indígenas y campesinos, porque el conocimiento de los mismos, tanto por parte de las comunidades como del mismo Estado, es un instrumento para la convivencia en el marco del Vivir Bien, directriz o paradigma de toda la política nacional, acorde a lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo.
Entendemos el Vivir Bien, expresión del “vivir bien entre nosotros”, como una convivencia comunitaria, con interculturalidad y sin asimetrías de poder, que establece que “no se puede Vivir Bien si los demás viven mal”. Entonces se trata de vivir como parte de la comunidad, con protección de ella, Vivir Bien en armonía con la naturaleza, en equilibrio con lo que nos rodea.
Por lo que comprendemos que el proceso de desarrollo, en el marco del Vivir Bien, es un desarrollo humanizado en que la colectividad, junto al Estado, decide las políticas y programas, como sujeto activo y no como receptor de “directrices verticales” impuestas.
En la Asamblea de la ONU, el día 22 de abril, usted señor presidente, logró que se declarara el Día de la Madre Tierra, reconociendo que “la Tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a ella”, por lo que señaló cuatro derechos de la Madre Tierra: el derecho a la vida de los ecosistemas, el derecho a la regeneración de la biodiversidad, el derecho a vivir sin contaminación y el derecho a la convivencia armónica con la naturaleza. Esta visión sustenta el posicionamiento justo de las decisiones propias de pueblos indígenas que por las políticas excluyentes enmudecieron sus reclamos, sus demandas y sus derechos y cuyo reconocimiento, sin duda, ha sido el mayor logro de la actual administración, no sólo dentro de la política interna, sino de la política internacional, haciendo hincapié en la necesidad de evitar la discriminación y utilización de pueblos indígenas bajo razonamientos desarrollistas como el “progreso lineal”, las relaciones de las culturas “modernas” y “atrasadas”, “primitivas” y “avanzadas”.
La nueva Constitución Política del Estado, aprobada por voto soberano en enero del 2009, define a Bolivia como un Estado Unitario Plurinacional Comunitario y establece nuevos derechos para todos los bolivianos y bolivianas. Éste es el marco de las acciones de FOBOMADE para la participación en políticas públicas y control social de procesos desarrollistas que siempre atentaron contra los excluidos de ayer y protagonistas de hoy: los pueblos indígenas, cuyos derechos, intereses, la tierra y territorio que habitan y su autodeterminación fueron afectados, a la vez que eran contaminados ambiental y socialmente.
La nueva Constitución considera la Amazonía como un espacio estratégico que se debe proteger por “su elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad, recursos hídricos y ecoregiones”. La CPE manda al Estado priorizar “el desarrollo integral sustentable de la Amazonía, a través de una administración integral, participativa, compartida y equitativa…”, fomentar las actividades turísticas, ecoetnoturísticas y otras iniciativas regionales, en coordinación con autoridades indígenas, originarias, campesinas y los habitantes de la Amazonía”. Se establece que el Estado debe implementar políticas especiales a favor de las naciones y pueblos indígenas amazónicos.
El 2006 el Estado boliviano creó la Zona Intangible y de Protección Integral de Reserva Absoluta para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario Toromonas, comprometiéndose a respetar sus formas de vida individual y colectiva. Con la nueva Constitución, el Estado boliviano (Art. 31) perfeccionó dicha resolución, comprometiéndose a proteger a los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en el territorio nacional, evitando que sean perseguidos, acosados y exterminados por grandes proyectos que se instalan en sus zonas de vida, que los asfixian hasta desaparecerlos. A pesar de ello, el 2008 se firmó contratos petroleros precisamente en el área de protección, con la empresa Petroandina SAM, a la cual, entre mayo y agosto de 2007, se le adjudico más de 3 millones de hectáreas, además de que se renovaron los contratos petroleros con Repsol YPF, Petrobras, Total E&P, en una superficie de 1 millón y medio de hectáreas, todo ello en la Amazonía.
La intención de realizar exploración sísmica en la TCO Pilón Lajas y en Madidi data de 1999, cuando la empresa REPSOL inició el trámite de licencia ambiental. La Campaña realizada contra la REPSOL, hizo desistir a esta empresa. Durante el gobierno de Carlos Mesa fue aprobada la licencia ambiental para uno de los proyectos de Petrobras: Río Hondo Sur, lo que llevó al FOBOMADE a apoyar una masiva campaña liderizada por las organizaciones locales, desde municipios, hasta comunidades, la misma que obligó a la empresa a desistir de ingresar en la región, si bien no renunció a la concesión Río Hondo, renovando su contrato el 2007. El 2008 fue firmado el contrato para el Bloque Liquimuni, entre el Estado Boliviano y la empresa Petroandina, sin cumplir con las nuevas condiciones establecidas en la nueva Ley de Hidrocarburos, con respecto a las actividades petroleras en las TCO y Áreas Protegidas, que es el caso de Pilón Lajas y Madidi y sobre la consulta pública.
