Cuando Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia, el país llevaba transitando más de dos décadas de políticas neoliberales de privatización, atracción de inversiones extranjeras y apertura de la economía al mercado global. Las luchas populares contra esas políticas llevaban también acumulando experiencias organizativas desde la incansable resistencia a la privatización petrolera liderada por el ingeniero Enrique Mariaca, la Guerra del Agua, el cerco campesino a la ciudad de La Paz, que entre los muchos acuerdos logrados, prohibió los transgénicos y finalmente la Guerra del Gas que generó la salida del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Fueron esas luchas de resistencia popular las que permitieron la victoria electoral del gobierno de Evo Morales.
Atrás había quedado la década de sustitución de las importaciones. El contexto económico y geopolítico era muy diferente, con un papel creciente de China en la geopolítica global y un rol de país subimperialista del vecino Brasil, acentuando formas coloniales de división del trabajo y del espacio territorial, y consolidando el carácter exportador de bienes primarios del país o el modelo de acumulación por despojo.
Las desigualdades sociales y la exclusión, la falta de solidaridad y pérdida de identidad colectiva, una cultura política fragmentada e individualista, sin participación ni democracia real, la aparición de “estados paralelos” u organizaciones al margen de la ley apoyadas por fracciones de la población, relacionadas con la economía ilegal, la criminalidad y el narcotráfico, fueron también las consecuencias de las transformaciones económicas, políticas y culturales que produjo el neoliberalismo. La sociedad, cada vez más expuesta a una industria cultural globalizada, dejaba el referente nacional para asumir los valores y patrones de consumo del poder económico transnacional.
Por tanto, el proceso de cambio para ser tal, requería de rupturas profundas con estas formas de inserción en el mercado mundial y la apertura de un proceso de transformación de la organización natural del trabajo, eliminando las necesidades materiales para garantizar un desarrollo sin obstáculos de las fuerzas vitales de cada individuo y de la responsabilidad colectiva, en el marco de la construcción de una verdadera democracia. Si esto no ocurría, la posibilidad de descolonizar el Estado encontrando alternativas al desarrollismo, quedarían muy lejos y se fortalecería el orden existente.
El proceso de cambio tenía que reconocer efectivamente la profunda heterogeneidad histórico cultural existente al interior del territorio nacional. Ello era imprescindible para impulsar la articulación de la sociedad plural dentro de cada región y en consecuencia lograr profundas transformaciones culturales y la construcción del nuevo Estado, de manera democrática. Las negociaciones interculturales y la transformación del imaginario social son procesos complejos y largos y de ninguna manera dichas negociaciones y transformaciones pueden ser impuestas desde el poder, como señala el fracaso de los procesos revolucionarios del siglo pasado.
Pero las confrontaciones de lógicas político civilizatorias diferentes al interior del proceso de cambio parecieron dar prioridad a la lógica nacional popular antes que a la descolonización del Estado monocultural -que bajo la noción del Vivir Bien- cuestione el capitalismo, los patrones productivos y el extractivismo. En la lógica nacional-popular que priorizó la soberanía nacional, la redistribución de la riqueza, el fortalecimiento del estado, la presencia estatal y las políticas públicas de incremento del gasto social y de los subsidios, el proyecto de modernidad sigue apostando a un crecimiento sin fin y a modalidades de inserción primario exportadora en la economía global. El argumento esgrimido para el neoextractivismo del gobierno del proceso de cambio es que a corto y mediano plazo no existen opciones a la explotación de hidrocarburos, a la minería a cielo abierto a gran escala y a los monocultivos, ya que estas constituyen las principales fuentes de ingreso fiscal.
En este contexto resulta llamativa la declaración del presidente de una de las comisiones legislativas quien anunció al inicio de semana que el tratamiento de las leyes sobre el TIPNIS[i], la abrogación de la ley 180 y la aprobación de la carretera por el centro del territorio quedaban pospuestas hasta el 2014, por instrucciones del Ejecutivo, que además había decidido dedicar sus esfuerzos a la erradicación de la extrema pobreza en el territorio.
Días atrás fue presentado el Informe final de la consulta, y junto con este, los proyectos de ley mencionados y el Plan Integral de Vida o Estrategia concurrente de Desarrollo Integral.
