20 Mar
2014

La intervención de las hidroeléctricas en la nueva crecida histórica del río Madera y las tergiversaciones de la Presidente Dilma

La presidente no precisaba hacer tal sobrevuelo  para anunciar medidas mitigatorias estándar. Motivaciones de la campaña electoral por la reelección? Tal vez. Pero convengamos que el público objetivo en cuestión no son los diminutos electorados de los dos estados. Dilma vino en defensa de su preciosa relación con el sector eléctrico que empujó su carrera política. Vino a reafirmar que las concesiones en el sector de infraestructura son incondicionales –y por eso muy rentables para los inversionistas. Vino a abogar, con túnica presidencial, la causa de los Consorcios que detentan la concesión para aprovechamiento energético en el río Madera: “Es un absurdo atribuir a las dos hidroeléctricas la cantidad de agua que viene por el río”, afirmó la celosa Dilma. Absurda es la propia argumentación de que alguien pueda atribuir tal regalo a las hidroeléctricas. No hay registro de alguna afirmación que las hidroeléctricas multipliquen agua. Si tal milagro fuese posible los embalses del centro sur no estarían en tal bajo nivel. Es preciso no escamotear: el problema nunca fue el agua que viene por el río, pero si lo que quedó en medio camino por cuenta de dos embalses concebidos y operados sin estudios hidrosedimentológicos suficientes y que abarcasen la cuenca del río Madera.

La presidenta procuro ser didáctica en la victimización de los inversores privados que primero se empeñaron en la cruzada, vinculada al PAC, de expandir en marcha forzada la frontera eléctrica para toda la Amazonía. “Y yo hasta uso la fábula del lobo y el cordero. El lobo en la parte de encima del río le dice al cordero: usted está ensuciando mi agua´. El cordero respondió: ´no estoy, no. Yo estoy debajo de usted en el río´”. Odebrecht y Suez, controladoras respectivas de las concesionarias de la UHE de Santo Antonio y Jirau, serían el cordero? Quién sería entonces el lobo en esta fábula? La naturaleza en sí mismo, inexorable e imprevisible. Si así fuese, tales hidroeléctricas ni podrían haber sido construídas o no podrían operar más, pues fueron planeadas para hacer uso controlado del caudal hídrico, o sea, del “agua que desciende”. Dilma tergiversa y dice que ahora “vamos a trabajar para que no seamos más sorprendidos en situaciones como la que aconteció en Rondonia”. Pero si todos “fuimos tomados por sorpresa” fueron tomados en primer lugar los dos Consorcios, el IBAMA, la ANA y la ANEEL, justamente aquellos que atestaban plena viabilidad del emprendimiento y juraban detener todos los datos relevantes para el monitoreamiento del flujo y del volumen de agua que “entra en el Madera”.

Si, como dice la Presidenta, “no podemos evitar desastres naturales, pero tenemos como amenizar los daños causados por ellos”, la primera responsabilidad por la atenuación de esos daños –antes, durante y después del desastre- debería ser de los Consorcios y de los órganos licenciadores y de otorgación. Sigue en contradicción consigo misma la Presidente: “basta acordarse el ejemplo de varias ciudades en los Estados Unidos, donde existe un periodo de invierno denso, pero después de ese período, la agricultura y las condiciones estructurales de la ciudad serán apropiadamente normalizadas, eso viene del planeamiento y monitoreo. Exactamente lo que no vió, lo que no fue cobrado y fiscalizado. Planeamiento y monitoreo que ahora precisan ser efectivizados al costo de la suspensión de la licencia de operación, conforme al acertado entendimiento del Ministerio Público y de la Justicia Federal, en primera instancia, que obliga a los Consorcios a asumir la responsabilidad por los daños río arriba, además de rehacer los estudios de impacto en función del nuevo caudal máximo alcanzado.

