El caso más llamativo es la paralización de obras de la Central Hidroeléctrica de Jirau porque forma parte de los cuatro proyectos hidroeléctricos que empezó a ejecutar el gobierno brasileño (dos en Brasil, uno en la frontera entre ambas naciones y Cachuela Esperanza en el lado boliviano) y porque además podría repetirse en territorio nacional.
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Las dos represas que actualmente están en construcción, Jirau y Santo Antonio, no solamente afectaron el medio ambiente y territorios indígenas, sino que demostró las precarias condiciones en las cuales se desenvuelven los casi 37 mil obreros para que las megarepresas empiecen a operar a partir de este año.
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Esta extrema vulneración de los derechos laborales motivó a que algunas organizaciones como la Plataforma BNDES solicitara la paralización de obras en tanto no se atienda las demandas de los trabajadores, se transparente la utilización de recursos del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) que financia estas obras y además se atienda a las comunidades afectadas por las construcciones.
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Reproducimos una de las cartas enviadas al Banco estatal brasileño el pasado 30 de marzo por parte de la Plataforma BNDES, organización que agrupa a varias instituciones y movimientos sociales de Bolivia y Brasil.
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Por la suspensión de los financiamientos del BNDES a las obras que violan los derechos de los trabajadores
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En los últimos días, una serie de violaciones de los derechos más básicos de los trabajadores en obras del Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC) han sido reportados por la prensa: la construcción de las represas hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio en el Río Madeira, la construcción de la Refinería Abreu y Lima en Pernambuco y la termoeléctrica de Pecém en Ceará. A pesar de que los derechos de los trabajadores están consolidados en una ley, las recurrentes violaciones no hicieron que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el mayor financiador de las obras del PAC, suspenda los financiamientos de las polémicas obras. Además de esto, el Banco no presentó hasta el momento los criterios de aprobación a los financiamientos y el monitoreo de los contratos para el debate público y la fiscalización.
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En septiembre de 2008, una carta del GT hidroeléctricas de Plataforma dirigida al Banco ya alertaba por los grandes riesgos de los proyectos energéticos del río Madera y demandaba la suspensión del crédito hasta que estos temas fueran resueltos. Entre los riesgos financieros, ambientales y legales, la carta alertaba que se trataba de \"una bomba demográfica y social que explotaría en la región debido a la formación de una migración atractiva\" y solicitaba la apertura de un canal de diálogo con la población afectada por los proyectos, además de informaciones sobre el tratamiento dado por el Banco a los pasivos sociales y ambientales generados por sus financiamientos para la construcción de las represas.
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Desde su creación, la Plataforma BNDES ha demandado del Banco iniciativas que confieran transparencia a sus financiadores de modo que la opinión pública y las poblaciones afectadas puedan conocer e incidir sobre los criterios que definen la toma de decisiones y evaluación de los proyectos apoyados.
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A pesar de haber respondido a la solicitud de la Plataforma con la creación de una ventana “de la transparencia”, el acceso a la información es todavía muy limitada y selectiva. En este momento, la transparencia de la actuación de BNDES – el mayor banco de desarrollo en Brasil y uno del mundo – es crucial, ya que el Banco ha financiado proyectos que violan gravemente los derechos de los trabajadores, además de muchas otras violaciones. Los recientes acontecimientos evidencian que el BNDES necesita revelar públicamente los criterios que utiliza para conceder sus financiamientos y para supervisar el progreso de las obras.
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El 23 de febrero, veinte días antes de comenzar la movilización de los trabajadores de Jirau y Santo Antonio, un equipo técnico del Banco visitó las obras y dio una evaluación positiva del proyecto. La visita fue reportada por un periódico local: \"la tripulación del departamento de energía eléctrica del cuerpo ha evaluado positivamente la construcción del proyecto. Equipo formado por técnicos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), acompañó el miércoles 23, el estado de las obras en la Planta de Energía y Nueva Jirau Mutum Paraná. El Director Administrativo y Financiero Internacional de la Energía Sostenible de Brasil, Paulo Mantuano, dio la bienvenida al grupo de ingenieros, economistas y abogados del órgano (…) \"trimestralmente acompañamos el emprendimiento a través de informes, evaluar los avances físicos y proyecto de acciones financieros, sociales y ambientales y las obligaciones contractuales. \"[1]
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También se debe recordar que a principios de 2008 el Banco anunció en su sitio electrónico web las cláusulas sociales, que, entre otras cosas, prevé la suspensión o la demanda por pago anticipado del Banco del contrato de financiamiento después de constatar el incumplimiento de la legislación que se ocupa de la lucha contra la discriminación por motivos de raza o de género, trabajo infantil y trabajo esclavo o prácticas delictivas en los proyectos financiados por el Banco. [2] Sin embargo, la falta de transparencia impide que la opinión pública ejerza cualquier tipo de control social sobre normas, políticas y cláusulas sociales creadas por el propio Banco.
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Teniendo en cuenta esto, las organizaciones y movimientos sociales que componen la Plataforma BNDES, demandan:
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1. Inmediata suspensión de los desembolsos del BNDES para los consorcios responsables (Energía Sostenible en Brasil – Suez, Camargo Corrêa, Eletrosul y Chesf, Energía y San Antonio – Odebrecht, Furnas, Cemig, Andrade Gutierrez, Santander y Banif) por la construcción de Centrales Hidroeléctricas Jirau y Santo Antonio, hasta que todas las demandas de los trabajadores se cumplan y respeten las cláusulas sociales.
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2. Una rendición de cuentas detallada de los fondos liberados por el BNDES y utilizados por los consorcios hasta la fecha de la publicación por el BNDES.
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3. La instalación de una Auditoría Pública para investigar la aplicación de los recursos que han sido liberados por el BNDES para estas dos plantas.
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4. La realización de una misión permanente del BNDES en la región, que tenga como objetivo promover de inmediato el diálogo con las organizaciones sociales, afectados y trabajadores para buscar soluciones apropiadas a los problemas derivados de la instalación de los proyectos.
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5. La liberación inmediata de recursos para implementar una política de recuperación de las comunidades y municipios afectados por las obras de Jirau y Santo Antonio, con control social, donde los recursos deben ser planeados, controlados y aplicados principalmente en cuestiones sociales, especialmente para los trabajadores y las poblaciones afectadas.
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6. Que el BNDES divulgue en su página de internet los relatos y el acompañamiento de los avances físicos y financieros de los proyectos financiados, las acciones sociales y ambientales y las obligaciones contractuales previstas en los contratos, comenzando con las usinas de Jirau y San Antonio.
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7. La definición de las políticas de Transparencia y Control Social con el fin de contribuir al seguimiento de los gastos en inversiones públicas en infraestructura que sean de dominio público y para una mayor precisión en el cumplimiento de los objetivos establecidos en los contratos de crédito.
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8. Que el gobierno de Brasil responda a las preguntas formuladas por el gobierno de Bolivia sobre los efectos transfronterizos causados por la construcción de las represas de Jirau y Santo Antonio.
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Reforzando nuestro compromiso de la lucha por una sociedad justa, solidaria e igualitaria, en que, necesariamente los financiamientos públicos sean orientados para la eliminación de las desigualdades sociales -y no al contrario-, estaremos a la espera de una respuesta tan pronto como sea posible.
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Plataforma BNDES 29 de marzo de 2011