Los Andes Tropicales o Amazonía Andina es el núcleo de numerosos pueblos indígenas, cuya diversidad cultural está íntimamente asociada a la diversidad biológica, lo que se manifiesta en la diversidad de lenguas, costumbres, prácticas de domesticación de diversos organismos, de manejo de recursos, suelos y del ambiente, en sus hábitos alimenticios, reproductivos, en elementos textiles y en general en todos los instrumentos que acompañan el uso cotidiano y sagrado de los recursos biológicos. Por tanto, más allá de la dinámica biológica y ecológica del planeta, la distribución de la biodiversidad está íntimamente relacionada a la diversidad cultural presente en la Amazonía Andina.
Por otro lado, la región occidental del Amazonas permanece como una zona de grandes reservas potenciales de diversos recursos naturales, poco explotados, entre ellos los hidrocarburos, minerales, agua y, sobre todo, diversidad biológica. Por ello, diferentes estrategias buscan consolidar la ocupación de los territorios andino amazónicos, combinando el crecimiento y conservación desde un enfoque de patrimonio de la humanidad, reserva medioambiental del planeta, un gran parque de secuestro de carbono y provisión de servicios ambientales.
Dichas estrategias se articulan en la Iniciativa de Conservación de la Amazonía Andina (ICAA), un programa de 5 años de duración financiado por USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, que promueve acciones internacionales para la conservación de la biodiversidad andino amazónica, que es parte de lo que se conoce como la Estrategia de Internacionalización de la Amazonia. La internacionalización de territorios implica la interferencia en políticas nacionales bajo el argumento de la protección de un ecosistema de importancia global o regional y puede pretender realizarse de manera impuesta, por consensos mundiales, o de manera más sutil, por ejemplo, a través de la gestión compartida de cuencas o corredores entre países con asimetrías profundas, donde de manera natural se produce la subordinación del o los países menores a un país hegemónico, que normalmente cuenta con políticas bien definidas y con importantes intereses transnacionales asentados en esos territorios.
En el caso de los corredores biológicos o de conservación, la presencia de ONG internacionales que responden a su Agencia de Cooperación, determinarán las políticas nacionales en materia de conservación, el destino del financiamiento de la gestión de las áreas protegidas e inclusive las actividades e instituciones que pueden formar parte de dicha gestión, en una incidencia abierta en asuntos que hacen a la soberanía de las naciones. En el caso de la Amazonía boliviana, la agencia principal es la norteamericana USAID, seguida de la GTZ alemana y entre las ONG están Conservación Internacional, The Nature Conservancy y World Conservation Society (WCS), todas con sede en Estados Unidos de Norteamérica.
Estas conocidas ONG de conservación dictan las pautas de políticas ambientales en todo el mundo. La creación de áreas protegidas primero como islas de conservación, posteriormente como corredores transfronterizos y la creación de reservas o territorios indígenas forman parte de la misma lógica que permite en algunos casos anteponer los recursos biológicos, la sensibilidad por las especies en extinción y la preocupación por los problemas globales a las necesidades locales, a través del manejo de programas de sensibilización mediática. Cuando esto no funciona, son los pueblos indígenas los que pueden ser utilizados para defender las áreas protegidas y sus recursos, principalmente de otros grupos humanos empobrecidos, pero rara vez de corporaciones petroleras, de empresas madereras o mineras. Como ejemplo de ello, cuando Petrobras consiguió la licencia ambiental para explotar el Bloque Río Hondo colindante al Parque Madidi, ni Conservación Internacional, ni WCS dijeron una palabra y sólo fue la voluntad de las comunidades, las OTB, municipios, subprefectura y organizaciones económicas de la región lo que logró hacer desistir a Petrobras de ingresar a la Reserva de la Biosfera y TCO Pilón Lajas.
Las ONG mencionadas, junto con la corporación ambiental The Nature Conservancy y algunas locales, forman parte del consorcio de instituciones que conforman la Iniciativa de Conservación de la Cuenca Amazónica, de USAID, que ha elaborado un Plan de Conservación para la Amazonía. Este Plan fue rechazado por el Parlamento de Brasil, que considera como intromisión inaceptable que consorcios de ONG extranjeras actúen libremente en territorio brasileño y de otros países, fortaleciendo sectores que ellas consideran estratégicos. Incluso, fue denunciado por el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en ocasión del Primer Foro Amazónico, realizado en Guayaramerín, en junio del año 2007. Usted mismo, señor Presidente, en el discurso inaugural señaló que ya no se aceptaran políticas “desde arriba y desde afuera”.