Lo que debería haber sido condición previa (probar la capacidad del emprendimiento de adaptarse a la dinámica del río y de la cuenca) se tornó una interpelación judicial –que viene siendo soberbiamente ignorada por las empresas concesionarias. Así como obtuvieron sus licencias ambientales a pesar de los embargos técnicos y de los conflictos sociales de 2007, hasta hoy, Santo Antonio Energía (SAE) y Energía Sustentable do Brasil (ESBR) creen apenas en la ley del lobo y en su derecho de devorar al cordero, de apoderarse del río y de determinar unilateralmente su uso. Creen también en el derecho de inviabilizar el modo de vida de las comunidades ribereñas, de interrumpir el ciclo de reproducción y migración de los peces y del agroextrativismo de varzéa. Además de eso, convirtieron la ciudad de Porto Velho, capital del estado, primero en un apéndice de sus canteras de obras y después en un campo de pruebas de incidencia del caudal río abajo, lo que redundó en el desbarrrancamiento de todo su borde  y en la condena de su patrimonio histórico más conocido, la Carretera de Hierro Madera Mamoré.

En diciembre de 2013, ya era posible identificar el cúmulo de precipitaciones en la región de los formadores del Madera. En enero de 2014, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), el Instituto de Meteorología (INMET y la Compañía de Investigación de Recursos Minerales (CPRM) ya describían el fenómeno llamado “Alta de Bolivia”, que, asociado a la zona de convergencia intertropical y al bloqueo proporcionado por una extensa masa de aire caliente y sequía posicionada en el centro-sur, estaba produciendo niveles de precipitación por encima de la media en los departamentos del Beni (Bolivia) y Madre de Dios (Perú). En cuanto a eso, la SAE y la ESBR, obcecadas con la maximización del aprovechamiento energético y la motorización de las plantas, se agredían en torno de nuevas cotas máximas para sus embalses. Hasta la suspensión de operaciones de las turbinas, determinada por el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) y certificado el día 24 de febrero, la planta de Santo Antonio operaba encima de la cota autorizada de 70.5 m (71.3 m según la CPRM, o 75 m según su “colega” de emprendimiento, la ESBR, pasando a operar desde entonces con una cota de 68m. Los dos embalses retuvieron agua porque planeaban maximizar su operación en el período de crecida, indiferentes y ciegos al fenómeno climático e hídrico que se instauraba en las cabeceras. Consumado el desastre, les quedó despejar el agua excedente para salvar sus instalaciones.

Nuevos estudios, si son promovidos con el distanciamiento mínimo de los intereses inmediatistas de las empresas concesionarias, podrán probar que las plantas funcionaron como una bomba de retardo y contención de agua río arriba, “ahogando” corrientes, caídas  y ríos encima, dentro del territorio boliviano. Podrán probar también que la subida de las aguas río abajo, a partir de la última semana de febrero, se dio de forma muy acelerada y en discrepancia con el flujo concomitante verificable en Abuná, río arriba de Jirau. En suma, delante de la nueva y “sorprendente” crecida histórica, las plantas se mostraron ineptas para controlar o siquiera acompañar la variabilidad del caudal hídrico y de los sedimentos del río Madera. Primero super almacenaron, después pasaron a liberar grandes “bolsones” de agua con efectos fatales para comunidades ribereñas centenarias como San Carlos, Calama y Nazaré, que tuvieron sus casas, no apenas inundadas, sino arrancadas por la corriente amplificada por la abertura no programada de los vertederos de las hidroeléctricas.

La Presidenta ciertamente entiende que el funcionamiento de las plantas al filo del agua en la Amazonia debería presuponer conocimiento meticuloso y detallado de la variación del caudal y de los niveles de los ríos formadores y en formación. Como también sabe que ese conocimiento y esa capacidad operacional no existen –por causa de la flexibilización del licenciamiento ambiental que ella misma promovió cuando era Ministra de Minas y Energía y después como Presidente- ella tergiversa. Las plantas son responsables no por la crecida del Madera, con las cuales los pueblos y comunidades de la región siempre supieron lidiar hasta la construcción de las plantas, sino por sus efectos amplificados y direccionados justamente para los segmentos poblacionales que ya se encontraban más fragilizados por cuenta de los impactos acumulativos de su implantación.

