¿Qué debería suceder en la autonomía indígena?

Emergente de la Ley Nº 3760 de 7 de noviembre de 2007, de ratificación de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se ha determinado que toda política de desarrollo de cualquier gobierno, sobre todo los del nivel nacional o estadual, deben observar algunos derechos reconocidos a los pueblos indígenas originarios y campesinos. En el caso de Bolivia estos derechos, para su ejercicio tienen peros que nacen de la misma configuración de la nueva constitución.

Resolución de la VI Comisión Nacional de la CIDOB

La VI Comisión Nacional de la CIDOB, reunida en Santa Cruz, resuelve pedir al gobierno que respete a los pueblos indígenas de Tierras Bajas y sus derechos establecidos por ley y que los procesos de exploración se realicen en el marco de las normas establecidas y no se ejecute a través de decretos inconsultos, los cuales no hacen más que entorpecer las relaciones entre las partes involucradas.

Resolución de la Mesa Indígena Amazónica

La Mesa Indígena Amazónica de Cobija resuelve ratificar el apoyo a todas la acciones que tomen la OPIM, CPILAP y CIDOB en defensa de sus derechos a la consulta en todas las fases y etapas de las actividades hidrocarburíferas y repudiar las acciones denigrantes de están realizando las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y energía en el proceso de exploración del proyecto sísmica 2D.

¿Derechos indígenas o intereses petroleros?

“Nuestra preocupación es profunda, como pueblos ubicados en la Amazonia boliviana”, pues “el impacto social se está viendo ahora mismo, pero después vendrán los impactos al medio ambiente, los impactos económicos… y los pueblos indígenas no estamos realmente preparados para enfrentar este tipo de proyectos”, afirma Álex Vilca, representante de la comunidad San José de Uchupiamonas, quechua-tacana, del norte de La Paz.