17 Abr
2018

Patricia Molina


La resolución de la asamblea de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, de fecha 7 de abril llama profundamente la atención sobre los reales avances hacia la soberanía alimentaria en el país.

La asamblea del 7 de abril resolvió rechazar la Ley de Municipalización y afirmó: “ni un día de venta del desayuno saludable”. Además  señaló: El problema de la mala alimentación no puede ser cargado sobre las espaldas de los compañeros porteros ya que es una problemática estructural, social y económica que debe asumir el gobierno central y la alcaldía. Es decir quieren seguir vendiendo productos chatarra que consideran altamente rentables sin ceder un día a la venta de alimentos saludables como frutas, cereales andinos o ensaladas provenientes de productores locales, urbanos, de agricultura familiar y ecológica.

Verdaderamente, los sistemas agroalimentarios comprenden actores y factores económicos, sociales políticos y ambientales que interactúan en la producción, procesamiento,  comercialización y  consumo de alimentos. Los productos industriales de las grandes multinacionales agroalimentarias dominan el mercado mundial eliminando la producción campesina y local, con consecuencias en la despoblación del campo, emigración forzosa, hacinamientos y sobrepoblación en los barrios de miseria de las grandes ciudades y en los problemas alimentarios como desnutrición y obesidad.

Tanto la propaganda como el discurso ideológico de la modernidad invitan a consumir alimentos de calidad al menos dudosa o que en realidad tienen poco de alimento. Para ello la propaganda glorifica los productos, los asocia con imágenes deseables como el caso de bebidas gaseosas promovidas por gente exitosa, con lo que crea deseos de consumo, manipulando, disimulando y ocultando información.

Es trascendental el rol de la información y la educación en la conducta alimentaria, el consumo sostenible, el respeto por estilos de vida alternativos, la concienciación crítica, la responsabilidad ecológica, la valoración de las innovaciones y la solidaridad global. Todos los esfuerzos y políticas que se orienten hacia ello son estratégicas para nuestro país, porque se trata del recurso más importante: las personas.

Por eso es altamente preocupante que precisamente los trabajadores de la educación se hagan a un lado en su rol educativo e informativo, pues aun los porteros, por el hecho de trabajar en una escuela o colegio no pueden eludir responsabilidades, pretendiendo que el alimento es simplemente una mercancía. Ignorar que además de su función biológica, mientras aprendemos qué comer, como comer, cuando comer, aprendemos “nuestra cultura, “nuestras” normas y “nuestros” valores y a través de este proceso aprendemos quienes somos. La elección de lo que comemos se configura como elemento decisivo de la identidad humana y como uno de los instrumentos más eficaces para comunicarla.

Como la publicidad comercial de alimentos tiene grandes efectos y define la preferencia y el consumo de alimentos en el que los niños son el blanco de una publicidad frente a la cual no son capaces de elegir sus decisiones adecuadamente, ni medir el impacto real de ese consumo en su salud, la decisión de la Federación de Trabajadores de Salud de rechazar el expendio de alimentos saludables los convierte en cómplices del modelo alimentario agroindustrial, basado en una agricultura extractiva, altamente dependiente de insumos industriales como pesticidas y semillas transgénicas, responsable de la expansión de la frontera agrícola sobre bosques primarios, y la desertificación de la tierra. Se convierten también en cómplices de la manipulación a los niños para promocionar la comida chatarra, que conduce a la desnutrición y obesidad. Hoy alimentarse se ha convertido en un acto político, de conciencia ciudadana y no un mero acto fisiológico.

Según el informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe que publican de manera conjunta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lanzado el 19 de enero desde Santiago de Chile, cerca del 58 por ciento (%) de los habitantes de la región de América Latina y el Caribe, presentan sobrepeso, una condición que va afectando sobre todo a mujeres y niños. Según el documento uno de los factores que explican el alza de la obesidad y el sobrepeso ha sido el cambio en los patrones alimentarios (aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos con abundantes grasas y azúcares). Otro factor importante es la tendencia a la disminución de la actividad física debido al aumento de la naturaleza sedentaria de muchas actividades recreativas, el cambio de los modos de transporte y la creciente urbanización. Por su parte, el crecimiento económico, con el aumento de los ingresos medios de las personas y la integración de la región en los mercados internacionales han reducido el consumo de alimentos tradicionales y aumentado el consumo de productos ultra procesados, asociado a la importación creciente de alimentos.

Necesitamos cambios concretos y efectivos, tanto en las empresas que producen alimentos como en el comercio, que requieren nuevos modelos de negocio, como en los gobiernos, que deben desarrollar e implementar políticas públicas que regulen y cambien los patrones de producción y consumo insustentables y sean capaces de estimular formas de producir y consumir de manera menos insustentable.

El Estado, -en sus diferentes niveles-, tiene el rol de regular y tomar medidas fiscales destinadas a cambiar los patrones de producción y consumo insustentables y para estimular nuevos y diferentes patrones de producción y consumo. Estos roles deben ser complementados desde la información, la educación, las currículas escolares, la comunicación, la implementación de leyes como la de Promoción de la Alimentación Saludable que sigue en statu quo o la de la Alimentación Complementaria Escolar, en los aspectos de priorización de los productos ecológicos y de la agricultura familiar. Asimismo el Estado debe prohibir el expendio de comida chatarra en los kioskos escolares, regulando la incorporación de productos naturales. Tales productos chatarra que son mercancías antes que alimentos, no deberían ser aprobados para su comercialización por el SENASAG.

El Estado como consumidor debe orientar con el ejemplo hacia un consumo de bebidas y alimentos con insumos de la agricultura familiar y ecológica.

 

Print Friendly