Para las grandes ONG internacionales, las actividades de extracción intensiva de recursos no son incompatibles con los objetivos de conservación de las áreas protegidas. Prefieren creer en la “responsabilidad corporativa” que hará que las empresas utilicen «tecnología de punta». Para estas organizaciones internacionales, los impactos más graves ocasionados por una empresa petrolera o minera son los llamados “impactos indirectos”, es decir, los procesos de destrucción que producen las poblaciones locales que se asientan alrededor de las operaciones de las empresas.
Por estas razones, el FOBOMADE ha denunciado permanentemente las actividades de estas ONG, recordando que obtienen grandes ganancias de empresas petroleras negociando a nombre de comunidades indígenas como es el caso de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano FCBC, que logró más financiamiento que todo el SERNAP de las empresas Shell y Enron, vendiéndose como garantes de la conservación de dicha región, aprovechando para ello las acciones de resistencia de diversas organizaciones nacionales y locales. (El Proyecto Cuiabá: como comprar conservacionistas, en: Miradas, Voces y Sonidos. Conflictos Ambientales en Bolivia. FOBOMADE 1999).
Hemos sido informados que el Gerente General de la empresa Petroandina Sociedad Anónima Mixta, a nombre de la empresa consultora ECONAT, en vista de haber sido descubierto en actos de soborno a dirigentes, violación de derechos y deberes como empresa contratada, ha intentado enfrentar estos cuestionamientos socioambientales con actitudes que creíamos forman parte del pasado, a través de notas oficiales en las cuales nos involucra con las ONG mencionadas.
En justicia nos corresponde señalar enfáticamente a su autoridad que nuestra organización no tiene vínculo alguno con USAID ni con sus ONG y menos recibe financiamiento de empresas petroleras, lo cual está abierto a verificación inmediata. Alertamos, al mismo tiempo, de la conveniencia de confundir las actividades de las ONG financiadas por USAID con las acciones de organizaciones indígenas y de FOBOMADE, para encubrir el objetivo real de USAID de permitir el ingreso de las empresas petroleras socias de sus capitales, como es el caso de Petrobras.
Debemos recordar que el 2006, las ONG mencionadas, juntamente con sus socios locales y de cooperación, financiaron la toma del SERNAP en contra de la política de nacionalización de áreas protegidas del gobierno, que claramente se orientaba a la recuperación de la soberanía sobre estos espacios de territorio nacional que habían sido paulatinamente cedidos a las ONG internacionales, sin mencionar el control privado sobre el conocimiento de la biodiversidad, establecido como patrón de conducta en el país, con total impunidad y que hoy debe ser un eje de nacionalización real considerando que aún está en peligro nuestro patrimonio genético, ya constitucionalizado.
Por ello reiteramos lo que señalamos en esa ocasión (2006): “Si el gobierno actual está decidido a gestionar la riqueza biológica del país, debe tener presente la necesidad de mirar en conjunto la totalidad de los recursos estratégicos yuxtapuestos en la región: hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua y la infraestructura de transportes creada para su explotación. Tomando en cuenta que la naturaleza y la biodiversidad no pueden construirse sin el control social de los espacios colectivos, debe colocar con firmeza el debate de la conservación alrededor del control social del conocimiento y abrir una batalla política, teórica y social en contra de cualquier mecanismo que silencie la producción colectiva, invisibilice los procesos de construcción social del saber y genere nuevos mecanismos de pérdida de control geopolítico”. (Áreas protegidas: Del discurso de la Conservación, a la nacionalización. FOBOMADE. 2006.)
La Declaración de la ONU ha reconocido el derecho de los pueblos al desarrollo con identidad. “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones”. Si el Estado pretende aplicar una estrategia de desarrollo nacional, en relación a los pueblos indígenas, la concertación de las políticas que puedan afectar sus territorios y sus tierras es fundamental, pues, de lo contrario, se estaría aplicando la misma vieja política de implantación verticalista de los proyectos de explotación que van “si o si”.Reciba usted, señor Presidente, nuestros saludos fraternos.
Javier Aramayo Caballero
PRESIDENTE FOBOMADE
cc. Ministro de Planificación – Noel Aguirre
Ministro de Medio Ambiente y Agua – René Orellana
Ministra de Desarrollo Rural – Julia Ramos
Ministra de Justicia – Celima Torrico
Ministro de Relaciones Exteriores – David Choquehuanca
Ministro de La Presidencia – Juan Ramón Quintana
Ministro de Hidrocarburos – Oscar Coca
Ministro de Autonomías – Carlos Romero
Ministro de Culturas – Pablo Groux
Ministra de Transparencia – Nardy Suxo
Presidencia Cámara de Diputados – Edmundo Novillo
Vicepresidencia de la República – Álvaro García Linera