*Professor da Universidade Federal de Rondônia e pesquisador do ETTERN/IPPUR-UFRJ

l.novoa@uol.com.br

A continuación en su versión original en portugués:

A interveniência das hidrelétricas na nova cheia histórica do rio Madeira e as tergiversações da Presidente Dilma

Luis Fernando Novoa Garzon*

A Presidente Dilma Rousseff promoveu uma viagem relâmpago a Porto Velho e Rio Branco, no dia 15 de março, para verificar in locu o resultado da maior cheia já observada nessa porção da Amazônia – entre Rondônia, Acre e o noroeste boliviano. A verificação poderia ter se traduzido em algo mais do que as migalhas emergenciais de praxe, liberadas em casos de “calamidade pública”. Poderia ter sido um início de averiguação e avaliação conscienciosa dos danos sociais e ambientais adicionais, para além dos chamados “danos naturais”. Danos adicionados a outros tantos pré-existentes, produzidos por intervenções predatórias e imprevidentes, como foram as implantações das usinas de Santo Antônio e Jirau no rio Madeira.

A presidente não precisaria fazer tal sobrevoo para anunciar medidas mitigatórias-padrão. Motivações da campanha eleitoral pela reeleição? Talvez. Mas convenhamos que o público-alvo em questão não são os diminutos eleitorados dos dois estados. Dilma veio em defesa de sua preciosa relação com o setor elétrico que embalou sua carreira política. Veio reafirmar que as concessões no setor de infraestrutura são incondicionadas – e por isso muito rentáveis para os investidores. Veio advogar, com túnica presidencial, a causa dos Consórcios que detêm a concessão para aproveitamento energético do rio Madeira: “É um absurdo atribuir às duas hidrelétricas a quantidade de água que vem pelo rio”, afirmou a zelosa Dilma. Absurda é a própria alegação de que alguém possa atribuir tal dom às hidrelétricas. Não há registro de qualquer afirmação de que as hidrelétricas multipliquem água. Se tal milagre fosse possível, os reservatórios do centro-sul não estariam em tão baixo nível. É preciso não escamotear: o problema nunca foi a água que vem pelo rio, mas a que ficou no meio do caminho por conta de dois reservatórios concebidos e operados sem estudos hidrosedimentológicos suficientes e que abrangessem a bacia do rio Madeira.

A presidente procurou ser didática na vitimização dos investidores privados que primeiro se empenharam na cruzada, vinculada ao PAC, de expandir em marcha forçada a fronteira elétrica para toda a Amazônia. “E eu até uso a fábula do lobo e do cordeiro. O lobo na parte de cima do rio e diz ao cordeiro: \\\’você está sujando minha água\\\’. O cordeiro respondeu: \\\’não estou, não. Eu estou abaixo de você no rio\\\’.” Odebrecht e Suez, controladoras respectivas das concessionárias de UHE de Santo Antônio e Jirau, seriam o cordeiro? Quem seria então o lobo nessa fabulação? A natureza em si mesma, inexorável e imprevisível? Se assim fosse, tais hidrelétricas nem poderiam ter sido construídas, ou nem poderiam mais operar, pois foram planejadas para fazer uso controlado da vazão hídrica, ou seja, da “água que desce”. Dilma tergiversa e diz que agora “vamos trabalhar para que não sejamos mais pegos de surpresa em situações como essa que aconteceu em Rondônia.” Mas se todos “fomos pegos de surpresa”, foram pegos em primeiro lugar os dois Consórcios, o IBAMA, a ANA e a ANEEL, justamente aqueles que atestavam plena viabilidade do empreendimento e juravam deter todos os dados relevantes para o monitoramento do fluxo e do volume de água que “entra no Madeira”.  Se, como diz a Presidente, “não podemos evitar desastres naturais, mas temos como amenizar os danos causados por eles”, a responsabilidade primeira pela amenização desses danos – antes, durante e depois do desastre – deveria ser dos Consórcios e dos órgãos licenciadores e de outorga. Segue em contradição consigo mesma a Presidente: “basta lembrar o exemplo de várias cidades nos Estados Unidos, onde existe um período de inverno denso, mas após esse período, a agricultura e as condições estruturais da cidade são rapidamente normalizadas, isso vem do planejamento e monitoramento.” Exatamente o que não veio, o que não foi cobrado e fiscalizado. Planejamento e monitoramento que agora precisam ser efetivados ao custo da suspensão da licença de operação, conforme o acertado entendimento do Ministério Público e da Justiça Federal, em primeira instância, que obriga os Consórcios a assumir a responsabilidade pelos danos a montante, além de refazer os estudos de impacto em função da nova vazão máxima atingida.

