La presa de Belo Monte es un viejo proyecto de la dictadura militar de fines de los setenta, que fue rescatado por el gobierno de Lula. Tras la de las 3 Gargantas en China y la de Itaipú (Brasil-Paraguay), será la tercera más potente del mundo, con una producción superior a los 11.000 MW.
Es un proyecto que se inserta en el Programa de Aceleración del Crecimiento del gobierno de Lula y ahora de Dilma Rousseff y responde a la filosofía neo-desarrollista del Ejecutivo, de combinar capital público y privado (nacional e internacional) para impulsar proyectos de infraestructura funcionales a las industrias estratégicas como la minería, etc.
En este caso, Norte Energia es el consorcio empresarial público-privado que lidera el proyecto, y en el que comparten acciones el grupo eléctrico estatal Eletrobras con capital privado, como la multinacional Iberdrola.
El rechazo al proyecto ha sido intenso y ha trascendido las fronteras brasileñas, debido a los enormes impactos previstos en una obra de tal magnitud. Ni el gobierno militar ni los neoliberales pudieron llevarla a cabo y paradójicamente es un gobierno “progresista” el que está consiguiendo que el proyecto sea irreversible.
En Brasil, los conflictos en torno a la construcción de presas son recurrentes ya que casi un 90% de la electricidad producida en el país procede de fuentes hidroeléctricas, nos manifestaron dos portavoces del MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), un movimiento que lucha por los derechos de las personas afectadas por la construcción de presas. En la mayoría de los casos, los gobiernos de turno no han otorgado indemnizaciones justas a los miles de afectados directos, además de ignorar a los miles de afectados “indirectos”, es decir, aquellos que no ven inundadas sus tierras pero que son sustancialmente perjudicados en su vida diaria (colapso de sus fuentes de trabajo, degradación de su ecosistema…).
En el caso de Belo Monte, los impactos son múltiples y algunos ya se están sintiendo, como es el caso de la desestructuración social y el colapso de servicios básicos (salud, etc.) debido a la llegada masiva de miles de personas en busca de empleo, como ha ocurrido en la ciudad de Altamira, con un aumento de mas de un 40% de la población en apenas 2 años. A su vez, los más de 8.000 trabajadores que a día de hoy están empleados en la construcción, llegaron solos, sin sus familias y esto ha provocado, en un contexto social de notable pobreza, un aumento exponencial de la prostitución.
Las pésimas condiciones laborales son otro de los puntos negativos, como nos manifestó un trabajador recién despedido. Transporte deficiente, comida en mal estado, horarios prolongados, constantes accidentes laborales han provocado huelgas espontáneas que no son acompañadas por el sindicato oficial, subordinado a la patronal. Los nuevos líderes de los sindicatos alternativos, son expulsados sistemáticamente. Esta es una situación que se repite en centenares de obras del país, según Atenágoras Lopes, representante del sector de la construcción civil del sindicato Conlutas.
La destrucción ambiental, según Oswaldo Sevá de la Universidad de Campinas, afectará a 1.500 km2 (un 33% de selva nativa), además de los impactos sociales asociados al desplazamiento de más de 20.000 personas de sus hogares. A esto hay que añadir los impactos “indirectos” por el desvío de más de 100 km del río Xingú, que afectará radicalmente la vida de poblaciones pesqueras y agrícolas y la de los pueblos indígenas que habitan en las riberas.
Cooptación
Hasta el año 2010, la resistencia de los pueblos indígenas, del MAB y de la coordinadora de movimientos sociales ‘Xingu Vivo’, consiguió frenar el proyecto. La corporación en articulación con el gobierno, cambió entonces de estrategia, optando por la cooptación masiva de diversos sectores.
A día de hoy el movimiento indígena, otrora vanguardia de la resistencia, está desactivado tras la compra de sus líderes y la entrega de cheques mensuales por parte de la empresa, como confirma el Consejo Indigena Misionario. También han comprado a algunos líderes de barrios pobres, pero fundamentalmente ha invertido en la financiación de las fuerzas de seguridad. Las calles de Altamira están plagadas de camionetas nuevas de la policía con el logo de la corporación Norte Energia, ofreciendo una imagen muy agresiva y explícita del poder del capital.
Mientras tanto, miles de desempleados esperan la oportunidad de trabajar unos meses en alguno de los canteros de obra, con la ilusión de se produzca un mínimo “derrame económico”.
En este contexto, la paralización del proyecto se ha tornado sumamente difícil, por lo que se ha convertido en asunto prioritario la lucha por unas indemnizaciones justas y la reubicación en viviendas dignas de los miles de afectados, según Moises Da Costa, uno de los coordinadores del MAB en Belo Monte.
Con Belo Monte, recuerda el profesor Bermann, se repite la “promesa de redención” y salida del subdesarrollo que ya se hizo con la explotación de la goma primero y la construcción de la carretera transamazónica posteriormente. Lo que sí es seguro es que la hidroeléctrica proveerá energía barata al complejo minero-metalúrgico transnacional (bauxita, aluminio…) ubicado en la región. Mientras tanto, los grafiteros de Altamira ya rebautizaron al proyecto como “Belo Monstro”.
Fuente: Barómetro Internacional, luismiuh@yahoo.com
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