El río San Juan de Nicaragua es el principal afluente del Corredor Biológico Mesoamericano, un frágil ecosistema declarado patrimonio natural de Mesoamérica y de la humanidad, el cual ha sido dañado por la construcción de una carretera cerca de la ribera sur, informó la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua Rosario Murillo.

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua (MARENA) denunció severos impactos ambientales en la orilla del curso de agua en Nicaragua, provocados por la construcción de 160 kilómetros de carretera en territorio costarricense. A lo largo de su trazado, la vía alteró el medio natural (suelo, agua y biodiversidad) y la calidad de las aguas del río San Juan, por la transferencia del sedimento degradado, el cual crea turbidez y destruye el hábitat acuático y el ecosistema como un todo.

A la fecha son muy notorios los cambios en el relieve, litología, composición de los suelos; zonas de alteración hidrotermal, sistemas de fallas y fracturas de edades y naturalezas distintas, a lo largo del curso del río San Juan, el cual es una estructura crítica, reserva de biosfera, refugio de vida silvestre y sitio Ramsar, advierte el MARENA.

En el trayecto de 160 kilómetros de ruta a orillas del río se observan más de 100 sitios críticos, debido principalmente a procesos de erosión, sedimentación en travesías de escorrentías, caños y quebradas; además de la interrupción de los corredores biológicos naturales.

“La gravedad del daño provocado es tal, que no existen medidas de mitigación posibles que garanticen el uso funcional de la carretera, sin que afecte los 120 kilómetros de contacto directo con el río”, precisa la declaratoria de “Estado de Alerta Amarilla” en el Departamento y la Cuenca del Río San Juan de Nicaragua, emitida por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SE-SINAPRED) el 28 de mayo de 2012.

A fin de atender la contingencia, agravada por las torrenciales lluvias de los últimos días, el gobierno de Daniel Ortega dispuso la adopción de medidas administrativas y la ejecución de planes de contingencia a cargo del SINAPRED. (1)

El INETER espera que en los próximos días se produzcan en la zona del río San Juan lluvias recurrentes de moderadas a intensas, lo que incrementarán el impacto observado hasta el momento. Se prevé que en el corto plazo se verán afectadas las poblaciones locales, tanto en lo que se refiere a sus labores productivas, pesca u otras actividades económicas, así como el acceso al suministro de bienes y servicios.

El ecosistema afectado

La zona en riesgo conecta los mejores ecosistemas del norte de Centroamérica con los del sur, y por tanto resulta clave en la conservación del bosque húmedo tropical de la región, explicó el doctor Jaime Incer en una entrevista con la periodista María Julia Mayoral, corresponsal de Prensa Latina en Nicaragua.

A esos estragos inmediatos se suman otros como los megaproyectos de infraestructura turística planificados por el gobierno de Costa Rica en las proximidades del cauce, alertó el presidente de la Fundación Amigos del Río San Juan (Fundar) Norwin Torres.

Decenas de académicos y expertos en medio ambiente, abogados y geólogos de Fundar, Foro Nacional de Reciclaje (FNR), y la Asociación de Geólogos de Nicaragua, entre otros, evidenciaron deforestación y destrucción del hábitat de jaguares, perezosos, sapos, manatíes, nutrias, cocodrilos, camarones y decenas de peces. Las familias del municipio de El Castillo perciben una disminución de peces y aves. (2)

En enero de este año, la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) dispuso como medida cautelar la suspensión de obras tras comprobar en el terreno los daños al ecosistema. La CCJ debe emitir próximamente un fallo definitivo sobre la demanda presentada por el FNR y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (FNDS).

FNR y FNDS demostraron que la construcción de la carretera viola más de 20 normas del Derecho Comunitario Centroamericano, y una decena de convenios y tratados internacionales referentes a la protección y conservación de bienes naturales.

Según el experto en derecho internacional Mauricio Herdocia, un principio fundamental del derecho internacional es que los Estados no pueden realizar acciones en su territorio que afecten a un tercer país. De ahí que, previa a la autorización de obras de infraestructura transfronterizas, los Estados están obligados a realizar estudios de impacto ambiental y planes de mitigación.

En los últimos días, los principales periódicos de Nicaragua, El Nuevo Diario y La Prensa, revelaron que Costa Rica no hizo un levantamiento topográfico e incumplió requerimientos técnicos durante la planificación de la obra.

El Consejo Nacional de Vialidad de Costa Rica (Conavi) admitió haber construido los 160 kilómetros de la trocha sin un solo plano, y reconoció perjuicios ecológicos instantáneos y progresivos graves. La ausencia de diseño pudo desembocar en mayores costos, problemas ambientales y un rápido deterioro del proyecto, observó el director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) Olman Vargas.

El diputado tico Walter Céspedes del Partido Unidad Social Cristiana acusó al funcionario del Conavi Carlos Acosta de mentir y ocultar información cuando él solicitó detalles sobre la edificación de la Ruta 1856, reportó el diario costaricense El País. (3)

Litigio internacional

El gobierno de Nicaragua acudió a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, la más alta instancia judicial de Naciones Unidas, para que dirima la disputa e imponga medidas de resarcimiento. La carretera tendrá un grave impacto “al degradar aún más el suelo, ya devastado por la deforestación, debida principalmente a los desarrollos agrícolas e industriales en territorio costarricense”, argumentó en la demanda.

Nicaragua presentará formalmente la demanda en la Corte de La Haya el 19 de diciembre de este año. El gobierno nicaragüense ya hizo conocer sus quejas a la Convención Ramsar, la Unesco, el Pnuma, y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.

Entre tanto, organizaciones ambientalistas solicitaron a la CCJ que convoque a la Convención Internacional para los Humedales (Ramsar) a realizar una evaluación técnica, y ordene a Costa Rica iniciar la reforestación inmediata en una franja no menor a 500 metros.

Notas:

1. Fundar constató in situ la migración de peces por la pérdida de su hábitat y cerca de 200 puntos de arrastre de sedimentos del desbroce del terreno que van a parar al torrente. “Ver la destrucción del lugar es algo impresionante, ver la contaminación en los ríos a simple vista es algo bárbaro”, describió el presidente de la Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz Alberto Cabezas. (PL)

2. Entre la medidas se mencionan la activación y funcionamiento del Centro de Operaciones de Desastres Nacional; el CODE del departamento de río San Juan y los municipios afectados. Preparar y actualizar los planes de respuesta ante intensas lluvias, las que pueden derivar en inundaciones, deslizamientos y posibles impactos de tornados y huracanes en algunas regiones del país. La Comisión de Trabajo Sectorial de salud garantizará la atención médica asistencial y preventiva en todas las unidades de salud de las regiones afectadas.

3. Acosta se negó a entregar la documentación alegando que se trataba de un secreto de Estado, por decreto de la presidenta Laura Chinchilla. Sin embargo, el diputado opositor evidenció que el decreto no dice que el proyecto sea un secreto de Estado.