O que deveria ter sido condição prévia (provar a capacidade do empreendimento de se adaptar à dinâmica do rio e da bacia) tornou-se uma interpelação judicial – que vem sendo soberbamente ignorada pelas empresas concessionárias. Assim como obtiveram suas licenças ambientais à revelia dos embargos técnicos e dos conflitos sociais de 2007 até hoje, a Santo Antônio Energia (SAE) e a Energia Sustentável do Brasil (ESBR) acreditam apenas na lei do lobo e no seu direito de devorar o cordeiro, de apossar-se do rio e de determinar unilateralmente seu uso. Acreditam também no direito de inviabilizar o modo de vida das comunidades ribeirinhas, de interromper o ciclo de reprodução e migração dos peixes e do agroextrativismo de várzea. Além disso, converteram a cidade de Porto Velho, capital do estado, primeiro em um apêndice dos seus canteiros de obras e depois em um campo de testes da incidência da vazão a jusante, o que redundou no desbarrancamento de toda sua orla e na condenação de seu patrimônio histórico mais conhecido, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré.

Em dezembro de 2013, já era possível identificar acúmulo de precipitações na região dos formadores do Madeira. Em janeiro de 2014, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) já descreviam o fenômeno chamado “Alta da Bolívia” que, associado à zona de convergência intertropical e ao bloqueio proporcionado por uma extensa massa de ar quente e seca posicionada no centro- sul, estava produzindo níveis de precipitação acima da média nos Departamentos de Beni (Bolívia) e Madre de Dios (Peru). Enquanto isso, a SAE e a ESBR, obcecadas com a maximização do aproveitamento energético e motorização das usinas, atracavam-se em torno de novas cotas máximas para seus reservatórios. Até o desligamento das turbinas, determinado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e atestado no dia 24 de fevereiro, a usina de Santo Antônio operava acima da cota autorizada de 70,5m (71,3 m segundo a CPRM, ou 75m, conforme sua “parceira” de empreendimento, a ESBR), passando a operar desde então com uma cota de 68m. Os dois reservatórios retiveram água porque planejaram maximizar sua operação no período da cheia, indiferentes e cegos ao fenômeno climático e hídrico que se instaurava nas cabeceiras. Consumado o desastre, restou-lhes despejar a água excedente para salvar suas instalações.

Novos estudos, se promovidos com distanciamento mínimo dos interesses imediatistas das empresas concessionárias, poderão provar que as usinas funcionaram como uma bomba de retardo e contenção de água a montante, “afogando” igarapés, furos e rios acima, território boliviano adentro. Poderão provar também que a subida das águas a jusante, a partir da última semana de fevereiro, se deu de forma muito acelerada e em defasagem com o fluxo concomitante verificável em Abunã, a montante de Jirau. Em suma, diante da nova e “surpreendente” cheia histórica, as usinas se mostraram ineptas para controlar ou sequer acompanhar a variabilidade da vazão hídrica e de sedimentos do rio Madeira. Primeiro super-armazenaram, depois passaram a liberar grandes “bolsões” d’água com efeitos fatais para comunidades ribeirinhas centenárias como São Carlos, Calama e Nazaré, que tiveram suas casas não apenas alagadas, mas arrancadas pela correnteza amplificada pela abertura não programada dos vertedouros das usinas.

A Presidente certamente entende que o funcionamento de usinas a fio d’água na Amazônia deveria pressupor conhecimento meticuloso e detalhado da variação da vazão e do nível dos rios formadores e em formação. Como também sabe que esse conhecimento e essa capacidade operacional não existem – por causa da flexibilização do licenciamento ambiental que ela mesma promoveu enquanto Ministra de Minas e Energia e depois como Presidente – ela tergiversa. As usinas são responsáveis não pela cheia do Madeira, com as quais os povos e comunidades da região sempre souberam lidar até a construção das usinas, mas pelos seus efeitos amplificados e direcionados justamente para os segmentos populacionais que já se encontravam mais fragilizados por conta dos impactos cumulativos de sua implantação.

*Professor da Universidade Federal de Rondônia e pesquisador do ETTERN/IPPUR-UFRJ

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