Si se toma en cuenta que días antes de la presentación del informe de la consulta fueron divulgados los documentos de la Iglesia y Asamblea de Derechos Humanos y del Tribunal Electoral, resulta evidente que el Informe Gubernamental de la Consulta en el TIPNIS llega contextualizado no solo por estos documentos sino por los recursos legales, demandas al CIDH, OIT, en la justicia ordinaria y las mismas sentencias del Tribunal Constitucional, una condicionada (abrogación de la Ley 222), y otra procedente (derogación de artículos sobre consulta de la Ley Financial). Todo lo cual acompaña la escasa calidad del informe y la inobservancia de las condiciones y oportunidad de la consulta que invalidan el documento.
En consecuencia la nueva estrategia gubernamental de bajar el perfil al informe mencionado y proponer un documento de desarrollo integral territorial o local, parecería altamente expectante. El problema es que el documento parece guardado bajo siete llaves y así no podrá lograr su objetivo: re direccionar el debate para enfrascar tanto a los líderes y autoridades indígenas, como a la sociedad boliviana en su conjunto, en la discusión de la gestión del territorio y el desarrollo, un debate por demás necesario y develador.
Recordemos que el ámbito donde los actores dejan de ser espectadores y pasan a ser protagonistas de su destino común, es el territorio. Para ello necesitan proyectos políticos aglutinadores. Así, el territorio no sería solo un lugar de conflictos de intereses diversos, sino también de sinergias, estrategias conjuntas y de procesos de aprendizaje. ¿Es posible esta construcción colectiva en el TIPNIS?
Los pueblos mojeño trinitarios, protagonistas de las luchas de resistencia conocidas como la Búsqueda de la Loma Santa, lograron reconstituir su cultura, estableciendo un relacionamiento y reconocimiento interétnico con pueblos yuracarés y tsimanes como antecedente del reconocimiento del territorio del TIPNIS. Esto a pesar de que estos pueblos, son profundamente diferentes por ser de “monte adentro”, de “caza-recolección”, “móviles” a diferencia de los mojeño trinitarios, quienes desarrollaron en la llanura beniana una de las sociedades más destacadas, por su dominio de los sistemas agrícolas de humedales y sus extraordinarias obras de ingeniería hidráulica.
¿Podrá el modelo de gestión territorial o Plan de Vida presentado, desarmar el conflicto, atender las necesidades y expectativas de los pueblos del TIPNIS garantizando el respeto a sus derechos, visiones y propuestas? ¿Podrá frenar la acumulación capitalista y de despojo del territorio indígena por los colonizadores cocaleros en expansión? ¿Contiene propuestas de alternativas para las comunidades cercadas en la zona de colonización? ¿Podrá convertirse en un modelo para las zonas de contacto indígena-colonizador que normalmente derivan en avasallamiento de territorios indígenas? ¿Propondrá formas de cooperación indígena-colonizador para inducir procesos productivos que al mismo tiempo protejan el territorio, sus sistemas y a sus habitantes? ¿Es esto posible? ¿O es soñar demasiado?
Notas
[i] La conflictiva decisión de impulsar la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure a pesar de la firme oposición de los pueblos indígenas que viven en dicho territorio y atendiendo a la exigencia de los colonizadores de la zona, produjo profundas divisiones en la sociedad boliviana. Debido a las consecuencias del polémico debate nacional expandido internacionalmente, las reparticiones estatales se vieron en la necesidad de organizar eventos como el del Solsticio de verano, el 21 de diciembre en la Isla del Sol, para intentar recuperar la confianza de los movimientos ecologistas internacionales. El instrumento para defenestrar a líderes indígenas y organizaciones protagonistas del debate público, fue entonces y posteriormente, el libro Geopolítica de la Amazonía, de autoría vicepresidencial.
Referencias:
-Oscar Madoery. 2001. El valor de la política de desarrollo local, en Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local. Homo Sapiens Ediciones, Rosario. Argentina.
-Wilhelm Reich. 1955. En defensa de la democracia, en La función del orgasmo. Editorial Paidós.
-Edgardo Lander. 2011. El estado de los actuales procesos de cambio en América Latina: proyectos complementarios/divergentes en sociedades heterogéneas, en Más allá del Desarrollo. ABYA YALA. Universidad Politécnica Salesiana y Fundación Rosa Luxemburgo.
«
